Univ. Pública frente al paro: Entre el protagonismo social y la manipulación del terrorismo

Nov 17/19 Policía Nacional dice que grupo guerrillero ELN tiene infiltradas 20 universidades, en momentos en que las protestas estudiantiles afectan la gobernabilidad de las mismas.

Según el general Óscar Atehortúa, director general de la Policía, la guerrilla del ELN habría creados unas ‘Escuelas de Formación’, con el objetivo de avanzar en las labores para ingresar a cada una de las universidades. Tienen un fondo económico de varios frentes de esta guerrilla para la compra de elementos y gastos de las movilizaciones organizadas por este grupo al margen de la ley. “Con ello pretenden hacer sabotaje, violencia y radicalización en el seno de estas movilizaciones”, informó.

Y la beligerancia en el discurso, las acciones de protesta en algunas universidades públicas, las armas que usan, los mensajes en redes sociales, la existencia de anónimos amenazantes y los bloqueos de aulas y accesos a oficinas de dirección de las universidades, dan argumentos para pensar que el general tendría razón.

Los hechos de los últimos días muestran comunidades universitarias exaltadas (con o sin motivos), con reacciones que superan un universitario debate civilizado.

A manera de ejemplo vale mencionar cómo los estudiantes de la Universidad Distrital no han querido regresar a clases y se han tomado instalaciones, pese a los avances en las investigaciones y la captura de responsable en el caso de corrupción y uso personal de recursos de la institución; los de la UIS tampoco están en clases, escudados en motivos que superan la propia dirección universitaria, similar a lo que pasa en la Universidad de Caldas; en Ibagué circulan panfletos amenazantes contra de profesores de la Universidad del Tolima, porque se “atrevieron” a dar clases paralelas a las asambleas; en Barranquilla el nuevo rector (e) de la Universidad del Atlántico no ha podido acceder a la IES porque los estudiantes tampoco lo permiten y el semestre académico está a punto de perderse; lo mismo que está próximo a pasar en la Pedagógica Nacional en donde los mismos estudiantes presionaron la salida física del rector Leonardo Fabio Martínez de las instalaciones de la Institución (ver video).

Otros casos permiten comprender, y preocuparse por el panorama, como los constantes enfrentamientos con el Esmad de los estudiantes de las universidades de Antioquia, la UPTC y del Valle, y hasta la manera como los de la UTP fueron hasta la casa del comandante de la Policía de la región a incendiarla.

Si son grupos infiltrados por terroristas, la universidad pública ha sido permisiva -o miedosa- con esta situación, permitiendo que unos pocos incidan sobre la mayoría y, lo peor, que socaven y destruyan instalaciones y el patrimonio cultural que significa para la sociedad la universidad pública. Cada rector -en sus miedos- termina cediendo a sus pretensiones, y el sistema (IES y Ministerio, SUE y Estado), no es capaz de actuar como tal.

Si, por otro lado, se niega la presencia de terroristas y los desórdenes son ocasionados por los propios estudiantes, algo debe estar haciendo muy mal el sistema al permitir que la formación llegue a estos niveles, a tal punto que los educandos intimiden a sus educadores, les amenacen y los tengan callados frente a lo que sucede. Los rectores están temerosos y, sotto voce, el SUE teme que lo que hay detrás de todo, es que el movimiento estudiantil va detrás de sus cabezas o pretende, como sea, parar las actividades académicas por lo que falta de año.

Tímidamente, más presionados por llamados desde el despacho de Mineducación y el Viceministerio, la mayoría de rectores del SUE dan testimonio grabado de los esfuerzos que este Gobierno ha hecho para darles más recursos a la universidad pública, como una forma de persuadir a la opinión pública de moverse hacia el anunciado para de este 21 de noviembre. Pero, no más.

El sistema parece incapaz de demostrarle al movimiento estudiantil que entre 2018 y 2019 el Estado ha dado muchísimos más recursos de los que soñaban hace dos años, y que salvo la discusión política sobre temas de gobierno -distintos de los de la educación superior- el discurso del movimiento parece agotarse. Así como la universidad pública corre el riesgo de que a la opinión pública se le agote la paciencia con sus marchas, bloqueos y rechazos cuando hay otros sectores sociales que adolecen de más recursos que la propia educación.

Por ahora, más que un escenario de debates académicos racionales, documentos argumentados y aportes sociales, la universidad pública colombiana se asemeja a un caldo de cultivo en el que unos pocos influyen negativamente en su imagen, la gran mayoría -por miedo o comodidad- prefiere desentenderse de lo que pasa, los rectores hacen lo que pueden (y generalmente pueden muy poco) y la comunidad académica se distribuye entre unos pocos profesores que agrupa ASPU, pero que se hacen sentir, y los estudiantes (no se sabe exactamente cuántos) reunidos en asociaciones como ACREES y UNEES, que terminan siendo organizaciones etéreas que aparecen dentro del listado de convocantes oficiales del paro nacional que se realizará este 21 de noviembre.

Eso sí, entre estos mismos movimientos tampoco hay un discurso unánime al respecto. Hasta octubre de 2018 los rectores estaban aliados con todos los movimientos estudiantiles y profesorales. Luego del primer acuerdo con el gobierno nacional, los rectores guardaron distancia y estudiantes y profesores son los que se adueñaron de los logros del acuerdo de diciembre 2018, luego los propios estudiantes se dividieron según las agendas políticas de uno que otro político (senadores – aspirantes a gobernaciones y alcaldías) que los alimentaban ideológica y financieramente, y hoy ni siquiera hay unidad en el discurso entre ASPU y los estudiantes, como se ve en el último comunicado de ASPU – Tolima, en donde cuestionan decisiones de la asamblea en torno de agendas inconsultas.

El problema de todo esto va más allá del paro del 21 de noviembre, o de la capacidad de los rectores de lograr que los estudiantes regresen a clases, y debe ir por una acción colectiva para recuperar y dar dignidad académica a la universidad pública y su, natural, espíritu crítico.