Marzo/24 Gómez Giraldo, actual rector de la Corp Univ. Iberoamericana, presenta un interesante compendio sobre las diversas opiniones que se dieron, hace ya 24 años, en el Congreso de la República para aprobar la Ley 30 de 1992.
| . | |
| El texto hace parte del libro ‘Si no somos un pueblo Educado: los debates y las mentalidades de las élites colombianas sobre educación y ciencia’, escrito por Gómez Giraldo, publicado por Editorial Eafit. Este apartado presenta las intervenciones más relevantes que tuvieron lugar en el Senado de la República al momento de debatir la representación estudiantil y del sector productivo en el Cesu y en los consejos superiores de las universidades (debate de la Ley 30 de 1992), además de la educación étnica y el papel de Fecode (debate de la Ley 115)”. |  |
| . |
No en todos los campos opera la democracia
Las consecuencias de las respuestas recién denotadas fueron variadas. La primera se dio en relación con el Gobierno y la democracia universitaria y el sistema universitario; la segunda, con la educación étnica diferenciada, y las tres siguientes, con un nivel similar de intensidad, fueron: cultura o conciencia histórica, relación de la ciencia con la educación y el vínculo entre educación, sociedad y cultura.
La más notoria fue el debate sobre Gobierno y democracia universitaria y del sistema universitario, cuya principal propiedad fue la discusión puntual sobre calidades de los estudiantes para ser miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) –entidad vinculada al Ministerio de Educación que se estaba creando mediante este debate que desembocaría en la Ley 30 de 1992–, y también de los consejos superiores de cada universidad en particular. El centro de la discusión estaba en si debían o no tenerse en cuenta “calidades académicas en los estudiantes representantes”.
Para una parte de los asistentes, exigir buen desempeño académico era:
[…] discriminatorio e inocuo. Es discriminatorio, porque tiene el
mismo derecho con el solo factor de haber sido admitido. Tenemos
la autoridad de haber sido representantes estudiantiles al consejo
académico y vimos que la excelencia académica no garantiza la
representación justa de intereses estudiantiles y mucho menos
la participación adecuada. Es absolutamente inconstitucional. El
argumento de Corsi y Laserna es simple y llano, desvirtuaría de la
democracia para trasladarlo a una aristocracia, así sea académica,
de la remuneración en notas de un estudiante. Con ese criterio, Al
berto Lleras no hubiera sido presidente, ni su muy admirado Chur
chill, no hubiera podido ser ni director de una escuela rural. Creo
que bajo circunstancia alguna puede llegarse a ese extremo de la
elitización del país en las épocas de la Constitución del [19]91.
Un ciudadano es igual a un voto (Darío Londoño).
Otro grupo de congresistas sostenía algo completamente contrario: “Debe ser un honor llegar al Consejo; que sea un estudiante de entre los mejores estudiantes” (Carlos Corsi Otálora); “Los mejores alumnos tienen más interés académico y más amor por su propia universidad” (Enrique Gómez Hurtado);
La democracia es buena en ciertos campos, pero en otros campos
debe haber principios de autoridad. Gentes que estén revestidas de
la calidad intelectual y moral para tomar determinaciones sin tener
que consultarlas a una comunidad, porque desafortunadamente no
en todos los campos opera la democracia (Luis Guillermo Giraldo
Hurtado).
Otros, por su parte, miraban más allá y planteaban una concepción más crítica a la democracia representativa en el CESU:
La pregunta no es quién representa mejor el cuerpo estudiantil,
sino quién representa mejor el servicio que la universidad debe
prestar a la sociedad: ¿el estudiante que está interesado [en] que la
universidad produzca académicamente o el estudiante que quie
re utilizar la universidad para una tribuna y haciéndose nombrar
representante del cuerpo estudiantil, que se ha convertido en
una especie de fetiche, que tienen derechos por encima de
los ciudadanos comunes y corrientes? El interés de la sociedad
es que el nivel de enseñanza sea alto; y eso lo representan mejor
los estudiantes de excelencia académica (Mario Laserna Pinzón)
O como lo planteó Carlos Corsi Otálora:
El buen aporte estudiantil: la creatividad y la creación de una co
munidad. La manipulación política que de las fuerzas estudiantiles
se hace con frecuencia, convirtiéndolos en arietes de intereses
políticos intra o extrauniversitarios. Un millón de analfabetos
pueden hacer una mayoría, pero no pueden alfabetizar a un ciu
dadano. Porque es una cuestión de calidad: el conocimiento exige
de un esfuerzo de asimilación que no es equivalente a un sufragio.
