Carlos Hernando Forero Robayo, columnista de El Observatorio, hace una radiografía de los escenarios que debe considerar el sistema para su renovación normativa y actualización, a partir de una necesaria voluntad política.
Al inicio de los gobiernos, con periodos presidenciales de 4 o más años, se abren expectativas sobre los cambios a concretar para que, en este caso, la educación superior sea un vector fundamental para la transformación de la sociedad, disminuyendo las enormes brechas y desigualdades que se tienen especialmente en América Latina. Un vector lo podríamos aproximar a algo que atrae muchas energías y genera movimiento en un sentido o dirección estratégica determinada.
Muy importante preguntarnos por: los qué, los porqués, los cuándo y conqué; sin olvidar los “Cómo”, relacionados con la estrategia y que permitirán pasar de lo conceptual, lo ideológico, lo declarativo, a la capacidad de poner en marcha unas acciones coordinadas que permitan concretar en hechos medibles las justas aspiraciones sociales, especialmente las de nuestros jóvenes.
Considerando que nos movemos en un mundo en escenarios cada vez más cambiantes, que se han definido por Harari, como VUCA, con altas volatilidades, incertidumbres, complejidades y ambigüedades; es decir una concentración frenética de acontecimientos disruptivos en una breve fracción de tiempo. El emprendedor Casco, lo dice de la siguiente manera: El progreso científico y la convergencia tecnológica NBIC (nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología) nos llevarán a un escenario que nos obligará a convertirnos en seres superflexibles y dispuestos a cambiar en un contexto que fluye a una velocidad mareante.
Qué hacer para cambiar en esta realidad de futuro. Una forma tradicional con efecto en el mediano y largo plazo es modificar el marco regulatorio del sector, normalmente establecido por una ley o conjunto de ellas, manteniendo: coherencia, visión prospectiva, desarrollo de una buena política pública, y contando con la participación de muchos actores de la sociedad. En Colombia ese marco lo estableció la ley 30 de 1992, que como se ha dicho por muchos analistas, merece la pena revisarse y proyectarse con nuevos paradigmas. Esto toma tiempo e introduce riesgos que no siempre los gobiernos quieren tomar, dado el limitado periodo presidencial; pero hoy en día se requiere esa voluntad política, sino queremos un futuro oscuro para nuestros jóvenes.
Otra estrategia usada para la transformación, es la posibilidad de aumentar significativamente los recursos dedicados al sistema de educación superior, para el logro de una misión y visión del sector en determinado horizonte de tiempo; para lo cual es necesario establecer los impactos sociales específicos que se quieren lograr, los criterios para asignación de recursos premiando la cooperación sobre la competencia, la garantía del buen manejo de los recursos y las consecuencias para cada uno de los actores institucionales. Normalmente debe preverse un espacio temporal de mediano y largo plazo para medir los impactos y de antemano conocer las dificultades cuando se discute la apropiación de nuevos recursos en medio de tantas brechas.
También está la opción estratégica de revisar a fondo el concepto y la medición de la calidad en la educación superior, en el marco de nuevas realidades y futuros desconcertantes. Podrían en este caso introducirse nuevos enfoques de calidad sistémica, donde las acciones sobre la educación básica y media sean muy estimuladas y valoradas, donde no solo interese tener pocas IES de excelente calidad, sino ello se extienda a todo el sistema con operaciones colaborativas y superemos lo señalado por Luis Enrique Orozco: Universidades exitosas en medio de sociedades fracasadas. Ese nuevo concepto de calidad debe ser capaz de mostrar su relación con las grandes problemáticas del país tales como: el trabajo informal y el desempleo, el desarrollo rural, el mejoramiento de la educación básica y media, la internacionalización del país, los ODS y la agenda socioambiental, la ciudadanía y los valores democráticos, la productividad y la competitividad.
A propósito de lo internacional, el nuevo gobierno en Colombia ha planteado la posibilidad de ir sustituyendo la renta petrolera, por divisas generadas en el sector turismo, estimando que deberíamos pasar de un poco más de 4 millones de visitantes extranjeros por año a 15 millones; esto permitiría proponer una meta para la educación superior, con todas las implicaciones positivas que trae. Qué tal hablar de 250.000 ó 500.000 estudiantes extranjeros en nuestras IES.
