Marzo 7/23 Un informe del Ministerio de Educación ha mostrado irregularidades en la contratación, violación de las normas internas y conflicto de intereses en los recursos usados por la U. Autónoma del Caribe desde el año 2021.
Una auditoría sobre la Universidad concluyó que “se observa que la Institución de Educación Superior, presuntamente no está cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el manual Guía de Contratación para Adquisición de Bienes y Servicios y el Código de Buen Gobierno en lo dispuesto para adelantar contratación de bienes y servicios”.
El Observatorio de la Universidad Colombiana conoció el informe que la inspectora In Situ asignada a la Universidad Autónoma del Caribe, Diana Lucía Barrios, y el abogado especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, Hernán Camilo Tochoy González, en el que se muestran los hechos concretos que bajo la rectoría de Mauricio Molinares Cañavera la contratación (por lo menos en el informe que corresponde a los años 2021 y 2022) ha presentado aspectos como:
– Incumplimiento de requisitos contractuales
– Pagos realizados sin que exista objeto contractual ni informes de supervisión
– Ausencia de pólizas de garantías
– Contratación onerosa a terceros para desarrollar las mismas funciones que puede hacer el existente personal de nómina de la Universidad, tanto en servicios profesionales de abogados, como de obras civiles, como por ejemplo un contrato con Termosoluciones para el mantenimiento preventivo del sistema de climatización de la Universidad, en 2022, por $306 millones, “contando la universidad con personal de mantenimiento, lo que podría considerarse como una contratación onerosa”, tal y como consta una certificación del director del Talento Humano que señala que dentro de la planta de personal se cuenta con trabajadores cuya funciones se enmarcan dentro del objeto contractual antes señalado.
– Ausencia de indicadores de avance de los contratos
– Contratos, duplicados, de prestación de servicios sin la descripción de las funciones a realizar
– Contratos firmados sin el concepto del área jurídica de la Universidad
– Contratación de publicidad (con emisoras de la Organización Radial Olímpica) pese a la explícita solicitud del Ministerio de no hacerlo
– Incumplimiento de las condiciones definidas en el Manual Guía de Contratación para Adquisición de Bienes y Servicios
“Toda vez que la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con oficina jurídica propia para el desarrollo de las funciones de defensa, representación y asesoría en los asuntos legales, por lo que no se entiende la razón por la cual se han contratado servicios jurídicos externos en objetos contractuales con similares o iguales funciones a las que desempeña la citada oficina”, dice en uno de los apartados el informe.
Entre los diversos contratos hay dos que han llamado particularmente la atención.
El primero con la empresa “Evotech Limitada”, para la administración del edificio de parqueaderos, por $ 354 millones, que a juicio del Ministerio “se considera un contrato oneroso sobre el cual no se da ninguna clase de descripción sobre el desarrollo de este”.
El segundo tiene que ver con la empresa TRI3 SOLUTIONS, a la que, según un informe del auditor de pagos de la Fiduciaria de la
Universidad Autónoma del Caribe, se evidencian pagos onerosos, sistemáticos y periódicos a esta persona jurídica y cuyos contratos no se
encontraron en la certificaciones emanadas ni por la oficina jurídica, ni por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
Tri3 recibió, entre 2021 y 2022, un total de 658 millones “sin que de dichos pagos se haya presentado certificación contractual, así como tampoco se evidenció que dichas obras o prestaciones de servicios hayan pasado por el comité de adquisición de bienes y servicios al momento de ser realizados los requerimientos en el marco de las funciones de inspección In Situ…. por lo que con dichos pagos, presuntamente se ha violado la normativa interna de la institución para adelantar contratación directa”.
Advierte el informe que, según el certificado de existencia y representación de la sociedad TRI3 SOLUTIONS, domiciliada en Bogotá, su representante legal es el señor Oscar Antonio Prada Romero… quien tiene vinculo filial con el -entonces- Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Autónoma del Caribe, Antonio Prada Castellanos, ya que son primos, constituyéndose un impedimento legal y ética que no fue advertido, y que está prohibido por las propias normas de la Universidad.
Esta situación ya había sido denunciada el año pasado.
Prada ya no es vicerrector administrativo de la Universidad. Actualmente el cargo lo ocupa Juan Guillermo Vergara Márquez.
Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe – SINTRAUAC– está demandando una decisión del Consejo Superior de esa IES; del pasado 13 de diciembre, que autorizó al rector para gestionar la venta de bienes no operacionales de la universidad, como una forma de obtener recursos.
Información relacionada: Uniautónoma del Caribe no levanta cabeza, no paga, pierde estudiantes y, al parecer, desvía recursos Enero 23/22
