Nov 25/25 La no actividad académica, los conflictos internos y, sobre todo, el posible incumplimiento de los requisitos en su hoja de vida, podrían llevar a que el Consejo Superior de Uniatlántico reverse la designación de Leyton Barrios como rector.
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La presión del Ministerio de Educación para que Barrios (el rector de la “Casa Char” y, por ende, enemigo político del actual gobierno nacional) no se desempeñe como rector (tras una medida de inspección y vigilancia) ha tenido un primer efecto y es que el Consejo Superior Universitario (foto), presidido por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, aprobó abrir una actuación administrativa para dar claridad al proceso de designación de Barrios, luego que oficialmente el Ministerio informara que al menos una de las certificaciones aportadas por Barrios como documento probatorio para validar su experiencia docente como requisito para acceder al cargo de rector constituye un documento falso.
Tras una extensa sesión de diez horas, cinco de los nueve consejeros del CSU (Eduardo Verano, gobernador del Atlántico; Melissa Obregón, designada del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores; y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores) decidieron aprobar iniciar una actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa del acto de designación de Leyton Barrios, conforme a lo establecido en el artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Por su parte, los otros cuatro consejeros (cercanos al rector Barrios), perdieron en su intención de que el rector evaluara la información del Ministerio. Estos son Ángely Díaz Cordero, Representante estudiantil; Abraham González; Representante de egresados; Miguel Antonio Caro, Representante de directivas académicas; y Manuel Fernández, Representante de gremios.
La inexistente experiencia docente
El 20 de agosto de 2025, el Comité de Credenciales de Uniatlántico consultó a Unisalamanca para verificar la certificación y Angie Melizza Aguilera Ramos, de Talento Humano, respondió confirmando la legalidad de la certificación.
Además del caso de la CUES, Barrios también ha estado enredado con la certificación docente que presentó de la Corporación Universitaria Americana en la que afirmaba haber ejercido labores docentes entre 2020 y 2023 bajo contratos de prestación de servicios.
Cuando el Comité de Credenciales de Uniatlántico preguntó por la certificación solicitó verificación, la coordinadora de Gestión Documental de Uniamericana emitió un documento que decía que Barrios no había tenido ningún tipo de vinculación laboral con esa institución. Luego, otras dos directivas de Uniamericana (Stella Gutiérrez Consuegra, secretaria general, y Rosa María Bracho Acocha, directora administrativa) firmaron una nueva certificación contradiciendo el documento anterior y afirmando que Barrios sí mantuvo un vínculo contractual ininterrumpido durante cuatro años. Y, en un tercer acto, el pasado 5 de noviembre, la rectora nacional y representante legal, Alba Lucía Corredor Gómez, dijo al Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla que la relación entre Barrios y su IES fue de naturaleza «civil ad honorem», sin contraprestación económica, sin vínculo laboral y sin horas directas en aula; es decir, que no fue docencia.
Un hecho de especial interés es que cuando Barrios fue secretario de Educación del Atlántico, suscribió contratos por más de 7,000 millones de pesos con la misma Corporación Universitaria Americana.
El Código Penal colombiano señala que cualquier servidor público que en ejercicio de sus funciones consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad en un documento público, incurre en prisión de 64 a 144 meses (entre 5 y 12 años) e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 80 a 180 meses.
¿Qué puede pasar?
Por ahora, Barrios sigue como rector. El abogado Enrique Mahecha aclara que “la designación del rector no tiene ninguna contrariedad jurídica. Quien esté inconforme debe acudir a la jurisdicción contenciosa. Mientras un juez no declare su nulidad, el acto se mantiene ajustado a derecho”, afirmó.
El pasado 12 de noviembre , el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla emitió un fallo que dejó en firme la designación de Leyton Barrios como rector.
Ante esta situación, el Ministerio anunció que trasladará el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, conforme a las disposiciones del Código Penal colombiano y notificar a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las correspondientes investigaciones disciplinarias por las faltas cometidas en el ejercicio de funciones públicas.
Así las cosas, los críticos de Barrios esperan que el CSU eche atrás su designación; los ex aspirantes esperan que el proceso se reabra y otros contemplan la posibilidad de que designe un rector encargado mientras se intenta recuperar la normalidad académica y se decide qué hacer con la rectoría.
Entre tanto, la Universidad sigue cerrada desde el pasado 30 de octubre y en paro.
¿Un mar de errores?
El portal Corrupcionaldia, experto en denunciar irregularidades especialmente en la Costa Atlántica, advierte que este caso no es solo sobre Leyton Barrios. Es sobre un sistema completo que decidió que la legalidad es negociable:
- Un candidato que presentó documentos contradictorios y cambió su historia tres veces
- Un Comité de Credenciales que operó fuera de plazos legales para validar documentos cuestionados
- Un Consejo Superior Universitario que eligió a quien sabía que no cumplía requisitos
- Una Universidad Americana que emitió tres certificaciones contradictorias sobre la misma persona
- Una Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca que certificó y luego negó haber certificado
- Un Ministerio de Educación que denuncia pero no actúa con contundencia
- Un sistema judicial que valida lo que los órganos universitarios habían declarado nulo