El estudiante que va a intervenir en consejos de fondo sobre las
políticas universitarias debe ser un hombre con gran capacidad de
estudio, para que pueda asimilar la problemática, no nivelar por
las personas que se mueven dentro del gremialismo.
En la segunda propiedad de esta categoría, representación del sector productivo en el CESU, las intervenciones coinciden con el debate que se ha presentado hasta aquí:
La educación debe ser para el trabajo productivo, para el desarrollo
del país. Yo también soy un educador, lo he sido toda la vida, y he
notado que la educación ha andado distante y está distante del
país. El sector agropecuario debe estar colaborando y diciendo cómo
debe ser la educación y para qué debe ser, y lo propio con el sector
industrial y lo propio con el sector del comercio y los servicios. Soy
adversario de la teoría neoliberal, pero hay necesidad de que la
educación colombiana no esté alejada de la realidad nacional. Es
un hecho innegable que, en el país, los sectores económicos andan
por un lado y las universidades por otro (Ricaurte Lozada).
Autonomía y no uniformidad de las universidades fue la tercera propiedad de esta categoría, con bastante menos intensidad. Aquí los intervinientes se preocupaban por el futuro de las universidades, según quedaran reglamentadas con las nuevas leyes:
La independencia, la personalidad de las universidades, el carácter
interno del claustro que se forma como un ser independiente, es
indispensable. Tratar de reglamentar excesivamente desde fuera
qué es lo que se hace en las universidades, no puede conducir sino
a un objetivo que ya el mundo se está liberando de ello, de la igual
dad por lo bajo. Por eso hay universidades que tienen un carácter
específico. La universidad de Cambridge es distinta a Oxford y
tienen un ser independiente, como Múnich, como Heidelberg,
Princeton, mit, porque eso es parte de la individualidad necesaria
para crear la ciencia para poder enseñar. La gente debe poder esco
ger entre este ambiente y este otro ambiente. La sociedad misma
irá creando sus criterios de selectividad. La independencia en el
manejo de las universidades es fundamental para la mejoría de la
calidad (Enrique Gómez Hurtado).
En voz de Pedro Bonnet: “Autonomía que fracasó en la medida que el postulado de la Universidad de Córdoba en Argentina, la universidad administrada por profesores, alumnos y egresados, ha sido históricamente, ha sido un terrible problema”.
Con igual intensidad está la participación de universidades públicas y privadas en el CESU, en la cual los legisladores se quejaban de la proporción de rectores según el sector de la universidad (público o privado): “Cómo es posible que tenga solo un representante de las universidades públicas” (Aurelio Iragorri Hormaza), o lo contrario: “El representante debe ser de todas las universidades del país, no solo las oficiales” (Carlos Corsi Otálora).
También se encuentra la propiedad funciones y funcionalidad del CESU, en la cual algunos sugieren que quedaría “absolutamente castrado. No tiene ninguna capacidad decisoria” (Hernán Motta, Unión Patriótica); para otros, sería mejor “una especie de consejo de ancianos que puedan estar pensando permanentemente en esa educación superior” (Alberto Montoya Puyana, Partido Liberal; élite social de Bucaramanga); y, finalmente, estaban quienes creían que “la política general la debe mantener el Gobierno”.
