Oct 16/26 Luego que la ministra Hoyos denunciara que halló malas prácticas éticas en algunos funcionarios del Ministerio, el Sindicato de la entidad la cuestionó y aprovechó para denunciar problemas en el entorno laboral y falta de orientación en su trabajo.
Así lo ha expresado el “Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional – SINTRAMEN“ en respuesta a la noticia de El Observatorio de la Universidad Colombiana sobre cómo la ministra de Educación Ilva Miriam Hoyos Castañeda manifestó en un debate de control político que se habrían encontrado prácticas corruptas dentro de la entidad, particularmente relacionadas con la aceleración de procesos, y señaló igualmente que se habrían removido personas que estaban impidiendo la salida de trámites, sin que, según la publicación, se precisara si se trataba de funcionarios o contratistas.
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“Quien tenga pruebas, que las presente. Quien conozca hechos irregulares, que los denuncie. Quien tenga responsabilidades, que responda. Pero que no se convierta la sospecha en condena colectiva”, advierte categóricamente el Sindicato, quien cuestiona que lo dicho por la ministra conlleva una “estigmatización colectiva de servidores públicos y contratistas” y cae en “generalizaciones que pueden afectar injustamente el buen nombre, la honra, la dignidad y la trayectoria de quienes prestan sus servicios en el Viceministerio de Educación Superior”.
¿Negligencia o recursos limitados?
A propósito de la información presentada por la ministra en su presentación en la Cámara de Representantes, relacionada con el “hallazgo” de 12 mil convalidaciones sin trámite oportuno, 1.300 acreditaciones en revisión y trámite, y 2.900 registros calificados en marcha, SINTRAMEN pide que “antes que habilitar señalamientos indiscriminados contra los trabajadores, (esto) debería motivar una discusión pública mucho más amplia sobre capacidad institucional, suficiencia de las plantas de personal, cargas laborales, procesos administrativos, herramientas tecnológicas, distribución del trabajo y recursos disponibles para responder oportunamente a las demandas de un sector cada vez más dinámico y cambiante. No puede convertirse automáticamente la existencia de represamientos administrativos en una presunción contra quienes tramitan los procesos”.
Por ello, reclaman que “cualquier estrategia para mejorar la oportunidad de los trámites venga acompañada de un diagnóstico objetivo de cargas laborales, capacidad instalada, suficiencia del talento humano y riesgos psicosociales, así como de medidas efectivas de prevención del acoso laboral y de protección de quienes recurran a los mecanismos institucionales establecidos para denunciarlo”.
¿Falta direccionamiento de la ministra o el viceministro?
El sindicato también hace un señalamiento, que confirma una sensación que se ha dado en el sector con la llegada del nuevo gobierno: Que la dirección del Ministerio está la responsabilidad de ofrecer conducción, prioridades, planificación, coordinación y condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones institucionales. “Por ello, -advierten- preocupa que los trabajadores continúen necesitando lineamientos suficientemente claros frente a los desafíos inmediatos de la educación superior, las prioridades que deberán orientar la acción institucional y la manera en que estas se articularán con la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo”.
Esto se da en momentos en que el primer Viceministro de Educación Superior de este gobierno, Camilo Noguera Pardo, no llegó a dos meses en el cargo, y que su reemplazo, Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, ha sido como designado, en calidad de encargado, con la incertidumbre que esto genera.
Asimismo, que no esta conformado todo el equipo directivo del Viceministerio y que el gobierno no ha dado lineamientos precisos en temas de financiamiento, calidad, fomento, control y temas afines para la educación superior.
Nota: La imagen que acompaña al título ha sido creada con IA para fines de contexto informativo.
