Feb 3/23 La demanda para que el Gobierno demuestre la legalidad del designado del presidente en la Universidad Francisco de Paula Santander causó alarma entre los demás designados en las IES públicas.
Luego que El Observatorio de la Universidad Colombiana diera a conocer que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitiera una demanda en contra del posible vicio legal en la designación de Carlos Bolívar, como vocero del presidente Petro en el Consejo Superior de la UFPS, por -aparentemente- no ser explícito su vínculo con el sector universitario, las designadas y designados del gobierno nacional en las IES públicas emitieron un comunicado de rechazo por considerar que esto corresponde a “hostigamiento y persecución política”.
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El comunicado aparece suscrito por los “Designadas y designados de Presidencia ante Consejos Superiores y Directivos de las IES públicas”, y no relaciona ni los nombres ni el número de designados ni universidades en las que participan.
Carlos Bolívar se ha caracterizado por ser un público opositor de la administración (actual y anteriores) de la UFPS, y han sido constantes sus actos de protesta, huelgas de hambre y, sobre todo, de derechos de petición, denuncias y demandas en contra de sus directivos y del Consejo Superior, al que hace poco llegó por designación pública del propio presidente Petro.
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Tanto Bolívar como algunos otros recién escogidos designados (como por ejemplo el de la UIS –Juan Francisco Remolina Caviedes– y la de la Universidad del Atlántico –Melissa Obregón Lebolo-), han asumido un rol diferente al tradicionalmente acostumbrado por los designados. Han querido actuar como voceros de diferentes estamentos de la comunidad universitaria, defensores y abogados e, incluso, como sucede con el propio Bolívar, están demandando acciones del propio Consejo Superior en el que participan y están promoviendo el no pago de matrícula de parte de los estudiantes.
La situación, como ya se ha indicado en este medio, enfrenta una “oscuridad jurídica” en virtud de la etérea descripción que la Ley 30 de 1992 hace del requisito de los designados del presidente, quienes únicamente deben demostrar que hayan tenido vínculos con el sector universitario, pues esta descripción es confusa y se presta para múltiples interpretaciones.
El siguiente es el texto del comunicado remitido en papelería de “Activistas del Cambio”, (foto), plataforma ideológica de jóvenes que respaldan abiertamente el plan de gobierno del presidente Petro:
“Nos dirigimos a la opinión pública para denunciar el hostigamiento y la persecución política que se está dando en contra de Representantes del Presidente ante los Consejos Superiores de las IES Públicas, especialmente en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).
El compañero Carlos Alberto Bolívar Corredor, activista político, quien defiende la universidad pública, ha sido objeto de hostigamiento jurídico y persecución política en razón de su lucha por la defensa de la educación superior pública y gratuita.
Para el grupo de Designadas y Designados del Presidente resulta preocupante que el acoso jurídico sea la respuesta a las acciones en defensa de los valores democráticos de las IES. La demanda en contra del compañero Bolívar, basada en argumentos imprecisos, toda vez que el compañero ha sido activista estudiantil universitario, evidenciando así su vínculo con el estamento universitario como lo exige la Ley 30/92, es una afrenta a la libertad de expresión y un intento de silenciar las voces críticas.
Nos solidarizamos con el compañero Carlos Bolívar y con quienes están siendo hostigados en las diferentes universidades del país por su activismo político. Defenderemos nuestro derecho a expresarnos y a participar activamente en la defensa de la educación y de la universidad pública.
La Universidad Pública es un derecho de toda la ciudadanía y debemos luchar juntos por su defensa y fortalecimiento, más aún cuando, al interior de las instituciones de educación superior, somos voceros del gobierno del cambio”.
