diciembre 12, 2018 8:58 pm

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  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

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Superar el paro con recursos y nada más, sería un muy mal negocio para el país

Nov 27/18 El director de El Observatorio, Carlos Mario Lopera, analiza, en el diario El Tiempo, cómo la solución al actual paro universitario debe ir más allá de la entrega de recursos. Para que no sea una cesión de recursos que afecte el establecimiento, lo que realmente debe salir es el anhelado escenario de concertación nacional.

El siguiente es el análisis denominado ¿Hacia dónde se dirige nuestra universidad?:

Muy probablemente algunos miles o cientos de miles de millones de pesos más, el agotamiento de la protesta y el afán de no seguir perdiendo clases y atrasarse más, terminarán levantando el paro estudiantil, pero eso no es sinónimo de solución al problema de la universidad pública.

Porque mes y medio de marchas y suspensión de actividades en la mayoría de las universidades públicas no tienen en jaque al gobierno Duque sino a la institucionalidad y a la estructura del Estado.

Cuando finalice esta crisis, que se ha centrado en recursos financieros, se hablará de la capacidad o no del Gobierno para cesar la presión social e intentar mejorar su imagen y de la habilidad de los estudiantes y profesores para obtener más recursos, pero difícilmente el problema desaparecerá. Por el contrario, es muy posible que sólo se obtenga un paño de agua tibia.

Esta es una protesta que, más allá de la solidaridad social que despierta el deseo que los jóvenes tengan una mejor educación, ha fracturado el sistema educativo y aumentado la polarización del país: 

Los manifestantes (estudiantes y profesores) vs. Gobierno; protestantes que ‘exigen’ recursos vs. rectores que exigieron y que ya se contentaron con lo que se les ofreció pero no tienen autoridad sobre sus comunidades académicas para convencerlas de regresar a clases; estudiantes y profesores en paro, con fuerza mediática y política al lograr sentar al gobierno a la mesa, vs. estudiantes y profesores que -siendo cada vez más- desean volver a clases; marchantes que bloquean vs. ciudadanía que va perdiendo la paciencia; y defensores políticos de la protesta -que especialmente van desde la centro izquierda hasta la extrema izquierda -Fajardistas, Partido Verde, Polo Democrático, Comunistas y Petristas, entre ellos también divididos, pero que coinciden en que el Estado debe asumir una mayor inversión en educación superior hasta llegar a la gratuidad, vs. políticos de derecha y defensores del presidente Duque; es decir, en su mayoría los del Centro Democrático, que consideran que existen otros sectores de la sociedad, como los de la salud, las pensiones, los programas de subsidios para las familias, la justicia y el agro, entre otros, que no pueden verse sacrificados si la educación superior les acapara parte de sus recursos. 

Quienes rechazan las exigencias estudiantiles también consideran que ésta genera suficientes retornos de inversión para sus egresados, por lo que estos debieran retornar a la sociedad parte de la inversión recibida a través de la universidad pública.

Superar el paro con recursos, y nada más, sería un muy mal negocio para el país. Hay unas realidades que, en la última década, ya son irrefutables y que el Gobierno, a través de su Ministerio de Educación Nacional, no puede dejar pasar, porque de lo contrario la herida se volverá a abrir. 

La frustrada propuesta de reforma de la Ley 30 de 2011, el surgimiento y desaparición de la MANE -Mesa Ampliada Nacional Estudiantil-, la desafortunada experiencia de Ser Pilo Paga y los erróneos manejos del actual Plan Nacional de Desarrollo sobre la orientación del Icetex, han dejado absolutamente claro para todos los protagonistas del sistema de educación superior, que el modelo de asignación de recursos del Estado a las universidades públicas es absolutamente insuficiente e inequitativo; que la tipología o clasificación de instituciones de educación superior no responde a la realidad del país y de la academia; que hay cerca de 30 instituciones públicas que, sin ser universidades, son tratadas de manera inmisericorde en la asignación de recursos ; que sí o sí al Icetex le llegó la hora para ser re-estructurado en su funcionalidad y misionalidad, y que recursos públicos no deberían seguir enriqueciendo la planta física y las finanzas de las universidades privadas, como pasó con Ser Pilo Paga.

