El Observatorio de la Universidad Colombiana




Uniatlántico: Gobernadora pide comprometer dineros futuros de la U. hasta 2023

Agosto 18/20 Para celebrar contratos de obras, la gobernadora y presidenta del Consejo Superior, Elsa Noguera, pide a la asamblea comprometer vigencias futuras. Cuestionan decisión.

Se trata del proyecto de ordenanza departamental “por medio de la cual se autoriza a la administración departamental para comprometer recursos de vigencias futuras, de los años fiscales 2021, 2022 y 2023, y celebrar contratos y/o convenios para la ejecución de obras públicas en la Universidad del Atlántico, y se dictan otras disposiciones”. Clic para ver la propuesta

La iniciativa surge de la Gobernadora, como máxima autoridad del Departamento, mas no como presidenta del Consejo Superior.

Es decir, la Gobernación busca adelantar cerca de 40 mil millones de recursos, por llegar, de la estampilla pro ciudadela universitaria, que es un tributo parafiscal, con destinación específica para la construcción, dotación y mantenimiento de la ciudadela universitaria.

La intención del documento es gestionar recursos apra fortalecer, entre otras, la mejora en la infraestructura física de las sedes de la Universidad (Centro, Norte, Bellas Artes, SUAN -foto- y Sabanalarga), para mejorar la oferta educativa y la cobertura. Se espera, a 2023, pasar en número de estudiantes beneficiados de 24.113 a 26.348.

La solicitud se hace en un momento de difíciles condiciones institucionales que enfrenta la Universidad: Una delicada situación financiera (su patrimonio, al 31 de diciembre de 2019, es negativo, en 265 mil millones), un segundo rector encargado en lo corrido de 2020 (José Henao) y con incertidumbre de cuándo habría nuevo rector en propiedad tras la renuncia obligada de Carlos Prasca a finales de 2019), una actividad académica a medias por la pandemia, la duda sobre un proyecto académico institucional que comprometa a la comunidad en inversiones que signifiquen afectar, desde ya, vigencias futuras; y la forma como se hace el trámite, sin que sea una decisión colegiada de parte de la Universidad.

Según una denuncia del portal Corrupción al Día, “la Asamblea Departamental reglamentó la estampilla, promovida por el fallecido congresista José Name Teherán, y posteriormente el gobernador Gerardo Certain mediante un decreto, de su despacho, se quedó con el manejo de estos recursos, como si los mismos fueran departamentales. Para tal fin creó una secretaría de despacho con una Junta con cinco representantes que serían elegidos unos y designados otros. La junta la componen representantes de los estudiantes, de los profesores, de los egresados, del Presidente de la República, el gobernador y el rector de la Universidad con voz, pero sin voto”.

Hoy dicha junta no tiene representantes de los estudiantes, profesores, egresados. No obstante el documento presentado a la Asamblea informa que la Junta Ciudadela Universitaria del Atlántico aprobó la iniciativa el pasado 3 de marzo.

Es decir, los recursos de la Universidad se administran fuera de ésta, desde hace varios gobiernos, considerándose una afectación de la autonomía universitaria. Y así queda registrado en la petición, en la que se asume que los recursos son del Departamento y no de la Universidad.

“¿Cuál autonomía universitaria dicen algunos, si la gobernadora actual, no ha entendido que ella es solo la presidente del Consejo Superior y como tal no es autoridad ni administrativa, ni académica, ni legal, ni disciplinaria, ni presupuestal en la universidad?. Por eso no es raro verla presidiendo las ceremonias de grados en la universidad, entregando tabletas digitales y ayudas a los estudiantes, comunicando los hechos de la institución y presidiendo los Consejo Académicos, decidiendo su calendario académico o sugiriendo vincular la universidad a personas que por demandas perdieron el cargo de decano”, señala el citado portal.

Además, dice:

Comprometer las vigencias futuras de la Estampilla por ciudadela universitaria a través de la Asamblea Departamental y desconocer la autonomía presupuestal de la universidad, podría constituir posibles conductas de tipo penal, disciplinarias y fiscales, como prevaricato, extralimitación de funciones, abuso de poder, peculado por destinación oficial diferente, falsedad ideológica y violación del régimen de conflicto de intereses.

El Departamento tiene deudas con la universidad por un fallo judicial a favor de los pensionados.  El gobierno departamental se apropió del antiguo edificio del Colegio de Barranquilla y aún no ha resarcido ese bien a la Universidad. Por el uso de esos recursos de manera arbitraria la Corte Suprema investiga actualmente a un ex gobernador.

Compartir en redes