Feb 19/26 Con una explícita molestia por haber “perdido” la batalla legal y considerado que sus argumentos y la autonomía, dicen, se desconocieron, los consejeros pro-gobierno de la U. Nacional respetaron el fallo del Tribunal de Bogotá y votaron por la terminación del encargo de Andrés Felipe Mora y, en consecuencia, la llegada de la rectoría en propiedad de José Ismael Peña Reyes (foto).
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia realizó hoy una sesión extraordinaria para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó “hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector” por parte de José Ismael Peña. La decisión judicial se produjo tras resolver una tutela interpuesta por Peña, en la que alegó vulneración de sus derechos fundamentales al no permitírsele ejercer el cargo para el cual había sido elegido mediante el Acta 05 de marzo de 2024, acto que nunca fue anulado ni suspendido.
Lea: Tribunal ordena a la UNAL posesionar a Peña como rector, pese a rechazo del CSU
Durante la sesión, varios consejeros expresaron su inconformidad con el fallo, señalando que la decisión judicial desconoce la autonomía universitaria y las interpretaciones que el propio CSU había hecho del pronunciamiento previo del Consejo de Estado, que había negado la nulidad del acto de elección pero sin ordenar su posesión, y en cambio designar a como rector en encargo a Andrés Felipe Mora, “heredero” de Leopoldo Múnera Ruiz. Aun así, la mayoría del CSU votó a favor de acatar la orden judicial, permitiendo la posesión de Peña.
Argumentos expuestos a favor de acatar el fallo
– El acto de elección de Peña seguía vigente y con presunción de legalidad, al no haber sido anulado por la jurisdicción contenciosa.
– La tutela reconoció que impedirle ejercer el cargo vulneraba derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a funciones públicas.
– El CSU estaba obligado a cumplir la orden judicial, independientemente de sus consideraciones políticas o interpretativas.
– Acatar el fallo evitaba un conflicto mayor entre la Universidad y la jurisdicción constitucional.
Argumentos expuestos en contra
– Los consejeros afines al Gobierno (especialmente el propio viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, las designadas del presidente Petro y la representante estudiantil) señalaron que la decisión judicial reducía el margen de autonomía universitaria para interpretar y aplicar los fallos del Consejo de Estado.
– Se advirtió que la posesión de Peña desconoce el mandato político expresado en la consulta estamental, que había favorecido a Leopoldo Múnera.
– Se alertó sobre el riesgo de profundizar la crisis de gobernabilidad interna y la conflictividad en sedes y facultades.
– Algunos consejeros insistieron en que el CSU sí tenía facultades para adoptar decisiones administrativas posteriores al fallo del Consejo de Estado sin vulnerar la legalidad.
– María Alejandra Rojas (una de las designadas del presidente Petro) pidió que se elevara a la Corte Constitucional una revisión del fallo del Tribunal Superior de Bogotá.
La resolución aprobada permitió formalizar la posesión de José Ismael Peña como rector en propiedad, quien inicialmente llegará al cargo hasta el primer semestre de 2027.
Por ahora se comienzan a conocer las renuncias de vicerrectores y directores de sede, al tiempo que el cuerpo de decanos hizo un llamado a respetar la institucionalidad a través de la legalidad.
Lecciones que deja la historia de la UNAL
– Diseño institucional vulnerable: el modelo de elección —consulta no vinculante y decisión final del CSU— genera tensiones recurrentes entre legalidad formal y legitimidad política.
– Judicialización creciente: la falta de mecanismos internos robustos para resolver disputas abre la puerta a que los jueces terminen definiendo la conducción universitaria.
– Autonomía en tensión: la crisis mostró los límites prácticos de la autonomía cuando existen actos administrativos vigentes y órdenes judiciales de obligatorio cumplimiento.
– Politización del CSU: la composición del órgano, con participación de delegados del Gobierno y del Presidente, convierte la elección de rector en un escenario de disputa nacional.
– Necesidad de reforma estatutaria: la situación reactivó el debate sobre la urgencia de actualizar el Estatuto General y redefinir el sistema de elección de rector para evitar crisis similares.
Con la posesión de Peña, se cierra el capítulo jurídico inmediato, pero persisten los retos políticos y estatutarios que la Universidad deberá enfrentar para recuperar estabilidad y legitimidad interna.
Clic para ver el video de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario
