Feb 2/26 El delegado presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), Carlos Alberto Bolívar Corredor, enfrenta una denuncia por acoso laboral y violencia de género que ha escalado al punto de impedirle entrar a las instalaciones de la IES y participar en las sesiones del máximo órgano de gobierno universitario.
Desde mediados de 2023, la relación entre Bolívar, egresado de esa Universidad y quien desde estudiante ha sido un dolor de cabeza por sus permanentes denuncias de la entonces administración del rector Héctor Parra y ahora de la rectora Sandra Ortega Sierra, se ha tornado insostenible. En marzo de 2024, Ortega, primera mujer en ocupar la rectoría de la UFPS, denunció ante la Fiscalía 04 Local de Cúcuta haber sido víctima de agresiones sistemáticas por parte del delegado presidencial, tanto en espacios institucionales como en redes sociales. Según la rectora, Bolívar ha utilizado incluso el logo de la Presidencia de la República para difundir ataques personales, lo que configura una forma de revictimización con implicaciones éticas y legales.
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El conflicto no es nuevo. En 2015, cuando era estudiante, Bolívar protagonizó una huelga de hambre alegando persecución por parte de las directivas de la UFPS, que le abrieron procesos disciplinarios por actuaciones como autodenominado veedor ciudadano.
La actual denuncia fue presentada ante el Consejo Superior Universitario, activando las rutas internas de atención a la violencia basada en género y el acoso laboral. Intervinieron el Comité de Convivencia Laboral, la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Dupla de Atención Psicojurídica. Ortega también anunció acciones ante la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, amparada en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1010 de 2006.
En paralelo, Bolívar ha sostenido una campaña pública de cuestionamiento a la gestión de Ortega, alegando irregularidades administrativas y falta de transparencia. Frente a las denuncias de la rectores, ha dicho que ésta estaría “usando el feminismo para silenciarlo”.
Sin embargo, sus intervenciones han sido calificadas por la rectora como actos de violencia institucional y personal, que vulneran su derecho a ejercer el cargo sin intimidaciones.
La situación ha llegado al punto en que Bolívar no puede asistir presencialmente a las sesiones del Consejo Superior, por orden de las autoridades internas de la universidad que así entendieron una medida de protección emitida por una fiscal, en noviembre de 2024 (ratificada en diciembre de 2025, por una jueza de control de garantías), como la prohibición al ingreso de Bolívar (quien fue director regional de Prosperidad Social de Norte de Santander, hasta agosto pasado) a la Universidad. Esto ha generado un vacío en la representación presidencial dentro del órgano colegiado, afectando la deliberación de temas estratégicos y presupuestales.
Bolívar insiste en que la restricción al acceso es ilegal y desproporcionada, y que es una interpretación errónea de la Universidad y de los CAI.
El caso pone en evidencia una tensión estructural entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas, especialmente cuando en varias de estas los delegados presidenciales asumen roles de confrontación más que de articulación.
Bolívar hace parte del grupo de “Activistas por el Cambio“, que políticamente defiende al gobierno del presidente Petro, y que ya en 2023 había denunciado “hostigamiento y la persecución política que se está dando en contra de Representantes del Presidente ante los Consejos Superiores de las IES Públicas, especialmente en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)”.
La UFPS, por su parte, ha reafirmado su política de tolerancia cero frente a la violencia de género, y ha respaldado institucionalmente a la rectora. El conflicto sigue abierto, con implicaciones jurídicas y políticas que podrían escalar si no se resuelve mediante canales institucionales respetuosos del debido proceso.
