Oct 26/22 Al estado le representaría cerca de 60 mil millones de pesos más, al año, transferir lo que piden las universidades públicas para pagar la productividad docente pendiente, conforme el Decreto 1279 de 2002.
Así se deduce de la presentación que el Sistema Universitario Estatal SUE, a través de su Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros, liderada por el de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Fernando Noreña Jaramillo (foto), realizó en la Cámara de Representantes en la audiencia con actores del sector para analizar la propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
En la audiencia, coordinada por el representante Jaime Raúl Salamanca, coordinador ponente del proyecto de ley “Por el cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia“, Noreña Jaramillo advirtió que para ponerse al día el sistema público tiene “más de 200 mil puntos” pendientes de reconocer a sus docentes por concepto de productividad.
Si a valores de 2022 el punto ha sido estimado en $16.441, esto quiere decir que los impactos en las nóminas al año (más factor prestacional) se acerca a los 60 mil millones de pesos.
Hay que aclarar que con este pedido NO se satisface la totalidad de recursos que demanda el creciente y descontrolado aumento de algunos salarios de docentes de las universidades públicas, por virtud del decreto 1279.
Los profesores universitarios en Colombia NO tienen límite o techo salarial y la aplicación del Decreto 1279 ha motivado cuestionables prácticas éticas por la forma como algunos docentes están incrementando sus salarios.
La representante Jennifer Pedraza, promotora de uno de los proyectos de ley que buscan reformar estos artículos hay una deuda, del Estado con la universidad pública, estimada de 18,3 billones para funcionamiento e inversión, y advierte de forma positiva que “este es el primer gobierno que reconoce la deuda histórica”, tal y como lo ha admitido Andrés Felipe Mora, director de Fomento de Mineducación.
Información de referencia:
– El desangre de recursos públicos “legalizados” al amparo del Decreto 1279/2002
– Docentes de universidades públicas no tienen techo salarial
