Agosto 5/26 En Uniatlántico no se sabe exactamente quién es el rector en propiedad. El Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió la actuación de Mineducación. Leyton Barrios tiene la puerta abierta para regresar. Rafael Castillo esgrime sus argumentos jurídicos y, en últimas, no se conoce qué dirá el nuevo gobierno nacional que se posesionará esta semana.
Detrás de la rectoría hay una pelea política entre la Casa Char (el grupo político de la Gobernación y Alcaldía de Barranquilla), que el año pasado apoyó la opción de Leyton Barrios a la Rectoría, y que en elecciones presidenciales se alineó con hoy presidente Abelardo de la Espriella, y el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro, su ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín e, incluso, el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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El contexto de la situación
Durante el segundo semestre de 2025 se avanzó en la búsqueda de rector en propiedad. Leyton Barrios, con el apoyo de la Casa Char, ganó la rectoría, pese a la oposición del Ministerio de Educación Nacional, pero una inconsistencia en la documentación que aportó sobre su experiencia docente llevó a que solo ocupara el cargo por pocos días, y a que el Ministerio impusiera medidas de inspección y vigilancia y designara como rector en encargo a Rafael Castillo Pacheco, políticamente alineado con el gobierno saliente.
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Curiosamente, mientras que por la misma época el Ministerio cambió al rector de la Universidad de Antioquia, un semestre después esa universidad ya hizo nuevas elecciones y posesionó a nuevo rector en propiedad, en Uniatlántico Rafael Castillo se fue posesionando del cargo, sin intervención alguna del Consejo Superior.
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El anunciado regreso de Leyton Barrios
En una actuación jurídica, que para algunos parece tener un tono político, antier el Tribunal Administrativo del Atlántico, produjo un fallo que mueve el panorama que se venía dando en Uniatlántico.
Suspendió provisionalmente las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Educación Nacional había ordenado la vigilancia especial sobre la institución, con lo que se cae la suspensión que se hizo de Leyton Barrios, con las resoluciones 022126 de 2025, que ordenó la vigilancia especial, y 023896 de 2025, mediante la cual fue separado del cargo, con lo que se interpreta que Rafael Castillo no podría continuar como rector y Barrios regresar.
Pero, la decisión del Tribunal no resuelve aún de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por Leyton Barrios Torres.
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Argumentos de la defensa que validó el tribunal
El Ministerio de Educación argumentó que la Resolución 022126 del 14 de noviembre de 2025 (que decretó la vigilancia especial) justificó la medida en una supuesta «interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación». Sin embargo, los hechos en los que se basó el MEN correspondían a protestas estamentales y alteraciones político-electorales dentro del alma máter, y la Ley 1740 de 2014 prohíbe expresamente utilizar como fundamento de vigilancia especial las interrupciones motivadas por protestas de la comunidad educativa.
La Resolución 023896 del 11 de diciembre de 2025 (que ordenó la separación de Leyton Barrios de la rectoría y nombró un reemplazo encargado) fue expedida sin que existiera un requerimiento previo ni un informe técnico del inspector in situ que demostrara que el rector hubiese obstaculizado la función de inspección o incumplido los mandatos de la vigilancia. No se halló evaluación ni informe técnico del inspector asignado que acreditara objetivamente que el rector Barrios hubiera entorpecido las labores del Ministerio o desatendido las órdenes de la vigilancia, requisito necesario para ordenar la remoción o suspensión del rector electo.
También se alegó la falta de garantías procesales y la fijación de plazos irrazonables para responder a los requerimientos administrativos antes de imponer la medida. El Tribunal identificó que transcurrieron únicamente cinco días hábiles entre las exigencias impuestas por el Ministerio de Educación y la expedición de la resolución que apartó al rector de su cargo, un término considerado insuficiente para garantizar el derecho de defensa y el cumplimiento de lo requerido.
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¿Horas contadas para Rafael Castillo?
Castillo Pacheco emitió un comunicado en el que no dejó plena claridad sobre su actuar, pero da la sensación de pelear y querer continuar: “Como ciudadano respetuoso de las instituciones y como rector de esta universidad, expreso mi absoluto respeto por las decisiones judiciales y por la autonomía de los jueces de la República. Precisamente por ese respeto, ejerceremos los mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico prevé para solicitar la aclaración y complementación de algunos aspectos de la providencia, con el único propósito de que exista plena certeza sobre su alcance y sobre la forma en que debe ejecutarse”.
Pero su permanencia está en vilo. La Procuraduría Regional de Instrucción lo requirió urgentemente a cesar sus funciones y entregar la rectoría a Leyton Daniel Barrios Torres.
La Procuraduría también rechazó que una solicitud de aclaración pueda retrasar el cumplimiento del fallo. Según el oficio, las medidas cautelares deben ejecutarse inmediatamente, incluso cuando existan recursos, recusaciones o peticiones pendientes ante el tribunal.
Así, Castillo Pacheco ya no tendría investidura ni competencia para firmar actos administrativos, celebrar contratos o ejercer funciones propias del rector. Hacerlo podría derivar en procesos por presunto fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas y faltas disciplinarias.
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Pliego de cargos del Ministerio al Consejo Superior y Comité de Garantías
Casi al tiempo del fallo del Tribunal se conoció que, con fecha 14 de julio, el Ministerio de Educación formuló pliego de cargos contra los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y del Comité de Credenciales, por la elección de Leyton Barrios Torres como rector, al considerar que estos actuaron de forma indebida al permitir el avance del proceso de elección de rector con la validación de la candidatura de Barrios pese a que se dio inconsistencia en los soportes que éste entregó para justificar su experiencia docente de la Corporación Universitaria Americana, de Barranquilla.
Por ello, el saliente Ministerio decidió formular pliego de cargos contra JOSEFA CASSIANI PÉREZ, como Rectora (E), Secretaria General y miembro del Comité de Credenciales, SALOMÓN ELIAS MEJÍA SÁNCHEZ, Jefe de Gestión Humana, MARÍA ANDREA BOCANEGRA JIMÉNEZ, Jefe de la Oficina Jurídica, EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, Gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior, MIGUEL ANTONIO CARO CANDEZANO, Representante de las Directivas Académicas, ABRAHAM SCOLL GONZÁLEZ TINOCO, Representante de los Egresados, MANUEL TERCERO FERNÁNDEZ ARIZA, Representante del Sector Productivo, y ANGELY LORAINE DÍAZ CORDERO, Representante de los estudiantes.
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Ambos rectores dialogan para buscar salida
Hoy no se sabe exactamente qué pasará con la Rectoría, ni qué posición asumirá el nuevo gobierno que cambiará a sus representantes en el Consejo Superior.
Por ahora, el gobernador Eduardo Verano indicó que el CSU pedirá ampliación del fallo para aclarar su alcance y determinar cómo debe aplicarse frente a las circunstancias que han surgido.
Inicialmente el próximo CSU se hará el 23 de agosto, pero el entorno indica que muchos hechos pasarán antes.
Por ahora, tanto Barrios como Castillo, y los abogados de ambos, intentan hallar una solución.
Cualquier cosa puede pasar en la Universidad, y no sería raro que el rector definitivo sea otro.
