Feb 23/21 Mientras que entre 2010 y 2019 el promedio de las transferencias del Gobierno Nacional a las universidades públicas fue de 3.86%, los gastos e inversiones de estas subieron en 5 puntos porcentuales adicionales a este aporte.
Esto explica el desfinancimiento recurrente que, desde la aparición de la Ley 30 de 1992, los rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, ha denunciado.
El problema surge con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que definió que las transferencias de la Nación a las Universidades se ajustarían año a año, con el IPC aplicado al presupuesto otorgado en la vigencia anterior, en fórmula que se viene utilizando a partir del año 1.993. Pero, según un análisis del SUE, este aporte en pesos constantes no se ajusta a la canasta de las Universidades, pues sus gastos doblan los índices de inflación, es decir, aumentan en promedio cerca de un 9% anual y los Gastos de Personal un 9,26% anual, lo que corresponde a un incremento de 5 puntos porcentuales por encima del IPC.
Así lo ha confirmado una vez más la Comisión Técnica Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal SUE, liderados por el la UTP, Fernando Noreña Jaramillo, que ha actualizado su estudio con respecto a los recursos que, a juicio de estas IES, debería transferir el Estado para que la matrícula en las universidades públicas represente al menos el 50% del total del sistema universitario.
La “Propuesta de modelo de asignación de recursos Nación a las universiaddes públicas en Colombia“, trabaja sobre el supuesto de los aportes que el Gobierno Nacional debe dar a las 32 universidades públicas del país, pero desconoce la complejidad del resto del sistema, aunque en su motivación la propuesta señala que “constituye un gran reto académico, técnico y político encontrar y adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas, el cual debe reconocer la complejidad del sistema y su diversidad a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales e incluso sociales que caracterizan nuestra realidad nacional”.
Aunque el documento habla de “fomentar la cooperación y no la rivalidad entre los actores del sistema y el ecosistema de educación, ciencia y tecnología, la innovación y el emprendimiento con alto valor”, sólo habla de los recursos para las 32 universidades públicas, pero desconoce la complejidad real del resto de IES pública del sector.
Las cifras del estudio, que se puede descargar haciendo clic aquí, que llegan a 2.019, demandarían una obligatoria actualización de parte del Estado (Mineducación, Icetex, Minhacienda), no sólo para validar los números, sino también para ver el impacto de los aportes adicionales que el Gobierno ha venido haciendo tras el acuerdo con estudiantes y profesores de diciembre de 2.018.
