UTCH: Contraloría evidencia pérdida de más de $7.800 millones por omisión administrativa, entre 2018 y 2020

UTCH: Contraloría evidencia pérdida de más de $7.800 millones por omisión administrativa, entre 2018 y 2020

Julio 11/25 Otro escándalo financiero sacude a la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCh), tras conocerse una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló pérdidas por más de $7.886 millones de pesos, como consecuencia de omisiones administrativas y falta de gestión institucional durante el periodo 2018–2020.

Una estampilla que caducó… y con ella, miles de millones

El hallazgo más significativo corresponde a la pérdida del derecho de cobro de la estampilla Pro UTCh, un tributo que debía ser transferido a la universidad por entidades como la Gobernación del Chocó, CODECHOCÓ, el Hospital San Francisco de Asís y la Alcaldía de Quibdó.

Según el informe, la universidad no realizó gestiones oportunas para exigir el recaudo, permitiendo que vencieran los términos legales, con lo cual quedó imposibilitada para recuperar $7.013 millones de pesos.

Más allá de la estampilla: otros hallazgos preocupantes

La auditoría financiera también evidenció otras irregularidades, entre ellas:

  • Pagos de viáticos sin legalización adecuada,

  • Presentación extemporánea de obligaciones tributarias, lo que generó recargos e intereses por más de $12 millones,

  • Falencias en los sistemas de control interno y seguimiento presupuestal.

En total, la Contraloría identificó 21 hallazgos administrativos, de los cuales:

  • 6 tienen alcance fiscal,

  • 14 son susceptibles de investigaciones disciplinarias,

  • 4 podrían generar acciones penales,

  • y 2 fueron remitidos a indagación preliminar.

Un caso más de desinstitucionalización silenciosa

Lo sucedido en la UTCh pone de nuevo en evidencia una crisis estructural de gestión que afecta a varias universidades públicas, especialmente en regiones con debilidad institucional.

Pese a que los recursos estaban consignados en los presupuestos de las entidades territoriales, la falta de seguimiento y acción por parte de la universidad impidió su recuperación.

En este contexto, la Contraloría ha solicitado a los entes de control disciplinario y penal iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de establecer las responsabilidades de los directivos, ordenadores del gasto y responsables jurídicos de la época.

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