Solicitud ciudadana cuestiona incumplimiento del SUE de las responsabilidades asignadas en su creación

Julio 21/22 Mientras el SUE busca asegurar recursos y protagonismo en el nuevo gobierno, una estudiante de Casanare le demanda a los rectores cumplir la ley.

Para Lina María Mariño Parra, estudiante de una universidad pública, quien infructuosamente intentó hacer una trasferencia a otra universidad pública, se encontró con que esto no es posible de forma ágil y precisa, y halló que en la propia Ley 30 de 1992, se consignó como uno de los objetivos del Sistema de Universidades Estatales u Oficiales, entre otros, “implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos” (Art. 81), razón por la cual interpuso ante el presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo (foto), así como a todos los demás rectores del Sistema y al Ministerio de Educación Nacional, la “constitución  de renuencia o agotamiento del requisito de procedibilidad de acción de cumplimiento, conforme a lo reglado en el artículo 8 de la Ley 393 de  1997”.

La Ley 30 también contempló que el SUE debe “racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros” y “crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema”.

El recurso fue interpuesto el pasado 19 de julio y seguramente en la reunión de este 21 de julio, en Univalle, de todos los rectores del SUE y del Ministerio de Educación, para analizar el estado financiero de los aportes del Gobierno saliente y las expectativas frente al entrante, no dejan analizar esta solicitud, que devela un hecho real, poco o nada analizado en el sector y que, en el fondo, muestra las asimetrías y fallas en la articulación del sistema de educación superior y del propio SUE.

Y posiblemente no será tema de debate en el presente inmediato, pues ahora los rectores están más inquietos por qué va a pasar con sus universidades con la anunciada, y aún no conocido texto, de propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, del gobierno Petro, pues no es claro si su alcance va a ser (como hasta ahora espran los rectores) el de reformar los artículso 86 y 87 para buscar más recursos y de forma equitativa para éstas, sino también si la anunciada extensión de la cobertura, con IES en todo el país (según un trino del presidente Petro), se hará o no con las actuales integrantes del SUE.

Las preguntas que Mariño Parra pide responder al SUE son:

1. Han pasado más de 30 años desde que se creó el Sistema de Universidades del  Estado, sin que a la fecha este órgano o cuerpo colegiado tenga una página electrónica que permita conocer el desarrollo de sus objetivos, función legal y los actos, directrices o recomendaciones en lo referente a la racionalización y optimización de los recursos humanos, físicos y técnicos y financieros de las universidades que conforman el SUE.

2. A la luz de lo dispuesto en el artículo 8 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – CPACA, el Sistema de Universidades  del Estado no cuenta con una página electrónica  en la que los ciudadanos puedan conocer y acceder a los derechos contemplados en el precitado artículo del  CPACA.

3. Se  desconoce acto, iniciativa, recomendación o directriz por parte del Sistema de Universidades del Estado en cuanto al cumplimiento estricto del literal b). del artículo 81 de la Ley 30 de 1992 en lo referente a la transferencia de estudiantes, intercambio de docentes, creación o fusión de programas académicos y de investigación y la creación de programas académicos conjuntos entre las universidades que conforman el SUE.

4. Se desconoce la postura oficial del SUE frente a lo dictado por la Honorable Corte Constitucional, en Sentencias C-346  y 315  de 2021. De conformidad con las Sentencias C-346 y 315 de 202 se desconoce cómo el SUE actuará en el Congreso de la República en lo referente a la aprobación del presupuesto de las universidades para la vigencia 2023.

5. Se desconocen las posturas jurídicas y académicas del SUE frente a la defensa de la autonomía universitaria que  se relega por los tribunales del Estado y el  legislativo que expide normas como el artículo  53 de la Ley 2195  de 2022, hechos  y actuaciones que desnaturaliza  la  autonomía  universitaria  otorgada por el  Constituyente  de 1991.

6. Se desconoce el sistema o método que permita al SUE realizar la evaluación de las instituciones pertenecientes al sistema, de acuerdo a lo reglado en el literal c) del artículo 81 de la Ley 30 de 1992.

7. Se desconoce el sistema de elección del Secretario del SUE, su remuneración y calidades para ocupar esta dignidad.

8. Se desconoce postura alguna del Sistema de Universidades del Estado frente la asignación salarial de los docentes de las universidades pertenecientes al SUE, salarios que en algunos casos superan a los del Presidente de la República y que no son coherentes con el principio de sostenibilidad fiscal que debe imperar en todos los órganos del estado, sin importar si son autónomos.

9. Se desconoce qué tipo de actos administrativos emite el SUE o cómo este órgano conformado por las universidades del país materializa sus decisiones.

10. Se desconoce cuáles son los términos y condiciones de los sistemas y redes de información comunes entre todas las universidades respecto de asuntos financieros, presupuestales, contractuales, de talento humano, administrativos, académicos, investigativos y de extensión. Lo anterior, de conformidad con el  artículo 9 de la Resolución N 013524 de 2020 emitida  por el Ministerio de Educación  Nacional.

11. Se desconocen cuáles son los mecanismos utilizados entre las universidades que conforman el SUE, respecto del préstamo de uso de medios educativos, recursos físicos, instalaciones, laboratorios, equipos, software y bibliotecas, lo anterior de conformidad con el artículo 9 de la Resolución No. O 13524  de  2020, emitida por el Ministerio de Educación Nacional.

12. Se desconoce el cumplimiento de las demás funciones otorgadas en el artículo 9 de la Resolución  No. 013524de 2020, emitida por el Ministerio de Educación Nacional.

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