Nov/24 La crisis de la educación superior va más allá de si hay recursos o no para el Icetex. Es un asunto mucho más preocupante y estructural. Análisis de Carlos Mario Lopera, director de www.universidad.edu.co
Por los hechos, las cifras, la incertidumbre, la desconfianza, la incoherencia y la ausencia de políticas y de un norte claro, el sistema de educación superior colombiano enfrenta el más crítico momento conocido por la actual generación de directivos y universitarios.
Este gobierno se ha encargado de profundizar la crisis y de llevarla a dimensiones inimaginadas hace poco (con el temor de que empeore), y si bien muchos indicadores vienen de años y décadas atrás, todo indica que los próximos dos años serán iguales o peores. Cuando el reloj de esta administración ya está en cuenta regresiva, es claro que el gobierno Petro ha incumplido y, peor aún, agravado las condiciones de operación del sistema de educación superior.
Con muchos fallos, hay que reconocer que, en la vida de la Ley 30 de 1992, los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque respetaron la institucionalidad allí definida y, en general, sus ministros de Educación siempre recurrieron al diálogo, la concertación, el respeto de la normatividad y el cumplimiento de los compromisos. Gradualmente, con polémicas y normales discusiones políticas, técnicas y académicas, la universidad colombiana fue ganando espacio en cobertura, presencia, oferta, autonomía, gobierno y acceso pero, sobre todo, siempre contó con un marco de cordialidad y de respeto de parte del Estado.
Los Mineducación de Gaviria, Samper y Pastrana poco prometieron, y mínima visibilidad y presupuesto tuvieron, pero trabajaron por reglamentar la Ley 30 e ir consolidando un prometedor sistema de aseguramiento de la calidad. Con Uribe se hizo una bienintencionada, aunque frustrada, apuesta por la formación técnica y tecnológica, y se aumentó cobertura. Santos intentó, con muchas críticas, pero dentro de la institucionalidad, buscar una reforma de la Ley 30, y ni siquiera la administración de su ministra Gina Parody (mal recordada por su estilo impositivo, no dialogante y con programas que, todos, se vinieron a menos) generó tanta inseguridad institucional como hoy. Parody por lo menos gestionó recursos y dio visibilidad a la educación superior, escasos hasta entonces. Y con María Victoria Angulo, en el gobierno Duque, el sector se ilusionó que la calidad cobraría un papel esencial para el crecimiento del sistema, y se sobrevivió a la pandemia y potenció la gratuidad, o matrícula cero.
Pero con Petro es como si la premisa fuera patear todo lo existente, desconocerlo sin siquiera hacer una evaluación técnica rigurosa, generar caos e incertidumbre populista y mover los cimientos de la estructura de la ley y del sistema de educación superior, sin mostrar una alternativa válida. Petro llevó como ministro a Alejandro Gaviria, que se ahogó entre su discurso, su pugnacidad con el presidente y su falta de gestión; puso a Aurora Vergara, cuya inocencia naufragó en medio del discurso político del primer mandatario; y ahora tiene a Daniel Rojas y un gran su séquito de seguidores ideológicos (designados en los consejos superiores, otros funcionarios públicos activistas, sindicatos docentes ciegamente apasionados por defender el proyecto político del gobierno, y el cómplice silencio de algunos rectores y asociaciones que no se atreven a cuestionar críticamente como debe ser), muchos de ellos peligrosamente ignorantes sobre educación superior y gestión pública y ajenos a evaluar, con prudencia, los impactos del populismo, las promesas sin presupuesto y el imposible de construir academia en medio del discurso sectario.
En los anteriores gobiernos siempre se criticó la ausencia de un debate nacional sobre la educación superior, la desarticulación del sistema, la falta de protagonismo internacional, el desconocimiento de otras modalidades y oferentes educativos, la tramitología y rigor retardatario del Ministerio de Educación, la designación de directivos sectoriales con bajos perfiles, la confusión normativa, la lentitud de los procesos de convalidación y la inexistencia de un real diálogo con todo el sector para definir los parámetros de un nuevo sistema de educación superior, entre otros.
