Nov 10/18 A la demanda por la posible ilegalidad en su elección, el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, enfrentará la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de echar atrás una decisión del Consejo Superior que permitió a la rectoría despedir personal para congelar la planta, la crítica de sus opositores, el déficit financiero y las protestas estudiantiles.
El Tribunal Administrativo del Tolima decretó la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo (Acuerdo 033 del 30 de septiembre de 2016), que ordena el despido de los Jefes de programas y Secretarios académicos de la Universidad del Tolima (UT).
Dicho Acuerdo facultaba el rector Omar Mejía, como nominador único y, con base ello, permitió el retiro de unos 40 funcionarios que ocupaban los cargos ya mencionados, pero al parecer procedió a nombrar a otros para reemplazarlos.
Pugnas de sindicatos
La Universidad vive una pugna interna protagonizada por los tres sindicatos de trabajadores que se oponen a la administración del rector Mejía y los sectores de la comunidad académica que respaldan las decisiones de la actual dirección universitaria, incluyendo al Consejo Superior, máximo órgano de la institución.
El ambiente se agitó más esta semana cuando las instalaciones de la rectoría fueron atacadas por parte de anónimos en rechazo a Mejía y, ahora, después de varias semanas, las organizaciones Sintraunicol, Asepcut y Sintraofut se pronunciaron a través de un comunicado en el que condenan la presunta intención de reestructurar la planta administrativa.
Aclarando que podrían estar de acuerdo con una reorganización de la estructura de la planta, los sindicatos señalaron que existen hoy 90 cargos vacantes, producto de renuncias de trabajadores de todos los grados que han ganado concursos en diferentes entidades o que han salido en virtud de su pensión de retiro.
“Hablan de una crisis, pero siguen vinculando personal transitorio en diferentes oficinas, pese al compromiso del Rector de mantener congelada la planta y no realizar traslados hasta no consolidar un estructura administrativa, siguen realizando ascensos, numerosos y onerosos contratos por CPS y OPS para asesorías, así como un número de traslados sin cumplir los requisitos”, indican.
También insisten en que las recientes decisiones del Tribunal Administrativo del Tolima en las que, entre otras cosas, se anula en primera instancia el acuerdo por medio del cual se eligió y posesionó a Mejía como rector, reflejan el “grave riesgo de la institución y la factibilidad de agrandar su problema deficitario”.
Al respecto, refieren que ya solicitaron a la Procuraduría para que investigue a quienes por malas decisiones han puesto en riesgos económicos y legales a la Universidad. Y agregan: “Invitamos al cuerpo directivo a no seguir colocando en riesgo la institución y, por el contrario, adelantar acciones para estabilizarla financieramente”.
En la otra orilla
Por su parte, a través de un comunicado, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios seccional Tolima defendió la gestión de Mejía, al destacar que sus acciones han permitido bajar el déficit de funcionamiento de la Universidad de $24 mil millones en 2016 a $10 mil millones en 2018, aproximadamente.
Para Aspu, las decisiones judiciales en contra de la dirección universitaria representan una desestabilización sistemática que es “protagonizada por algunos sectores de los trabajadores y los docentes que tienen intereses personales o familiares”, que se oponen a la reorganización de la institución, “desconociendo que buena parte de la nómina administrativa fue provista por la vía del clientelismo”.
Además, Aspu indicó que la reorganización permitirá estabilizar financieramente la institución en el mediano plazo, por eso exigió celeridad en el trámite de aprobación de los actos administrativos de dicha reorganización y del nuevo Estatuto General.
La Asociación invitó al movimiento estudiantil a rechazar los fallos, que, según indican, demuestran un desconocimiento de los jueces de los fundamentos legales y constitucionales de la autonomía universitaria. Por lo tanto, denunció “la extralimitación del Tribunal del Tolima al reglamentar extrajurídicamente los votos decisorios del Consejo Superior”.
Lo que dicen los anónimos
Al tiempo que se conocieron estos comunicados, se publicó un pasquín en el que, a modo de prontuario, se señalan a las personas que supuestamente “desangraron la Universidad y se la quieren seguir robando (…), la crisis fue causada por ellos y buscan impunidad”. Varias de ellas han sido abiertos detractores de la gestión de Mejía Patiño.
En su orden, en el listado aparecen el exrector José Herman Muñoz, a quien acusan como principal responsable de la crisis al dejar la institución con $24 mil millones de déficit; al profesor Félix Salgado, quien instauró la demanda de nulidad de la elección y “es conocido por tumbar a todos los rectores que no accedan a sus chantajes”.
Luego refieren a Ever Tique, presidente de Asepcut, de quien se menciona que supuestamente recibió convenios de los que no ha dado explicación y favoreció la contratación de amigos y familiares. Nombran a Eduardo Fandiño y Germán Sánchez como contratista y funcionario cercanos al exrector Ñungo.
A los exdecanos Andrés Felipe Velásquez y Carlos Montealegre los acusan de haber tenido supuestos monopolios de contratación, mientras que a Miguel Espinosa, Gustavo Quiroga y Mario Vera los responsabilizan como presuntos cooperantes de Ñungo.
Al final de la lista aluden al partido Liberal en el Tolima, al mando de Mauricio Jaramillo, Guillermo Santos, Ángel María Gaitán y Luis Carlos Delgado de “controlar la contratación, la burocracia y los cargos directivos”.
Aprobado presupuesto y crédito
En la más reciente sesión del Consejo Superior, citada de forma extraordinaria, se adoptaron dos decisiones: se aprobó el presupuesto de 2019 que asciende en $115 mil millones y se autorizó al Rector para suscribir un crédito de tesorería hasta por $12 mil millones con el fin de cubrir el pago de los sueldos, las primas y las prestaciones de trabajadores para final de año.
Sobre la primera decisión, indicó que quedaron equilibrados los ingresos y gastos con la inclusión de un artículo dependiente de las gestiones que el Gobierno nacional ha planteado en relación con el aumento de la base presupuestal de las transferencias de la Nación y el billón de pesos adicional para la educación superior que se va a distribuir entre las distintas universidades.
Y sobre la segunda determinación, explicó que el crédito se apalancará con el recaudo de matrículas del próximo semestre y que se deberán percibir este año. “Pero si la universidad no está abierta es difícil que podamos recibir los ingresos de las matrículas este año y, por lo tanto, el crédito será difícil de hacerlo. Todo dependerá del ejercicio que se haga de la universidad y cómo se plantee la dinámica de finalización del actual semestre”, comentó.
En cuanto a los fallos judiciales en contra de decisiones adoptadas por el Consejo Superior, comentó que la Oficina Jurídica de la Institución presentó un informe al respecto de cara a los recursos de apelación que se instauraron según los términos definidos.
Información de referencia: U. del Tolima apelará decisión de tribunal de declarar ilegal elección de Omar Mejía
Adaptación de El Nuevo Día y El Cronista
