Sept 18/24 A una propuesta de la U. Nacional de Colombia para replantear la reforma de los artículos 86 y 87 y aumentar los recursos para la educación, el viceministro Ricardo Moreno recordó al Consejo Superior que esa IES tiene una posición privilegiada y debe considerar la situación del resto del sistema.
En la última sesión del Consejo Superior Universitario, el vicerrector general de la Universidad Nacional de Colombia (Andrés Felipe Mora Cortés), quien fuera director de Fomento en el Ministerio en este gobierno, y compañero de trabajo allí mismo del actual viceministro de Educación Superior, presentó, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, argumentos para replantear no sólo el esquema estatal de asignación de recursos, sino también la propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que el gobierno radicó en el Congreso, con la intención de que haya un aumento en los recursos de la Nación para garantizar la gratuidad plena en la educación superior pública como un derecho y un bien común, en contravía plena con la privatización.
La hipótesis, lógica, de la UNAL es que una reforma a la ley debe ir mucho más allá de garantizar la básica subsistencia presupuestal de las IES del sistema y, en cambio, debe trascender la cobertura y apostar al cumplimiento adecuado de todas las funciones misionales de la universidad pública.
Otras de las consideraciones, necesarias para el sistema de educación superior, que hace la UNAL, es que la reforma debe desarrollar “un modelo de repartición presupuestal al interior del SUE que renuncie a la competencia y que se ajuste a la complejidad de las universidades y a los planes de mejoramiento definidos por las comunidades universitarias”.
Para Mora, el Estado debe subir del 0.5 al 1 % del PIB en educación superior, de aquí a 2030 y no a 2040, como lo propone Mineducación. Propone que eso quede contemplado en el nuevo artículo 86, en el que se indique -también- que “en ningún caso, las bases presupuestales de las universidades estatales u oficiales podrán disminuir”.
Auncuando la propuesta de la UNAL se basa en más recursos, el gobierno ve el problema también en términos de equidad con el sistema.
Ricardo Moreno Patiño le recordó al CSU de la UNAL cómo esta IES recibe del gobierno nacional, por concepto de transferencias (art. 86), de 1.3 billones de pesos, lo que representa el 21 % del presupuesto de funcionamiento de las IES públicas del país. Es decir, el 79 % lo reciben 33 universidades y 30 IES técnicas y tecnológicas.
Por ello, señala el viceministro, no es entendible cómo instituciones como el Tecnológico de Antioquia recibe el 0.1 % y la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, sólo el 0.9 %.
Asimismo, advierte cómo aunque la Universidad Nacional de Colombia está en algunas regiones del país, hay gran parte del territorio nacional sin oferta pública. Sólo 382 municipios del país, de un total de 1.103, cuentan con programas con registro calificado.
Moreno dice que el gobierno reconoce el desfinanciamiento estructural del sistema, por lo que el Estado ha intentado subir los aportes para cerrar brechas, no solo en acceso, sino en permanencia y graduación de los estudiantes, y de infraestructura física.
A su vez el rector de la UNAL, Leopoldo Múnera, sugiere que no se puede pensar en bajar los recursos a universidades “con un gran nivel de complejidad, que desarrollan diferentes funciones misionales” (es decir, la UNAL), bajo el riesgo de “distribuir la pobreza de tal manera que se cree un rasero único para todas las universidades”.
Lo claro, por el momento, es que la situación fiscal del país difícilmente permitirá crecer al ritmo deseado en aportes del Estado para la Educación Superior, mucho más cuando la propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 no tiene aval fiscal de Minhacienda.
El siguiente es el video del CSU
