Nov 13/19 Todo indica que el semestre académico de la U. Distrital no terminará este año. Una mezcla de poderes encontrados y evasión de responsabilidades raja a la educación superior pública.
A mitad de noviembre el panorama no es el mejor. Los estudiantes (indignados, muchos, por la situación, y otro pequeño grupo -con enorme influencia sobre la mayoría- con agenda política y capacidad de intimidación) no parecen estar interesados en teminar el semestre académico, por lo menos no antes del 21 de noviembre, cuando se anuncia el paro nacional.
No parecen importar razones y esfuerzos por suspender el paro, los universitarios ya “están montados” en él y así como no escucharon el llamado de la ciudadanía a no protestar el 31 de octubre, tampoco parece que lo harán para el 21. Se ratifican en el derecho legítimo a la protesta y quieren hacerse sentir ese día.
Ayer una vez más se tomaron “pacíficamente” las instalaciones de la rectoría y oficinas administrativas, con lo que debieron ser desalojados cerca de 300 funcionarios, en un acto de sabotaje, disfrazado de protesta.
“La toma de la sede administrativa fue informada previamente en redes sociales mediante un comunicado en el cual los estudiantes afirman que dicha toma es el mecanismo a través del cual exigen, al Consejo Superior Universitario (CSU), la aprobación de la asamblea universitaria. Cabe recordar que los hechos que se vienen presentando alrededor de las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas afectan el calendario académico y le representan un alto costo económico y humano a la universidad”. Así reza el comunicado de la Universidad, que como es costumbre en las universidades públicas no pasan de lamentar los hechos.
I-rresponsabilidades compartidas
Detrás de estas protestas están líderes estudiantiles (e infiltrados, que es como se llama a los vándalos y terroristas que los medios no se atreven a calificar como estudiantes, en muchos casos), que son agitadores profesionales (financiados para armarse por algunos grupos de extrema izquierda interesados en la anarquía, y otros financiados grupos políticos, para oxigenar su discurso, interesados en unir a los movimientos estudiantiles de las universidades públicas, y uno que otro que se anima de las universidades privadas), que sólo adquieren protagonismo cuando la universidad se paraliza.
En este caldo de cultivo cualquier disculpa es válida, así estos no sean motivos de carácter explícitamente universitarios. Las posibles reformas laboral, pensional, la situación de los indígenas, decisiones de gobierno en política internacional…. Cualquier tema vale.
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Dicen los estudiantes que la universidad no puede ser ajena a la realidad social del país y por ello se justifica su intervención en todas estas “batallas ideológicas”. Puede ser, pero para ser coherentes con su esencia universitaria, es en el debate de ideas, en los foros académicos, en los pronunciamientos argumentados y en las redes sociales en donde cobra sentido su participación y no en acciones violentas, de parálisis de la movilidad, de intranquilidad y de afectación de la rutina de las ciudades.
Al caso de la Distrital se suma un tema de no menor importancia, cual es el de las acusaciones de corrupción por la pérdida de más de 10 mil millones de pesos a manos del exdirector de Extensión, Wilman Muñoz, hoy inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por 20 años, en un caso que no ha terminado de escribirse, que tiene involucrados a dos exrectores (Boris Bustamante e Inocencio Bahamón), que salpicó al actual (Ricardo García) -básicamente por haber actuado de forma “blanda” frente a la crisis que descubrió- y en un escándalo que seguramente traerá más capítulos sosprendentes sobre el uso y abuso de la Universidad de parte de quienes quieren privatizar los dineros públicos.
“Estoy de acuerdo en abrirle camino a la Asamblea Universitaria a través del diálogo. Sigo firme en mi compromiso de denunciar la corrupción y hago un llamado a los estudiantes a que salvemos el semestre”, dice el aún en licencia rector Ricardo García en un intento por recuperar la debilitada gobernabilidad.
El mismo llamado a realizar una asamblea lo han hecho otros rectores, pero el tema ha sido dilatado.
Pero la lista de responsables es más larga:
El exalcalde Petro (quien defiende la protesta social), porque fue el presidente del Consejo Superior en momentos en que se inició el carrusel del derroche de parte de Wilman Muñoz.
El hoy alcalde Peñalosa, quien no ve a la Universidad Distrital como la casa de estudios de la ciudad sino como un “sujeto social” que causa desórdenes en la ciudad, y olvida que su secretaria de Educación lo representa allí y debería actuar con más celeridad para pedir la rendición de cuentas y las investigaciones necesarias.
Los exrectores, rector (e), directivos y profesores de la Universidad que, como se dice popularmente, han pasado agachados (por comodidad?, por miedo?, por desinterés?) frente a una situación que no es nueva, una institución que demanda una revisión más detallada de algunas de sus prácticas de contratación, elección y definición de poder.
La misma ministra de Educación, María Victoria Angulo, y sus asesores, que conocen bien la historia de esta Universidad, como responsables del Ministerio y la política pública del sector, pero también como exsecretaria de Educación de Bogotá, cuando fue ella misma la que presidió la sesión del Consejo Superior que eligió a Ricardo García, y que por silencio, complicidad, miedo o falta de investigación, nunca expresaron nada frente a la crisis derivada del hallazgo del robo de Muñoz.
El SUE, que calla por la situación de la Distrital, misma que está ayudando a incendiar el ambiente en sus propias universidades, mucho más por el renacer de la riesgosa idea de una Asamblea Universitaria, en la que algunos estudiantes y profesores rescatan los principios de la enterrada Mesa Ampliada Nacional Estudiantil MANE, que en 2011 clamaba por un cogobierno univesitario, y cuya discusión el país académico nunca se ha permitido, pero que quererla imponer sin un fundamento real sobre pros y contras de su impacto en el gobierno y gestión de la universidad pública sería más perjudicial que benéfica.
Uniatlántico, otra en riesgo de perder el semestre
Similar situación se vive también en la Universidad del Atlántico, que no logra retornar a al normalidad tras la renuncia del rector Prasca. Otra universidad dominada por unos pocos con una agenda política.
“El Consejo Académico, en sesión extraordinaria realizada el día 12 de noviembre de 2019, consciente de la problemática que atraviesa la educación superior y en especial la Universidad del Atlántico, considera que la concertación entre docentes, estudiantes, trabajadores y directivos permitirá encontrar salidas a estas dificultades.
Acorde con lo planteado anteriormente, se hace un llamado al diálogo para generar espacios de confianza que permitan que los estudiantes presenten sus inquietudes y propuestas, en aras de encontrar soluciones consensuadas que posibiliten superar el estado de anormalidad académico-administrativa, el cual repercute en los procesos misionales de nuestra alma mater, como lo son: docencia, investigación, extensión y proyección social.
En la búsqueda del consenso, el Consejo Académico propone la creación de una comisión de cinco integrantes de este cuerpo colegiado, quienes tendrán la tarea de establecer canales de concertación con el estamento estudiantil.
Teniendo en cuenta que la inactividad académico-administrativa genera impacto en los procesos de grados, subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, visita de pares con fines de acreditación de programas, inscripciones de nuevos estudiantes, ejecución de proyectos de investigación, extensión y proyección social, participación en convocatorias internas y externas de investigación, intercambios estudiantiles y de docentes, pago de salarios a docentes y administrativos, entre otros; el Consejo Académico invita fraternalmente a los estudiantes a la apertura de las áreas administrativas y las unidades académicas, sin que ello signifique la renuncia de sus reivindicaciones”.
Entre tanto, los estudiantes parecen estar contentos con la inactividad. Así sean minoría los promotores, la indiferencia de la mayoría hace igual o más daño.
