Feb 1/22 Por no demostrar vínculo con el sector universitario, el Gobierno Nacional debe justificar ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander la designación de su representante en el CSU de la UFPS.
Dicho Tribunal, presidido por el magistrado Carlos Mario Peña Díaz, corrió traslado de la demanda que interpuso Carlos Roberto Mojica Cerquera en contra de la decisión del presidente Petro de nombrar como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, al abogado y egresado de esa IES, Carlos Alberto Bolívar Corredor (foto), por considerar que “previo a la designación, no tuvo vinculo alguno con el sector universitario, incumpliéndose con el presupuesto establecido por la ley para desempeñar esa calidad de directivo”.
El Observatorio de la Universidad Colombiana había advertido que, antes de su designación, Bolívar Corredor había sido un activista en la campaña para elegir rector de la propia UFPS por uno de los aspirantes que salió derrotado.
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También, ha analizado cómo cualquier colombiano puede ser representante del presidente en el Consejo Superior de una U. pública.
Si la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público, logran fundamentar debidamente estas decisiones del actual gobierno, se confirma la posibilidad que da la Ley 30 para que cualquier connacional pueda representar al presidente en estas IES o, de lo contrario, se caerían no sólo varios de las actuales decisiones (pues -incluso- Bolívar ha demostrado más conocimiento de Universidad que otros de sus compañeros designados por el Gobierno Nacional), sino también la de otros representantes -que vienen del gobierno anterior- que (jóvenes o no), no tienen el debido conocimiento del sector universitario.
