Mayo 8/24 De la euforia de Mineducación y sus aliados tras librar la ley estatutaria en la Cámara de Representantes se pasó a la preocupación por las críticas recibidas en la primera audiencia en el Senado, y que podrían llevar a cambiar significativamente el texto.
Tras ser aprobado en su gran mayoría, y según los intereses del gobierno nacional, el articulado del proyecto de ley que el Ministerio de Educación radicó, como ley estatutaria en educación, tanto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes como en la plenaria de la misma, el proyecto inició su trámite en el Senado de la República.
Para ello debe ser discutido y aprobado en la Comisión Primera del Senado y luego en la Plenaria del mismo, y si esto ocurre, muy seguramente, también deberá surtir trámite de conciliación Cámara – Senado, y todo antes del próximo 20 de junio, cuando finalice la actual legislatura. Por tratarse de una ley estatutaria, si no se cumplen estas condiciones, el proyecto perdería su trámite y tendría que reiniciar todo el proceso en una siguiente legislatura.
Esta semana los ponentes designados para preparar el proyecto que será analizado por la Comisión Primera del Senado realizaron una audiencia pública (ver el video) en la que intervinieron mas de 40 académicos, investigadores, directivos, columnistas, estudiantes y padres de familia, con sus observaciones al texto de ley.
Tres consensos se derivan de las intervenciones:
El primero, es que el texto que se aprobó en la Cámara de Representantes no recoge todas las inquietudes del sector e, incluso, no consideró temas preocupantes;
El segundo, que el proyecto de ley cae más en los principios que en los cómos, a tal punto que así como está planteado no pareciera que la cobertura y la permanencia, por citar un ejemplo, se garantizaran, y que ya el sistema tiene muy diversas normas que buscan llevar educación a muy diversos niveles. Aunque el gobierno está jugado con el concepto de la educación como un bien común, se advierte que la Constitución define la educación como un derecho, un servicio público y una obligación del Estado, y esto conlleva dificultades constitucionales.
Y tercero, que el enfoque, cobertura, impactos y financiamiento derivados del proyecto, una vez que se convierta en ley, deben ser seriamente revisados si no se quiere sufrir un revés en el análisis de constitucionalidad que posteriormente haga la Corte Constitucional.
Los cinco grandes reparos al proyecto de ley
1) Desconoce otros niveles y modalidades de formación: Hay consenso que el proyecto de ley sólo habla de educación superior y desconoce el sistema de formación para el trabajo y el desarrollo humano, el SENA, la formación profesional y el actual subsistema de formación para el trabajo (hoy manejado por Mintrabajo). Eso implica que cientos de miles de colombianos no están considerados en el proyecto de ley. Por lo mismo, se insiste en que más que educación superior, se hable de formación terciaria o posmedia.
2) Su visión de la calidad es incompleta y pobre. No reconoce la importancia de los sistemas de aseguramiento de la calidad y la urgencia de articular todo el sistema en torno de sus objetivos.
3) La forma como está presentada parece desconocer el sistema mixto. Hay una gran preocupación por el silencio gubernamental sobre el aporte histórico y real que hacen a la cobertura, a la calidad y a la diversidad la educación superior privada. Se expresaron temores por la forma como la tendencia del actual gobierno puede fomentar la desaparición de IES privadas.
4) No contempla el impacto fiscal. El proyecto de ley no tiene un concepto técnico, en cifras, de cuánto le va a valer al país la implementación de la ley estatutaria, y esto se constituye en una condición imperativa para asegurar la sostenibilidad fiscal de la norma. Y este es uno de los más significativos reparos. No basta, es el consenso, en enunciar la intención y esperar la aprobación para buscar los recursos, pues se genera un hecho jurídico y una expectativa que el Estado no puede solucionar hablando de progresividad, pues el derecho no lo admite.
Según una proyección del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana (foto), solamente para atender la cobertura de una población entre 0 a 21 años, en el año de 2025, sin incluir dotaciones, mejoras, calidad y enfoques diferenciales, entre otros, se estima que se requerirían ! 41 billones de pesos !
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Como complemento al modelo de financiación, en la educación superior (o como se llame luego), varios proponen que el Estado cambie el concepto de financiar solo la oferta en lo público (por sus crecientes e insostenibles costo) y migre a una modalidad de “voucher educativo”, o un bono que se entrega a cada estudiante para que éste, libremente, decida en que IES estudiar (pública o privada).
5) Afecta la autonomía universitaria. Directivos reclaman que el proyecto de ley incide de forma preocupante en la democracia representativa por la forma como niega los mecanismos de delegación en las instituciones para su dirección. Asimismo, la visión estatista del proyecto, presenta el riesgo de desconocer la diferencia y no hacer competitivo al país.
Una crítica adicional se relaciona con la restricción que pone para que la docencia no sea realizada por docentes que no sean licenciados.
Asimismo, surgieron algunas otras dudas de forma, tales como:
- Contiene asuntos de leyes ordinarias que reñirían constitucionalmente con la norma estatutaria
- En su afán por ser universal, podría ser discriminatoria de oros grupos actualmente no reconocidos
