Alejandro Alvarez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, llama a una nueva relación entre el Estado y la Universidad. Tomado de El Espectador.
Las universidades colombianas están reguladas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del llamado Sistema de Aseguramiento de la Calidad; dicho sistema se estableció en el Plan Sectorial de Educación del segundo gobierno del presidente Uribe (2006 – 2010) y se proyectó para abarcar desde la educación inicial hasta la educación superior. Desde entonces se viene afectando la autonomía de las universidades, como pretendo mostrar a continuación.
El Sistema buscaba fortalecer la gestión de las instituciones, lo cual suponía el desarrollo profesional de los docentes y directivos, el fomento de la investigación y la cultura de la auto-evaluación. Para el caso del desarrollo profesional de los docentes y directivos implicaba configurar un sistema para la formación de educadores que se enfocara en el desarrollo de las competencias de los estudiantes.
En realidad, se ha centrado más en la heteroevaluación, promovida a través de la identificación de unos aspectos a evaluar y sus indicadores de calidad. Esto no ha permitido hacer más responsables a las universidades, sino que ha desarrollado unos mecanismos de regulación externa que llevan a que los programas académicos se ajusten a los requerimientos de calidad que exige el Ministerio quien, a su vez, responde más a las exigencias de la OCDE que a las demandas y particularidades de la educación superior.
Los intereses del MEN y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se han concentrado en la tarea de la medición de la calidad, mientras la responsabilidad de los resultados favorables de esta medición recae en los estudiantes, profesores y estructuras administrativas de las universidades, pero no en la inversión estatal en infraestructura, investigación y planta docente. Así, alcanzar la acreditación y el registro calificado de los programas se convierte en un esfuerzo que no se compensa con la asignación de más recursos para las universidades.
La evaluación se hace a través de pares académicos, que al ser seleccionados en el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y en la llamada Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), ven reducida su libertad a la hora de definir los criterios que consideran legítimos para poner a funcionar sus programas.
La regulación es una forma de gobierno en la que el Estado certifica, evalúa y acredita, o no, un programa o una institución. Es decir, define si un programa o una institución de educación superior es de calidad arrogándose tres funciones, de las cuales las dos últimas, por lo menos, deberían ser responsabilidad de las universidades. Esto sin desmedro de la inspección y vigilancia que legítimamente tendría que hacer el Estado para evitar que se ofrezcan programas mediocres.
El eje del sistema de regulación es la información, porque es allí donde se evidencian los indicadores que marcan el nivel de calidad. Para ello se han puesto en funcionamiento:
- El Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES – datos de cada institución y sus programas),
- El Observatorio Laboral para la Educación (OLE – seguimiento a los graduados),
- El Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES – información sobre procesos de Registros Calificados),
- El Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las instituciones de Educación superior (SPADIES – datos sobre riesgos de deserción).
Los indicadores que se derivan de estos sistemas de información se tienen en cuenta para la obtención y renovación de los registros calificados de los programas y la acreditación de alta calidad de programas e instituciones.
La normatividad que progresivamente ha ido estructurando este modelo de gobierno, que llamamos de regulación, se va haciendo consistente sin necesidad de hacer cambios a las leyes, aunque una lectura rigurosa de ellas podría demostrar que van en contravía de dichas normas superiores. Por ejemplo, el DANE expidió la Resolución 776 de 2015 en la que se establece la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, de donde se deriva una renovación de los profesionales que hacen parte de la CONACES, y establece nuevas funciones a sus integrantes, todo esto para darle el carácter de formación profesional a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Así se ha ido incorporando la llamada educación dual, que busca que la formación profesional en las instituciones educativas se comparta con prácticas en las empresas para que se verifiquen y perfeccionen los aprendizajes en función de la empleabilidad. La tendencia es acercar la formación universitaria a la formación para el trabajo, a pesar de que las leyes y la constitución definen los fines de la educación de otra manera menos restringida.
La regulación se ha sofisticado con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (2009 y 2019) que derivó en un modelo de medición de grupos de investigación y de clasificación de revistas científicas, orientado por una métrica que ha llevado a los académicos y a las universidades a una competencia por recursos, descuidando a veces el rigor en lo que hacen. Esta medición está articulada a los procesos de autoevaluación de programas para acreditación de calidad y registro, de tal modo que todo queda registrado como indicador, pero no todo se traduce en más recursos y mejores criterios para su distribución.
Por todo eso, considero que este modelo ha afectado sensiblemente el precepto constitucional de la autonomía universitaria. La evaluación y la acreditación son asuntos que deben hacerse entre pares académicos. Esa es la forma como las academias en el mundo entero se han constituido: a partir de la autoridad que les dan sus saberes especializados; pero el sistema de Aseguramiento de la Calidad lo que ha hecho es monopolizar los tres procesos y ha llevado a las instituciones a desgastarse administrativamente en costosas oficinas y en la creación de sistemas de información centrados en recoger evidencias para cumplir con parámetros, impidiendo muchas veces la posibilidad de flexibilizar los programas académicos; si esto fuera así se podrían generar sinergias importantes al interior de cada universidad y entre todas las universidades del país.
El Gobierno actual está hablando ya de la necesidad de hacer una reingeniería al Estado. Revisar y reorientar el llamado Sistema de Aseguramiento de la Calidad es urgente para redefinir las relaciones entre el Estado y las universidades, si queremos que la autonomía se pueda ejercer verdaderamente en procura de una sociedad libre y justa.
