Feb 2/25 Una red al interior de la IES ofrecía, vía WhatsApp, dar títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como prácticas y Saber Pro, ha señalado un abogado que defiende casos de estudiantes que “compararon” su título, según denuncia del diario El Colombiano.
Al escándalo por la indebida titulación de la joven Juliana Guerrero, cercana al presidente Petro, se sumó hace unos días la denuncia de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de que son cerca de 30 las personas que, cercanas al gobierno nacional como contratistas, se graduaron rápidamente y sin Saber Pro de la San José, tras analizar uno a uno decenas de casos.
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Entre los casos más llamativos está el de Héctor Julio García Orduz, funcionario de la DIAN, quien habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional, así como Nelfy Melo Morales, secretaria privada del presidente Gustavo Petro, quien obtuvo tres títulos en año y medio.
Además de Juvinao, la también representante Jennifer Pedraza ha estado detrás de múltiples denuncias sobre el caso. La semana pasada señaló que en el actual gobierno hay 1.276 funcionarios o contratistas egresados de la San José, y que 779 de estos presentan “inconsistencias graves” en su documentación.
“Hasta 20 millones cada uno”
A las denuncias se suma ahora una del diario El Colombiano, que reseña cómo hasta 20 millones de pesos podría estar costando la obtención de títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp.
Según el diario, en el marco del caso de una persona que obtuvo un diploma presuntamente irregular en la San José, hay facturas electrónicas de venta registradas ante la DIAN que evidenciarían que el pago ingresó directamente a la Fundación de Educación Superior San José. En esos documentos, además, el correo asociado al emisor de la venta corresponde al departamento contable de ese centro educativo así como el NIT.
Según testifica el abogado Miguel Ángel Ruiz, uno de sus clientes firma contratos como administrador, a pesar de no cumplir con los requisitos habilitantes necesarios. Esto luego que él y otro de los clientes, dicen que actuaron de buena fe bajo la premisa de que los pagos de entre 15 y 20 millones de pesos “realizados directamente a la universidad correspondían a derechos de grado legítimos”.
“Mis clientes terminaron involucrados tras recibir la recomendación de amigos o conocidos que les sugirieron que en la San José podían ‘ayudarles con homologaciones’ para obtener el título rápido para sus procesos de contratación. Se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”, dice el jurista al medio.
El fraude radicaría en la entrega de títulos que omiten los pilares de la educación superior, vulnerando la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015. La red, que el abogado considera podría estar conectada con el área administrativa y financiera de la Fundación no utiliza folletos ni publicidad formal. Su funcionamiento es completamente indirecto y se sostiene con referidos. Según otras fuentes, el contacto inicial nunca se realizaría por las oficinas de admisiones ni por la página web institucional, sino a través de gestores por WhatsApp que operan exclusivamente por esa red. Los intermediarios ofrecerían el proceso como “homologaciones”, “validaciones internas” o trámites administrativos.
Uno de los puntos más sensibles del esquema, advierte el periódico, es que los pagos se realizan directamente a la universidad, y no a cuentas externas, según lo que ha podido establecer la defensa. “Aunque no en todos los niveles del esquema la universidad pueda estar involucrada de manera directa, la institución no puede quedar por fuera de la investigación”, explica Ruiz. Es decir, que los pagos que realizarían los beneficiarios —de 8, 15 o 20 millones de pesos por título— entran a las cuentas oficiales de la universidad, y una vez ese dinero ingresa, no se sabe en dónde terminan; no se sabe con certeza cómo se distribuyen esos pagos ni a qué áreas se direccionan internamente. Pero el abogado plantea dos hipótesis, soportadas en las pruebas y testimonios de sus clientes.
Primero, que los recursos se repartirían entre distintas personas una vez ingresan a la cuenta institucional; segundo, presuntas irregularidades relacionadas con las facturas y la trazabilidad de las mismas. “El mecanismo podría consistir en facturar oficialmente los derechos de grado y dejar por fuera los otros diez millones, que luego se distribuirían internamente. Y precisamente por eso es un esquema altamente rastreable: el dinero entra al sistema financiero formal de la universidad”, sostiene el abogado. Esa circunstancia hace indispensable una intervención y una auditoría fiscal para seguir el rastro de los recursos y establecer responsabilidades.
Mientras los derechos de grado ordinarios tienen valores muy inferiores, en este esquema los pagos alcanzarían cifras de hasta 20 millones de pesos, pero por “homologar” todo un programa, que vendría a ser simplificar un recorrido académico de 5 o 4 años a 2 o incluso menos.
El abogado Ruiz pidió que el Ministerio de Educación intervenga la institución y realice una auditoría integral, al advertir posibles indicios de corrupción privada y administración desleal. El ministro Daniel Rojas anunció la apertura de un pliego de cargos contra la San José tras una inspección que habría detectado una posible expedición de títulos sin requisitos legales, incluido el Saber Pro.