Y hoy, todo esto no solo se mantiene sino que se ha agravado. El sector se ve sin recursos, sin concertación, sin proyecto de país desde la educación, sin un compromiso real con la calidad y de espaldas a las nuevas tendencias de la universidad en el contexto global; el sector privado se ve completamente desprotegido y sin programas de fomento; las IES públicas ven con terror que el Estado incumpla los compromisos adquiridos (y ya ejecutados) frente al pago de la política de gratuidad; los estudiantes, presentes y potenciales beneficiarios del Icetex, no saben si podrán acceder al crédito y matricularse el próximo año; el Estado cree que los estudiantes de bajos recursos de IES privadas no son colombianos; la promesa de 500 mil nuevos cupos puede terminar convirtiéndose, al finalizar 2026, en un balance negativo; las anunciadas decenas de nuevas IES solo se ha quedado en eso; la reforma del Icetex ha patinado por más de dos años y a la fecha no se sabe cómo será; la ley estatutaria de educación terminó siendo un capricho, sin respaldo gubernamental, de la exministra Vergara; la esperada reforma a la Ley 30 de 1992 tampoco será posible en este gobierno, porque no hay voluntad, concertación ni conocimiento al respecto; hasta la reforma de los artículos 86 y 87 de la misma Ley 30 sigue durmiendo en un escritorio del Congreso sin siquiera llegar a primer debate; el gobierno violenta la autonomía universitaria y de forma caprichosa y acomodada impone rector en la principal universidad pública del país, bajo el argumento de defender el resultado de las mayorías de la comunidad universitaria, pero en otras universidades donde su candidato no gana la consulta, se hace el bobo y busca maniobras para evitar que el ganador se posesione; desconoce el principio elemental del sector educativo de dialogar más que imponer, y así es como, por ejemplo, está peleado con los gobernantes de Antioquia y Medellín, por la Universidad de Antioquia; con las universidades privadas, a las que estigmatiza; con la alcaldía de Bogotá, por pugna política; con los congresistas de la oposición (que ahora son mayoría) porque -dice- los quiere tumbar y por eso no presenta proyectos, y con el propio Icetex (que tiene origen gubernamental), porque no lo quiere ver existir, pero no da alternativas … y la lista sigue aumentando.
A riesgo de ser calificado de fascista, por el presidente Petro; de indolente con el pueblo oprimido, por parte del ministro Rojas; o ignorado por el tradicional silencio del viceministro Moreno Patiño, hay que señalar que, la realidad objetiva, las promesas incumplidas, el populismo en extremo, la peligrosa confrontación para tratar de intimidar a los críticos, y la pobreza en el discurso técnico académico, confirman que el gobierno que prometió el cambio y tanto hablaba de preocuparse por los estudiantes, y de ofrecer educación pública, gratuita y de calidad, ha sido un completo fracaso para la educación superior.
Este sector no resiste más un ministro que, por sus formas, formación y mensaje, trapeó con la dignidad ministerial; que en vez de concertar se deleita azuzando a todo aquel que no esté de acuerdo con la incoherencia y el populismo del presidente Petro, y una institucionalidad que en vez de defender los logros de la educación superior (tales como la autonomía, el sistema mixto, la financiación desde el Icetex, y el auto-gobierno universitario, entre otros), la cuestione y no le dé recursos, que carezca de argumentos, y muestre ejemplos incoherentes y con personas sin el mérito intelectual y académico para dirigirla.
La solución va más allá de esperar el cambio de estilo y de pensamiento del ministro y de su equipo (algo casi imposible), pues todo parece corresponder a un libreto, estructurado o no, desde el Palacio de Nariño. No hay certeza alguna de que un posible nuevo ministro sea mejor que el actual.
Mientras que el presidente y el ministro se agarran, cuales gamines en la calle, con cualquiera que les niegue algo, el sector se sigue desintegrando, la pretendida masificación de la cobertura se traduce en desempleo calificado; las IES, desesperadas, siguen creciendo en programas sin sentido; el Estado se desentiende de ofertas que no pasan por el Ministerio; y la educación superior deja de ser una palanca impulsora del desarrollo nacional y en cambio se convierte (convirtió) en un mercado no controlado, violento y salvaje, en donde más que académicos se ven comerciantes y oferentes de programas académicos para un país que desconoce cuál será su futuro profesional y laboral en el mediano plazo, y para qué sirve su universidad.
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Los Puntos sobre las IES: El libro “Los puntos sobre las IES. Verdades, preguntas y paradojas que deben conocer los directivos de las Instituciones de Educación Superior para no frustrarse en la dirección universitaria”, de mi autoría, pretende orientar en torno de lo que significa la universidad y la educación superior en un país como el nuestro, los reales alcances de una política pública, las tensiones e intereses de los actores del sistema de educación superior, los desafíos para ser un buen rector (y hasta ministro), y lo que la universidad debe hacer para sobrevivir a estos momentos de cambio permanente, entre otros aspectos.
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