Marzo 1/20 Se trata de Johanna Hildebrandt, Pedro Sierra y Jesús Pantoja, que trabajaron con el el exrector Ramses Vargas. Fiscalía apeló decisión del juez, para quien no hay pruebas.
Habían sido capturados, con otros directivos, en noviembre de 2.018. Exrector Ramses Vargas sigue detenido.
Un juez de barranquilla dejó en libertad por vencimiento de términos a Johanna Hillembrand, exvicerrectora financiera, otra de las personas capturadas por el caso de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe.
Esta sería la persona número tres que queda libre con esta modalidad. Recordemos que el primero fue Pedro José Sierra García, exvicerrector administrativo, quien quedó en libertad en diciembre del año pasado. Entonces Yaneth Ortiz, abogada del exfuncionario señaló que la Jueza otorgó la libertad porque “no se cumplieron los términos desde que se presentó el escrito de acusación y aún no ha iniciado el juicio, por eso la pedimos y hoy ya está libre”.
Así mismo, el 10 de febrero de este año, un juez dejó en libertad a Jesús Pantoja, quien trabajó como secretario general de la institución.
La fiscalía apeló la decisión del juez con el argumento de que estas personas hicieron parte de un grupo de delincuencia organizada, lo que indica según la ley, que los términos se extienden hasta 500 días.
El ente acusador señaló que durante el desarrollo de la investigación contra los procesados y siete personas más, “se incluyó la categoría de Grupo de Delincuencia Organizada o GDO para la judicialización de las personas procesadas; y por tanto, los términos para el inicio del juicio son diferentes. Sin embargo en esta ocasión el juez de garantías concluyó que no se podría confirmar la categoría de GDO para los procesados lo que derivó en el beneficio judicial”, señaló la Fiscalía.
El comunicado agrega que “la decisión justamente contradice una anterior en la que otro juez negó la libertad por vencimiento de términos del exrector de la Uniautónoma Ramsés Vargas, justamente por los argumentos expuestos por el fiscal del caso”.
Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.
Sin embargo, el juez que lleva el caso considera que no hay pruebas para vincularlos ni demostrar esto, por lo que ahora se debe esperar que un juez en segunda instancia decida el futuro de los implicados al caso.
Adaptación de W Radio y El Heraldo
