UIS cobra a posibles contratistas 10 millones por ver términos de megacontrato

Mayo 6/22 Tercera posesión rectoral de Hernán Porras llegó con una noticia sobre la forma como la UIS “usa” su autonomía para cobrar por mostrar los términos de una licitación.

La UIS es una de las beneficiarias de las inversiones del Gobierno Nacional a través del Pacto Funcional Santander 2022, con el que la IES podrá construir una moderna instalación para su Facultad de Salud, con una inversión que supera los 111 mil millones de pesos.

Lo que ha sorprendido es que la Universidad haya decidido cobrar 10 millones de pesos, no reembolsables, a los posibles oferentes interesados en participar de la licitación, que no se desarrolla en el marco de la Ley 80 de 1992 (estatuto general de contratación) por cuanto la institución se rige por convenios interadministrativos, producto de su fuero especial como universidad pública.

El siguiente es el texto de la denuncia presentada por W Radio:

Es un proyecto para el mejoramiento de la facultad de salud de la Universidad Industrial de Santander, UIS, que tiene la inversión de más de 111 mil millones de pesos.

De este proceso, se está solicitando a los oferentes que paguen 10 millones de pesos, no reembolsables, para poder conocer el pliego de condiciones.

Esta petición podría limitar la lista de participantes en este proceso, ya que muchas empresas no invertirían este dinero para aplicar.

Por eso desde el Comité de Transparencia por Santander, se emite una alerta y se sugiere a la institución quitar el requisito para que se amplíen los participantes. Marcela Pabón, explicó que los 111 mil millones de pesos vienen del Pacto Funcional con la Gobernación de Santander.

De este proceso de contratación, en el cual se solicitan 10 millones de pesos a los oferentes, no es ilegal, ya que la UIS no rige bajo la ley 80, y tiene un régimen contractual para universidades públicas.

“La Universidad tiene un régimen contractual, y tiene esa posibilidad, y existen acuerdos en el que se faculta al rector a cobrar este tipo de conceptos, sin embargo, nos preocupa, porque son 10 millones de pesos que cuestan para acceder a los pliegos de condiciones. En este momento que estamos en borradores se puede revisar, pero el hecho de cobrar esta plata para poder participar hace que se limite la participación, además, que no son reembolsables, como se expresa, es una práctica que solicitamos que se retire”.

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