Una muy amplia legislación acompaña el respeto y la dignidad de la mujer en la academia
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Una muy amplia legislación acompaña el respeto y la dignidad de la mujer en la academia

Marzo 7/25 A propósito de la celebración mundial del Día de la Mujer, cada día son las más IES que fortalecen la reflexión de sus comunidades en torno de la defensa y reconocimiento de la mujer, mucho más en LA academia (femenino), espacio para el crecimiento de éstas y de la convivencia humana.

A propósito de esto, El Observatorio de la Universidad Colombiana se permite presentar el apartado que sobre normatividad internacional y legislación nacional existe sobre cero tolerancia, respeto a la mujer, promoción de género y eliminación de todas forma de discriminación contra la mujer, recopilada por la Universidad del Magdalena, no sólo en homenaje y consideración a las mujeres, sino como una forma de contribuir a la sensibilización de las comunidades universitarias, con miras a la implementación de protocolos institucionales para la prevención y atención de casos de violencia basada en género.

Además de los principios de la naturaleza y la ética humana, el respeto a la dignidad de la mujer está concebido desde la promulgación de la Constitución Política en 1991, que establece la igualdad como un principio fundamental, hasta la creación de leyes específicas como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1952 de 2022.

También existen otras normas como:

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Declaración de Beijing: https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Convención de Belém do Pará:OEA – Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo

Sitio de ONU Mujeres: https://www.unwomen.org/es

Por su parte, la Sentencia T-096 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia abordó la necesidad de que las instituciones de educación superior implementen protocolos efectivos para prevenir y atender la violencia de género y el acoso sexual en el ámbito académico.

  1. Contexto: La sentencia surgió a partir de una acción de tutela interpuesta por una estudiante que alegó no recibir una respuesta adecuada de su universidad ante un caso de acoso sexual.
  2. Obligaciones Institucionales: La Corte estableció que las universidades tienen la obligación de proteger a sus estudiantes y crear un ambiente educativo seguro. Esto implica la implementación de protocolos claros para la atención de casos de violencia de género.
  3. Capacitación y Sensibilización: Se destacó la importancia de capacitar al personal educativo sobre temas de género y derechos humanos, para asegurar que las denuncias sean manejadas con la seriedad y sensibilidad requeridas.
  4. Prevención de la Violencia: La Corte instó a las instituciones a desarrollar programas de sensibilización que promuevan la igualdad de género y prevengan la violencia, involucrando a toda la comunidad académica.
  5. Colaboración: Se enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con otras organizaciones y entidades que promuevan los derechos de las mujeres.

Dicha sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito educativo, alineándose con los compromisos internacionales de Colombia y reforzando la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la violencia de género.

Hay una ley que establece disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior. Es la Ley 1996 de 2019, que busca garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes en las universidades. Obliga a las instituciones a implementar protocolos claros para la atención de casos de violencia de género y acoso, así como a formar a su personal en temas de igualdad de género. Además, se promueve la creación de espacios de denuncia anónima y segura, lo que permite a las víctimas reportar situaciones de violencia sin temor a represalias.

Exige a las universidades y centros de educación superior implementar políticas y protocolos de atención y prevención de la violencia de género, y promueve la capacitación de personal académico y administrativo en temas de igualdad de género y prevención de la violencia.

El Decreto 1330 de 2020 «por el cual se regula el protocolo de atención y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo», establece un marco normativo que orienta a las instituciones educativas sobre cómo prevenir y atender la violencia de género. Incluye lineamientos para la creación de rutas de atención, mecanismos de denuncia y procedimientos claros para investigar y sancionar casos de violencia de género. El objetivo es fomentar un ambiente educativo libre de violencia y discriminación, promoviendo el respeto y la equidad entre estudiantes y docentes.

Asimismo, la Ley 1952 de 2022 «Por la cual se establecen disposiciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia de género en el ámbito educativo» se enfoca en proteger a estudiantes de acoso sexual y otras formas de violencia en instituciones educativas. Obliga a las universidades a crear protocolos claros para la atención de denuncias, garantizando medidas de protección para las víctimas y la implementación de programas de sensibilización sobre género para toda la comunidad académica. Se busca fomentar una cultura de respeto y cuidado, que promueva la dignidad de todas las personas en el ámbito educativo.

Finalmente, la Ley 2365 de 2024 «Por la cual se establecen disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el trabajo» establece un marco claro para proteger a las trabajadoras y trabajadores frente a la violencia de género en el entorno laboral. Obliga a los empleadores a implementar políticas y protocolos de prevención y atención ante situaciones de violencia de género, garantizando un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. También se establecen mecanismos para la denuncia de casos de acoso laboral y violencia de género, así como sanciones para los responsables. Se

Accesos a la normatividad:

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