Lo que realmente se espera, de forma positiva, de toda esta situación, debe ser la aparición del anhelado escenario de concertación nacional sobre los protagonistas, roles, responsabilidades y fines de la educación superior. 

¿Hacia dónde se dirige nuestra universidad y cuál es el proyecto de país que debe ayudar a construir o, incluso, cuestionar? Nadie se atrevería a responderlo porque sencillamente Colombia no ha hecho ese ejercicio. Presidente, ministra, rectores y estudiantes hablan de ello, pero ninguno ha abordado el tema a fondo.

En cambio, amparada en un resbaloso concepto de autonomía, la universidad colombiana crea programas sin un referente preciso de país, está desarticulada (cómo entender que las universidades oficiales, siendo de carácter público, no tienen sistemas de admisión y bienestar compartidos, por citar algunos ejemplos, y que en algunas regiones -como Caldas, Bogotá y el Cesar- funcionan con poca distancia unas de otras, sin que unifiquen estructuras), y no rinde cuentas a la sociedad de sus resultados, inversiones y apuestas sociales.

Se ha dicho que la solución a la crisis se logra con 18 billones de pesos. 15 para infraestructura y 3 para funcionamiento, aunque los propios movimientos estudiantiles (ACREES, UNEES, FENARES) no coinciden en sus cifras, y los pedidos llegan casi a los 21 billones. 

La verdad es que esas son cifras que podrías ser escasas si el sistema sigue moviéndose de esta manera o podría ser suficientes si se hace una re-estructuración y se optimizan recursos, se revisan inversiones y comparten infraestructuras, entre otras.

Cuando uno no sabe para dónde va cualquier camino es bueno, o peligroso, y eso parece pasar con la universidad pública colombiana. 

El sistema de educación superior colombiano contabiliza más de 50 normas después de la Ley 30 de 1992 y más de 50 actores con intereses gremiales; está fragmentado (y eso que aquí no se ha hablado de los problemas de la educación privada); y carece de liderazgo, pues el CESU, ASCUN y el SUE, por citar algunos llamados a cumplir ese rol les da miedo hablar para no perder la cercanía, los favores, las acreditaciones o los recursos de un Ministerio de Educación que, en el caso actual, no ha sido claro en sentar posiciones, con conocimiento técnico y autoridad académica, que permitan dar una luz optimista de la salida esperada a este conflicto.

Y, para complementar el panorama, aparecen decenas de benefactores que, con buena voluntad, lo único que hacen es contribuir a aumentar el hoyo negro que actualmente hay, pues incrementan los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas, sin que haya un ente u organismo colegial nacional responsable de definir la manera como esto debe articularse con el proyecto de universidad pública deseado. 

Algunos de las favores que generan aplausos en el inmediato momento (con carácter politiquero), y preocupación en el largo plazo son, por ejemplo, los subsidios y becas de alcaldes y gobernadores a sus estudiantes, las estampillas pro-universidades aprobadas por concejos y asambleas, las leyes de honores aprobadas por el Congreso de la República, los terrenos que donan los gobiernos departamentales y municipales para construir nuevas sedes, y los intereses propios de los profesores por mejorar sus ingresos, entre otros.

En la actual coyuntura los estudiantes van perdiendo el semestre de clases, pero el gobierno ya ha perdido imagen, puede aumentar su déficit fiscal, cedió en la gran primera protesta social con una fuerte inyección de recursos que no parece ser suficiente pero invita a los otros sectores a pedir. Ojalá cambie su estrategia y aproveche esta oportunidad histórica, para que todo el país no sufra estos cuatro años.