Opinión de Alfredo Villalba, en El Tiempo
La Constitución de 1991 reformó el régimen existente sobre la educación superior. Hecha la reforma, se expidió la ley reglamentaria, que es la 30 de 1992, que en su artículo 98 dice que las instituciones de educación superior (IES) son sin ánimo de lucro. Según un estudio que hizo el Observatorio de la Universidad Colombiana, cerca de 30 de las 226 IES privadas, incluyendo principales y seccionales, son controladas por una sola familia, que se beneficia económicamente de ellas.
Muy cuestionables esta autonomía universitaria y el marco legal, que permite que en instituciones privadas controladas por el fundador o el rector -o por sus parientes herederos− estos disfruten de grandes salarios, primas y otros gastos y, en algunos casos, del manejo directo de contratos con proveedores. Se tiene pensado hacer una reforma mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional tenga representación en los consejos de estas IES.
Lógicamente, los miembros de una misma familia tienen derecho a impulsar esas instituciones y a desarrollarse profesionalmente en ellas, más aún si fueron fundadas con su “esfuerzo”, el de sus padres, tíos y abuelos. La existencia de esta situación no constituye aparentemente ilegalidad alguna. El artículo 6o. de la Constitución Política de Colombia señala que “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”. Aquí es donde fallan las autoridades de educación superior, en el ejercicio de un control para evitar el desborde manifiesto en algunas de ellas, que desvían los recursos a sociedades creadas para esa misión.
Generalmente, los directivos y representantes legales de estas IES llevan varios lustros dirigiéndolas, han pasado procesos de transformación institucional (muchas comenzaron como instituciones técnicas, tecnológicas o de educación no formal), y en otros casos, han superado conflictos internos con otros fundadores. No es extraño ver a hijos y parientes del fundador o fundadores en los consejos directivos, consejos superiores, salas de gobierno, salas generales, asambleas, plenos u otros órganos colegiados de máxima decisión institucional. En el Observatorio puntualizaba el Viceministro de Educación: “La mala calidad es un negocio muy lucrativo”. Porque es evidente que muchas de esas IES se lucran con la educación, pero no contribuyen a mejorarla. Son las que llaman despectiva e irónicamente “universidades de garaje”. Lo cual ocurre con algunas de las instituciones que, teniendo buena infraestructura, desvían los dineros hacia su beneficio particular y familiar, mientras otras, al contrario, se destacan por sus aportes a la educación superior, así se indique que puedan constituir negocios lucrativos para quienes las manejan.
Esta situación se hace más atractiva por los beneficios tributarios de que gozan las IES: no pagan impuesto de renta e IVA, reciben donaciones deducibles y, en casos determinados, se les permite importar con rebaja de aranceles algunos bienes destinados, por ejemplo, a fines específicos de investigación.
Es común que en la gestión de la mayoría de estas IES se presenten situaciones como las siguientes:
-Manejo de asambleas o plenos que tienen el máximo poder decisorio de acuerdo con los intereses de quien detenta ese poder. La rectoría y la representación legal suelen estar en cabeza de esa persona, que es quien manda en la práctica.
-Las decisiones trascendentales de los organismos colegiados de máxima representación institucional están aseguradas previamente con los votos de la familia y de otros representantes elegidos por ellos.
-Los requisitos estatutarios son muy flexibles para poder asegurar que alguien de la familia pueda llegar a un cargo importante.
-Normalmente hay gente de la familia, hijos u otros parientes, que ocupan cargos claves. Todo ello configura una forma de nepotismo en el gobierno de esas instituciones.
-El rector fundador o el dueño y sus familiares suelen estar rodeados de personas de su confianza, así no tengan calificación académica.
-Se crean, a veces, otras fundaciones, que tienen el control de los fondos o reservas que se acumulan provenientes de lo académico, para protegerlos de eventualidades.
-Lo financiero depende de quien ejerce el control, sea o no el rector. La academia puede ser delegada a otras personas, pero las finanzas no. Y si se proveen cargos de ese orden con personas distintas, se les exige recibir aprobación previa de sus operaciones.
-Algunas “universidades” tienen enormes inversiones, directa o indirectamente, en sociedades comerciales, no de excedentes temporales que se ponen a producir, sino en participaciones como socios de empresas en cuyo control son actores decisivos.
-Esas “universidades” suelen mantener en secreto todo lo referente a sus presupuestos, balances e inversiones, aspectos en los cuales debería existir mayor transparencia
La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes realizó en el 2003 un estudio para el Ministerio de Educación denominado ‘Fortalecimiento institucional de las IES privadas del país’ (Jorge Hernán Cárdenas y María Lorena Gutiérrez), en el que se analizaron los resultados del plan de inspección y vigilancia que, desde el Icfes, orientó el Ministerio a comienzos de la década. Allí se identificaron, en el caso de algunas instituciones privadas, problemas críticos como los siguientes:
-Instituciones sin vocación de desarrollo institucional, que arriendan su planta física a empresas de los fundadores, como un claro mecanismo de desviación de recursos desde la institución hacia el bolsillo de los fundadores.
-Fundadores que no tienen interés alguno en lograr el desarrollo pleno y autónomo de sus instituciones, sino que les interesa perpetuarse en el control de las mismas y aprovechar de mil formas los posibles beneficios económicos y políticos que estas les puedan generar.
-Rectores que no se someten a elección o periodo alguno, pues no existen órganos de gobierno reales. En este caso, su nombramiento es a término indefinido, lo que menoscaba el proceso de construcción institucional.
Es de suma urgencia que el Ministerio de Educación intervenga en este descontrolado manejo que le dan ciertas “universidades” a su funcionamiento tanto financiero como académico.
La reforma que hizo la Constitución del 91 fue laxa y flexible, al no poder el Gobierno garantizar una cobertura amplia de la educación superior y dejar esta en manos de cualquier elemento sin las calidades académicas reconocibles. Los “mercaderes de la educación” se apoderaron de la educación, como dijo un ilustre rector en un foro sobre la misma. Tiene la palabra el Ministerio.
Leer el informe completo publicado por el observatorio (pdf)