Por último, en esta pequeña muestra de estrategias para la transformación de la educación superior, esta la de crear y desarrollar nuevas capacidades en algunos responsables de la educación superior, que puede resultar un camino de bajo costo con resultados en el corto plazo y fácil de implementar.
Un actor es el profesor universitario y su nuevo rol, sobre lo cual se ha abundado mucho, pero que en la realidad seguimos repitiendo esquemas pedagógicos sin avances en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y sin el desarrollo de competencias transversales que les permitan desenvolverse en los escenarios futuros descritos; desde la ley 30 se planteó la creación de un fondo para atender este propósito que permitiera elevar las capacidades de nuestros docentes, pero nunca se pudo concretar, ni siquiera en su primera etapa: saber quienes son los docentes en sus múltiples dimensiones y su entorno.
Otro actor son los integrantes de los órganos de gobierno, llámense consejos superiores, consejos directivos, salas generales, consejos académicos, consejos de facultad; que tienen en sus manos una tarea fundamental para la supervivencia y transformación de sus IES; es la responsabilidad de fijar las políticas institucionales. Allí surgen varias preguntas para los estudiosos del tema de gobierno universitario, como es el caso de la red Telescopi, coordinada por el académico Jairo Cifuentes. A saber: quiénes los integran, cómo han sido escogidos, qué conocimiento tienen de los temas sustantivos, cómo trabajan en equipo, qué conocimientos y competencias requieren desarrollar, cuales son los referentes sobre el futuro, cómo toman sus decisiones y en que evidencias las sustentan, hacen uso o no de la analítica de datos (para algunos la nueva materia prima), que tan independientes son sus posturas, a quien verdaderamente representan, y otras preguntas más sobre gobierno y gobernanza de las IES.
Si a esto le agregamos la complejidad de su tarea en los escenarios señalados al comienzo, podemos concluir el grave riesgo que se tiene para garantizar que se están impulsando buenas políticas institucionales en las IES, con: claridad conceptual, medición y evaluación de impactos de mediano y largo plazo, instrumentos adecuados para el desarrollo de la política y capacidad de gestión de esos instrumentos para obtener los resultados planteados, con los datos suficientes para evitar errores, permitir la medición y evaluación y tomar los correctivos a tiempo.
En el caso de las IES estatales colombianas, el gobierno tiene de manera directa unos representantes, especialmente en el máximo órgano de gobierno que es el consejo superior, que está estandarizado en su conformación por ley. En las IES privadas o púbicas no estatales, como se denominan en Chile; la conformación de los integrantes y representantes tiene su propio criterio, atendiendo principios constitucionales como el derecho a la participación. La designación de los delegados o representantes del gobierno no ha permitido mostrar un gran talante moral y se ha prestado para ejercicios politiqueros que aumentan los riesgos de corrupción, con poco aporte a la calidad de las políticas institucionales y terminan deteriorando el gobierno universitario.
El nuevo gobierno, en la expectativa de medidas de alto impacto en los 100 primeros días de ejercicio, tiene en sus manos la opción de promover la creación y el desarrollo de nuevas capacidades a los integrantes de los órganos de gobierno de las IES, que se refleje de manera sustancial en la buena formulación, implementación y evaluación de las políticas institucionales. Podría poner en marcha un programa con este propósito, en la seguridad de sus resultados para atender mejor los grandes desafíos y con la satisfacción que los recursos públicos van a ser manejados eficazmente y con la mayor transparencia. Una IES que no tenga un buen gobierno y la apuesta de políticas institucionales disruptivas y de alto impacto, muy difícilmente le va a garantizar a la sociedad el cumplimiento de su misión, ni el buen ejercicio de la autonomía universitaria.
No basta un programa de inducción, que es la respuesta que hasta ahora ha dado el MEN para impulsar capacidades. Aprovechemos los procesos generados pensando en el futuro del país, como es el caso de la denominada “Misión de Sabios”, que cuenta con un acerbo intelectual invaluable con agenda de país, de donde el presidente de la República podría escoger sus delegados a los consejos superiores; en vez de motivar ejercicios politiqueros, dándole gusto a algún parlamentario con afán de votos en su región.
Con talante moral y oportunidad de poner en marcha un cambio sencillo, económico y de alto impacto, el nuevo gobierno del cambio tiene la palabra.
