Mayo 7/26 Los profesores de la Universidad de Antioquia rechazan las medidas de “ajuste de cinturón” proyectadas por la Institución para atender las condiciones pedidas por Mineducación, en desarrollo de inspección y vigilancia y para tratar de recuperar la viabilidad financiera. Dan sus razones jurídicas y de propio interés para demandar las acciones sugeridas.
En un “Comunicado sobre la matriz de acciones presentada por la Universidad de Antioquia como respuesta a la fijación de condiciones del Ministerio de Educación Nacional”, la Representación Profesoral ante el Consejo Superior Universitario, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia —ASOPRUDEA— y la Mesa Ético Política de la Asamblea General del Profesorado advierten su “profunda preocupación por el contenido, el alcance y el procedimiento seguido para la construcción de la matriz denominada Acciones – Respuesta a cumplimiento fijación de condiciones MEN, que, de manera reciente, publicó la actual Administración de la Universidad y que, según se indica en el propio documento, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional”
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Algunas de las recomendaciones que no agradan a los docentes
La acción 43 plantea: “Revisar y evaluar la sostenibilidad financiera de la oferta académica de la Universidad, mediante el análisis integral de ingresos, costos directos, costos indirectos, costos ocultos asociados a cada programa incorporando variables como exenciones, beneficios otorgados a empleados, descuentos y demás factores que afectan el recaudo efectivo, con el propósito de determinar como umbral mínimo el punto de equilibrio de cada oferta, identificar programas deficitarios y definir alternativas de ajuste que favorezcan su viabilidad financiera y académica”.
Los profesores critican el “criterio de rentabilidad” de la oferta en una universidad pública.
La Acción 49 de la matriz dispone: “Suspender la contratación de actividades especiales de personal docente con cargo a los fondos generales” para “profesores vinculados y ocasionales para el desarrollo de actividades administrativas, de asesoría y consultoría”. Añade, además, que “solo se permitirá la contratación de actividad especial para el personal docente cuando se garantice una fuente de financiación mediante fondos especiales”.
Para los profesores “esta medida resulta jurídicamente problemática y laboralmente regresiva. Condiciona el reconocimiento económico de las labores efectivamente realizadas por el profesorado a la existencia de una fuente presupuestal específica, como si el derecho al pago dependiera del origen del recurso y no de la naturaleza, la autorización y la ejecución real del trabajo”.
La Acción 51 propone “analizar y establecer techos máximos de horas cátedra por fondos generales para cada centro gestor de las unidades académicas”, con fundamento en “un análisis técnico previo de la carga académica, la oferta de cursos y la ejecución histórica de recursos, con una retrospectiva de los últimos 10 años”. La misma acción señala como propósito “racionalizar la contratación de profesores de cátedra” y asegurar que la programación docente se ajuste “estrictamente a la disponibilidad presupuestal institucional”.
Los profesores consideran que la oferta de cursos, la apertura de grupos, la atención a estudiantes, la cobertura territorial, la formación en pregrado y posgrado y las necesidades específicas de cada unidad académica no pueden quedar subordinadas mecánicamente a techos financieros definidos de manera centralizada.
La Acción 53 de propone “definir el estándar mínimo de horas de docencia directa, extensión e investigación para el personal docente vinculado”, a partir del análisis de los planes de trabajo y de la capacidad instalada de cada unidad académica.
Los profesores señalan que esta medida resulta especialmente preocupante porque introduce una visión reduccionista y mercantilista de la labor profesoral.
La Acción 54 plantea “establecer el procedimiento y mecanismo que permita verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los profesores beneficiarios de año sabático, comisión de estudio y dedicación exclusiva, durante y después del disfrute del beneficio”, con el fin de asegurar que se cumpla “el objeto y la misión de este beneficio académico”.
Los profesores admiten el seguimiento, pero no que, bajo un lenguaje de control y eficiencia financiera, se instale un mecanismo de sospecha generalizada sobre el profesorado o se abra la puerta a restringir, condicionar o desmontar derechos académicos reconocidos por la normatividad universitaria.
La Acción 56 es, según los docentes, “una de las medidas más graves de la matriz”. Plantea: “Realizar un análisis jurídico de las sobreremuneraciones a docentes vinculados que ocupan cargos administrativos, compensaciones docente (Resolución 1078) y bonificaciones de los proyectos de investigación (Resolución Rectoral 1186 de 1990)”
Los profesores se preocupan porque consideran que “existe un riesgo evidente de que la revisión se utilice para desmontar, restringir, suspender o reinterpretar reconocimientos económicos legítimos asociados al trabajo docente, investigativo, administrativo, de extensión, asesoría, consultoría, creación y transferencia de conocimiento”.
La última acción es otra de las máspolémicas. La Acción 60 propone “analizar y establecer la reglamentación institucional de los topes para la asignación de puntos salariales a docentes vinculados y ocasionales, en concordancia con el Decreto 1279, garantizando criterios de sostenibilidad financiera y equidad interna”
Los profesores aclaran que el Consejo Superior no tiene competencia para fijar, modificar, restringir ni limitar el régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios. Señalan que “bajo el lenguaje de “sostenibilidad financiera” y “equidad interna”, se corre el riesgo de imponer límites administrativos al reconocimiento de puntos, afectar la carrera profesoral, desconocer la productividad académica ya evaluada, retrasar obligaciones acumuladas o transformar derechos salariales en variables de ajuste fiscal”.
… entonces?
Claramente muchas peticiones defienden intereses sindicales (por ejemplo, mantener el sistema de puntos sin topes), pero esto conlleva a un incremento en los presupuestos financieros de la Institución, sin certeza de los recursos para cubrirlo.
Aún así, la declaración de los docentes, no genera acciones concretas: “Como profesorado, reconocemos la gravedad de la situación financiera de la Universidad y la necesidad de adoptar medidas serias, transparentes y responsables que garanticen su sostenibilidad. Sin embargo, rechazamos que la crisis fiscal se tramite mediante disposiciones regresivas que afecten derechos laborales y académicos, desconozcan el carácter misional de la labor profesoral o debiliten las condiciones institucionales que hacen posible la docencia, la investigación, la extensión y la administración académica”.
Clic para conocer el comunicado de los profesores
Nota: La imagen, creada con IA, busca simbolizar la tensión entre los directivos, que deben responder al MEN, y los profesores.
