Junio 26/19 En septiembre de 2018 se sancionó la Ley 1937, que transformó a Unitrópico de IES privada a pública, pero no ha empezado a actuar como tal por falta de gestión, y recursos, de la gobernación del Casanare.
Jurídicamente, la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano – Unitrópico era una institución universitaria de carácter privado, que recibía mayoritariamente recursos públicos.
Con la Ley 1937, del 6 de septiembre de 2018, el Gobierno Nacional definió la naturaleza y régimen jurídico de Unitrópico, luego que la Corte Constitucional declarara infundadas las objeciones de inconstitucionalidad hechas por el Gobierno Nacional frente al proyecto de ley que autorizaba a la Asamblea Departamental de Casanare para definir la naturaleza de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano que pasaría a estar incorporada, a la luz de la Ley 30 de 1992, como una universidad oficial de carácter departamental.
Según la Ley, la IES “quedará organizada como Universidad Pública del orden departamental con sujeción a las particularidades de la Ley 30, sin necesidad de disolución”. Así, Unitrópico pasará a llamarse Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico).
El punto es que ya han pasado los seis meses de plazo que la Ley dio a la Asamblea Departamental de Casanare para expedir la Ordenanza de incorporación a la estructura administrativa de la institución, a fin de que el Ministerio de Educación Nacional la incluya en la lista de IES oficialmente reconocidas.
A hoy, los trámites no se han dado, pese a diversas reuniones entre el rector de Unitrópico, Oriol Jiménez, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez (foto), y el Ministerio de Educación Nacional.
El tema parece empantanado, pues pese a la orden de Ley ahora se pide que Unitrópico debe hacer el estudio de factibilidad socioeconómica para presentar al Ministerio, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
Luego viene el componente financiero que servirá de base para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público defina el monto de los aportes permanentes de la Nación a la Universidad.