La segunda consecuencia de todas las respuestas expresadas tiene que ver con lo que se llamó educación étnica diferenciada, categoría cuya principal y casi única propiedad fue menos requisitos para los maestros indígenas. Unos querían que dicho tipo de docentes cumplieran requisitos de calidad, con afirmaciones de tipo: “Es necesario seguir en esa tarea de nivelar por arriba y no por abajo” (Ricardo Mosquera);
Estaríamos obligando a que las comunidades indígenas tuvieran
una mala calidad de educación. Insisto que todo educador de las
comunidades negras, indígenas, etc., deben tener un examen eva-
luativo por parte del ICFES [en la actualidad, Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación]. A mí me parece que haciendo
eso estamos condenando al atraso a las comunidades indígenas
(Eduardo Pizano de Narváez);
o “Necesitamos indígenas capaces y adecuados a las necesidades de la nueva ciencia, de la tecnología, de los avances de la humanidad”. Mientras tanto, y debido a que “no hay suficiente gente, no hay suficientes educadores capacitados para poder pasar este examen. Apenas se están profesionalizando”, los otros aducían que “nos perjudicaría una exigencia demasiado extrema”. Y agrega Germán Hernández Aguilera: “Démosle[s] un plazo de cinco años y que se capaciten”. La última propiedad fue la falta de concertación con los indígenas, pues los legisladores que los representaban apelaban a que:
Los indígenas merecemos respeto; estamos acá precisamente para
poder aportar al desarrollo integral con nuestro grano de arena a
la sociedad nacional. Y no es justo que se nos siga desconociendo.
Tenemos los mismos derechos que cualquier senador de la Repú
blica, y se habla de “concertación”; creo que merecemos respeto.
Yo no sé si tengamos los indígenas, con el apoyo de mucha gente
colombiana, que hacer una movilización para ser escuchados y
para que se permita la concertación (Gabriel Muyuy Jacanamejoy,
indígena).
Las siguientes tres consecuencias fueron de intensidad similar. Educación: cultura o conciencia histórica, con dos propiedades: en la primera, relación de la ciencia con la educación, surgieron intervenciones de senadores indígenas, relacionadas con la educación de las etnias prehispánicas: “Estamos interesados en aprender lo de la ciencia y la tecnología moderna y queremos conservar la identidad indígena milenaria, porque eso es vital para cualquier nación y para cualquier sociedad humana” (Gabriel Muyuy Jacanamejoy), o la voz de Floro Tunubalá (también senador de origen indígena), quien decía que “básicamente la educación en indígenas ha sido más de evangelización y menos de conocimiento científico”.
En la segunda, relación entre educación, sociedad y cultura, se afirmaban cosas como:
La propuesta ignora el asunto vital de las complejas relaciones entre
la dimensión cultural de la sociedad y la educación. No encuentro,
en el proyecto, mecanismos a través de los cuales pueda hacerse
efectiva la responsabilidad de la sociedad y la familia respecto de
la educación.
Otras de este grupo de consecuencias de menor nivel fueron el estamentarismo, bajo la cual se mencionaban diferentes espacios y acuerdos con estamentos: “Hubo una reunión en la comisión sexta y en ese sentido participaron algunos senadores y algunas asociaciones y federaciones” (Samuel Moreno Rojas).
A lo que algunos parlamentarios agregan cosas como: “La verdad es que hay acuerdo sobre todo en una serie de cosas que hemos conversado con Fecode, con los colegios privados, con los directivos docentes”, los cuales, por su parte, eran criticados, pues se advertía, como ya dijimos antes, que el proyecto de ley general de educación, conocida luego de su expedición como Ley 115 de 1994, era sindicalista.
Otra consecuencia, muy relacionada con la anterior, es el conflicto político-sindical, expresado con dos propiedades: el miedo a Fecode, en términos de “yo no tengo ningún ánimo de estar contra el magisterio ni contra Fecode, pero si vamos al cuento de que porque es un acuerdo no lo podemos discutir, entonces cerremos esto de una vez” (Germán Hernández Aguilera), o “está materializado un acuerdo de Gobierno, gremio y ponentes que fue motivo de un conflicto que hasta paro ocasionó”.
La segunda propiedad es la legitimidad y poder de fecode, en tanto “votaremos afirmativamente el proyecto como un reconocimiento y estímulo a las luchas democráticas de los educadores y su organización sindical, la Federación Colombiana de Educadores”.
