Abril/24 A propósito de la polémica elección de rector de la U. Nacional de Colombia, Pérez Alemán (*), columnista de El Observatorio, advierte el riesgo de desvirtuar la figura de la representación de los estamentos en los consejos superiores.
Mucho se ha escrito en las últimas semanas acerca de la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia por parte de su Consejo Superior el pasado 21 de marzo y de lo que se ha desencadenado desde entonces que ha afectado la normalidad con hechos de extremada gravedad y con riesgos para el devenir de la principal institución de educación superior en el país.
Entre las críticas que se han hecho a dicha elección se ha manifestado que alguno de los dos representantes, o bien la representante de los estudiantes o bien el de los profesores o ambos, modificó o modificaron su posición e incumplió o incumplieron su compromiso de votar para rector por el candidato que había obtenido la mayor votación en la consulta a los miembros de la comunidad universitaria, lo que se tradujo en la elección de otro candidato.
Esta situación permite traer a colación la importante problemática acerca de la participación y de la elección para hacer parte de órganos de gobierno y de otros cuerpos colegiados en las instituciones de educación superior (IES). Por supuesto que estos asuntos adquieren un matiz especial en las instituciones estatales en donde se está en presencia de diferentes intereses y en particular de movimientos estudiantiles y profesorales que se activan especialmente en los momentos determinantes de elección de rector. Además, para nadie es un secreto que en cuanto instituciones públicas son el espacio por excelencia para las discusiones y debates de la mayor trascendencia acerca de la educación. Las reflexiones a continuación son igualmente válidas para instituciones estatales como para las no estatales, pues en todas ellas debe existir la participación de miembros de las comunidades académicas en sus órganos de gobierno y dirección.
La participación es un fin consagrado en la Constitución Nacional que consiste en que el Estado debe garantizar la posibilidad de todo ciudadano de tomar parte en las decisiones que lo afectan, con lo cual se deben crear los medios para que ésta se pueda ejercer.
La participación adquiere una mayor relevancia en el caso de las IES en donde se espera que quienes las integran puedan tomar parte en las decisiones institucionales y por ello, miembros de la comunidad académica deben tener asiento en el máximo órgano colegiado de gobierno. Esta participación, especialmente en el caso de los estudiantes, es una forma necesaria de expresión y responde además a los propósitos de formar en ciudadanía a los estudiantes cuando hacen uso de su derecho a elegir y a ser elegidos, con lo cual se fortalecen los valores que deben ejercer como ciudadanos.
Sin embargo, esta participación tiene que ver también con la posibilidad de que los miembros de una comunidad académica, cuando son elegidos, tomen parte en las decisiones institucionales con un alto compromiso y sentido de identificación con el logro de los objetivos comunes de la respectiva institución. Lo que esto significa es que lo que debe guiar el accionar de todos los miembros de un órgano colegiado – incluso de aquellos que llegan allí por elección -, es el interés institucional por encima de los intereses particulares; lo que debería iluminar siempre a todos ellos al momento de la toma de cualquier decisión es la respuesta a la pregunta de qué es lo más conveniente desde una perspectiva institucional.
Desafortunadamente, cuando se llega a esos espacios de gobierno por parte de estudiantes, profesores, egresados, directivos, empleados o funcionarios con el propósito de ejercer la representación de los intereses particulares de sus representados se transgrede el carácter colegiado que ha caracterizado siempre la institución universitaria y se llega a situaciones de difícil resolución. Las decisiones colegiadas significan que todos se identifican con el máximo interés institucional en su condición de miembros de una comunidad académica.
Por supuesto que no estamos en un mundo de ángeles y todas las personas nos movemos por nuestros propios intereses, pero qué bueno fuera que en el caso de las IES se supere la concepción de representación, por una concepción mucho más amplia y, mucho más exigente, por supuesto, de obrar en la búsqueda del bien común. A ello no contribuye por supuesto nuestro marco legal cuando en el caso de la integración de los consejos superiores de las IES estatales la ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior, se refiere a representantes, es decir que llevan la voz de quienes representan. Pensar en un cambio por lo menos en el entendimiento de dicha participación en el ámbito de las instituciones estatales, que además ha sido acogido por muchas de las instituciones no estatales en sus estatutos, no es tarea fácil, pero qué bueno sería que los integrantes por elección de los órganos colegiados se entendieran a sí mismos como miembros del respectivo órgano de gobierno y dirección que toman decisiones con sentido colegiado.
Volviendo al caso de la discusión acerca de la reciente elección en la Universidad Nacional de Colombia lo que se esperaba de la estudiante y del profesor miembros del Consejo, o mejor, se exigía de ellos, es que votaran por un determinado candidato. Esto desconoce que en un cuerpo colegiado las decisiones se toman en buena medida en virtud de las discusiones y consideraciones de todos los miembros y privilegiando el interés general de la Institución por encima de los intereses particulares de una parte de la comunidad académica.
No se trata con los anteriores planteamientos de relativizar o desconocer los pedidos y las necesidades insatisfechas que existen en las IES. En la actual discusión en la Universidad Nacional de Colombia los estudiantes han puesto sobre la mesa las deficiencias en la atención de bienestar o han renovado el reclamo por las condiciones de la infraestructura física de las instalaciones, consecuencia directa de las dificultades de financiación de dichas instituciones. Además, han surgido críticas a la gobernanza y a la transparencia. En el caso de los profesores, serán siempre motivo de reclamo las condiciones de trabajo, de remuneración y de estabilidad. En uno y otro caso se trata de aspectos que muy seguramente hicieron parte de las plataformas que los llevaron a ser elegidos y que son dignos de ser discutidos en los órganos de gobierno.
Lo que no debe ocurrir es que la concepción de la representación de los intereses particulares de uno u otro grupo lleve a entorpecer la toma de decisiones de la institución o abocarla a tomar decisiones irresponsables, que por defender esos intereses particulares, vayan en detrimento del interés general y en últimas de la sostenibilidad institucional.
*Vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Fundación Universitaria San Martín. Experto asesor de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN en asuntos relacionados con la regulación y el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Par académico de acreditación de alta calidad en Colombia y en otros países latinoamericanos.
