Oct/26 De Greiff, profesor de sociología, en la Universidad Nacional de Colombia, denuncia un ataque mediático e gubernamental contra la universidad pública colombiana para estigmatizarla y deslegitimarla. Tomado de Revista Cambio.
El cerco lo están construyendo una combinación de provocaciones y amenazas del gobierno y titulares tendenciosos de algunos medios de comunicación; declaraciones y noticias sesgadas que pueden terminar en el debilitamiento sistemático de universidades públicas, con la anuencia de la ciudadanía desinformada.
El presidente Abelardo de la Espriella empezó anunciando que autorizará la entrada de la fuerza pública a los campus universitarios para sacar a los “terroristas”.El mandatario aclaró que autonomía universitaria no es extraterritorialidad, lo que tiene el poder retórico de crear un espantapájaros para quemar la siembra. La ambigüedad del término “terrorista” llevó a la Defensoría del Pueblo a exigir el respeto por el derecho de asociación de estudiantes, académicos y administrativos.
Pocos días después, el presidente dio instrucciones a la ministra de educación para que investigue a la Universidad de Pamplona por supuestos contratos indebidos, insinuando que la corrupción no ha sido contenida por órganos de control y es función del gobierno.Este es un señalamiento específico pero que prepara el terreno para sembrar la duda sobre las demás universidades públicas.
Hasta ahí el gobierno (por ahora). Pero algunos medios escoltan al presidente, informando que, en efecto, las universidades públicas requieren ser revisadas desde sus cimientos. La Revista Semana, a pocos días de las declaraciones presidenciales dice haber tenido acceso a un “informe de inteligencia” del Estado que muestra que aquellas están infiltradas por grupos subversivos que reclutan allí a sus cuadros. El titular no dejaría duda de la dimensión de la amenaza: “Exclusivo: identifican células de guerrillas en diez universidades y alertan de un plan para desestabilizar al país”. Sin sentido histórico, ni conocimiento de la relación entre las universidades y los grupos insurgentes, omite que todas las investigaciones han mostrado que las guerrillas evitaban tener entre sus filas a urbanos y menos a universitarios, por “flojos” para la vida en el monte, amén de tender a ser críticos. Cuando se desmovilizaron las FARC, el censo mostró que los universitarios eran una minoría insignificante. Llama la atención que, al menos una de las fotos del reportaje es de un grafiti –dentro del edificio de sociología de la Universidad Nacional– que decía “Bloque Oriental FARC” y que apareció tan rápido como fue borrado por la Facultad. Más de un par de días no estuvo, tiempo suficiente sin embargo para que fuera fotografiado; el pie de foto dice “Suministrada a Semana – API”. ¿Quién la tomó en ese breve tiempo y la anexó al informe o la remitió a Semana? El reportaje fue inmediatamente reproducido por Hemisferio 24 Noticias-Información con Libertad, que es una agencia de propaganda de ADLE, con sede en Miami.
Sabemos en lo que se convirtió Semana, pero otros medios también contribuyen con refritos que justificarían una intervención del gobierno. El 26 de septiembre Caracol titula: “Más de $40 millones al mes: lo que ganan algunos profesores de universidades públicas”. El apoyo gráfico son fotos de los escudos de la Nacional, la Pedagógica y la Distrital. Desatinadamente pasa a referirse en el mismo artículo a los resultados de las pruebas PISA, en las que las universidades no tienen incidencia alguna. Lo relevante no es la poca rigurosidad, sino el momento en que deciden reciclar una información sin tomarse el trabajo de investigar la vieja polémica y, mucho menos, a contrastarla con análisis econométricos rigurosos que hizo en 2024 Guberney Muñetón, profesor de la Universidad de Antioquia; solo sirve para generar indignación en un país aberrantemente desigual. No captan, o ignoran, que la productividad académica es la que otorga a las universidades altas posiciones en escalafones nacionales e internacionales. Tampoco se refieren a las medidas que han tomado las instituciones de educación superior para limitar los topes máximos de salarios, ni las investigaciones que ha abierto la Procuraduría cuando se tienen indicios de corrupción. Solo se lanza la piedra del estigma que le es funcional a la campaña de desprestigio.
El asedio se despliega con la noticia de que los aspirantes a la Universidad Nacional presentan “la cifra más baja en los últimos 20 años”. La reproducen El Espectador, El Tiempo, La República y Caracol. No anotan que es un fenómeno mundial. En Colombia lo comparten universidades públicas y privadas desde hace ya algunos años, según el Observatorio de la Universidad Colombiana. La Universidad Sergio Arboleda, alma mater de varios miembros del gobierno actual, entre 2023 y 2024 disminuyó el número de inscritos en 6,99%. La Universidad de los Andes, pasó de 2.064 matriculados en el segundo semestre de 2025 a 1.654 en el primero de 2026. En la UNAL, se podría haber enfatizado que, a pesar de disminuir los aspirantes, el número de inscritos no ha bajado. Al contrario, la cobertura ha crecido en los últimos años.
¿Qué concluye un ciudadano desprevenido? Que las universidades públicas son focos de subversión, corruptas, contribuyen a la desigualdad económica y, como si fuera poco, no tienen demanda. ¿Qué justificaría su existencia entonces? El gobierno dice que lo que se necesitan son programas cortos y preferiblemente virtuales; los medios le hacen eco sin crítica ni contextualización. Como los demás sectores de la cultura, la ciencia y las artes, se está sitiando a universidades públicas, generando el sentido de su inutilidad.
Esperemos que estas alertas tempranas no se materialicen y se adopte un cierto sentido de realidad y pragmatismo por parte de los líderes políticos que necesitan profesionales aptos para el buen desempeño del Estado y la eficiencia del gobierno, empresarios que buscan altos niveles de formación que requieren un sistema de educación que es muy costoso para que lo asuma solo la empresa privada y una ciudadanía informada que reconozca el rol social, político y cultural que juega la educación pública.
