Agosto 8/21 ¿Qué es, realmente, lo público en la universidad? Un análisis de las dimensiones que lo determinan, que van más allá de los mecanismos de financiamiento.
En su sentido más extenso, hablar de una institución pública refiere a una organización, de carácter social, fundada, administrada o financiada con recursos públicos (del Estado central, la gobernación o el municipio) y que, por lo mismo, su naturaleza es de servicio, sin discriminación, hacia todos los usuarios -ciudadanos- que así lo demanden.
Los recursos públicos con los que se financia la organización, en todo o en parte, provienen de los aportes (generalmente vía impuestos) de parte de la ciudadanía, a través de los divesos mecanismos de recaudo.
Esto significa que el servicio prestado por la organización responde, por un lado, a un interés superior de carácter nacional (constitucional: salud, educación, servicios públicosseguridad…) y, por otro, a un ejercicio de gestión transparente en el uso de recursos que provienen de los bolsillos ciudadanos.
La Universidad (para este caso, en el sentido genérico de TODAS las instituciones de educación superior oficiales, y también las PRIVADAS) se asimila como una institución pública, puesto que presta un servicio público, constitucionalmene definido, como lo es la educación superior.
La dimensión pública también de cualquier IES obliga a que éstas deban regirse por las normas del Ministerio de Educación Nacional, de la Ley 30 de 1992 y posteriores, a atender las acciones de inspección y vigilancia y, aunque no esté debidamente regulado, a rendir cuentas periódicas, públicas y regladas (esto último no existe aún en el sistema de educación superior colombiano).
Estas situaciones derivan en que ciudadanos, estudiantes, egresados, medios de comunicación y padres de familia tengan el derecho, si así lo desean, de pedir información adicional sobre mecanismos de gestión y uso de recursos de las IES.
Además, porque las universidades (todas las IES, públicas y privadas) forman a ciudadanos para salir a ejercer una profesión, con impacto social, que incidirá sobre la calidad de vida de la población.
Desde esta óptica, el solo financiamiento de la Universidad con recursos del Estado no es suficiente para que ésta sea pública. Incluso, si ésta se autofinancia, en poco o en mucho, sigue siendo una institución social que debe rendir cuentas a su comunidad.
Más allá del financiamiento, la Universidad pública también, o más aún, es pública porque:
– La elección rectoral no es a dedo, ni por familia, herencia o clan, sino como producto de un proceso democrático, independientemente de las formas como se haga la elección, quienes participen en la consulta o los indicadores de escrutinio. Internos o externos, académicos o administrativos, tienen la potencialidad de ser rectores.
– Por su cobertura y capacidad de hacer presencia territorial extendida y llegar a donde otras no llegan.
– Su acceso no tiene las posibles restricciones que pone la universidad privada. Inicialmente, en la mayoría de las públicas, éste es por mérito (bien por decisión de sostener la calidad o por limitación para atender más allá de ciertos cupos). Algunos críticos del modelo educativo sugieren que el verdadero talante de la universidad para que sea pública no está sólo en la gratuidad (financiamiento pleno de la matrícula y los gastos derivados a nivel de bienestar, transporte, alojamiento y gastos varios estudiantiles) sino, especialmente, en el libre acceso: es decir, que todo ciudadano pueda ingresar a la universidad que desee sin exigencias o requisitos académicos.
– Por la gratuidad. Este es, en el entendido de la mayor parte de la opinión, el verdadero carácter público de la universidad oficial. Incluso, si la gratuidad no es plena (o matrícula cero, como ahora le llaman), en ésta se entiende que sus costos de matrícula son mucho más económicos que en la universidad privada.
– Por su relación con el Estado, representada no sólo en las alianzas y vínculos que le permitan a la universidad tener beneficios tributarios, sino también en mayores oportunidades sociales, de contratación administrativa, de becas, de exención de impuestos, de participación en proyectos gubernamentales y en recepción de donaciones, entre otros.
– Por su gobierno colegiado, porque independientemente del monto de los aportes del Estado, el Ejecutivo Nacional o Departamental tiene asiento en los consejos superiores y directivos de las IES oficiales, con lo que puede aportar, más que controlar porque no tiene la mayoría de votos, en la decisión de apuestas institucionales, educativas, financieras y, sobre todo, en la decisión del gobierno universitario (elección de rector, reformas estatutarias, aprobación de plandes de desarrollo y presupuestos), en compañía de voceros de la comunidad adémica y la dirección.
– Por la libertad ideológica que demanda la universidad pública. Es decir, la posibilidad de expresarse, o de callar, de manera pública siendo reconocida ésta como una posición respetable, mas no censurable. Dicha libertad se extiende a los diversos ámbitos polémicos de la sexualidad, religión, región, política….
En últimas, el gran desafío del país y de su sistema de educación superior no es solo que haya más sociedad en la universidad (es decir, más pluralismo, financiación, participación, diferencia, respeto, paz, compromiso y participación, entre otros), sino que haya más universidad en la misma sociedad (decisiones políticas más analizadas y estudiadas, mayor representación en los órganos de gobierno, y mayor preocupación por buscar soluciones para todos, entre otros).
