Marzo 15/20 Que las IES de programas presenciales comiencen a virtualizar contenidos por la emergencia no es una cuestión de “soplar y hacer botellas”. Hay impactos legales y académicos.
La pandemia mundial del Coronavirus, que ha llevado a cientos de universidades de Europa y algunas de Estados Unidos a suspender clases por varias semanas, en espera de la evolución del tema, ha tenido como respuesta, en Colombia, que un buen número de universidades tradicionales, con Uniandes como primera que hizo el anuncio, empezarán a virtualizar sus clases para evitar la concentración de alumnos en sesiones presenciales, para prevenir la propagación del virus.
La medida es una respuesta a los llamados a la prudencia y los pedidos del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, para que, en virtud de la emergencia, se comiencen a realizar versiones “simples” de teletrabajo y de virtualidad, pues ambas modalidades demandan, legalmente, serios requisitos que no cualquier organización, o Universidad -en tiempos normales- está en condiciones de hacer.
El teletrabajo conlleva rigurosos protocolos que garanticen las condiciones de seguridad laboral, conectividad y bienestar de los empleados, y por ahora solo se está entendiendo como trabajar en la casa, sin medir estos aspectos.
En el caso de los programas virtuales, el país académico aún espera conocer las aplicaciones prácticas del Decreto 1330, de 2019, que crea el registro calificado único, con el que las IES -en su autonomía- pueden definir la modalidad en que desarrollarán su programa (presencia, distancia tradicional o distancia virtual).
Mientras tanto, por no pecar de oportunistas o críticos, el sector ha estado callado frente a la decisión de virtualizar programas, de una semana a otra, por parte de IES cuyos registros originales son de naturaleza presencial.
Virtualizar programas no es, como algunos ingenuamente creen, publicar unos contenidos en web o crear un chat con los estudiantes. Eso es sólo el principio. La modalidad virtual demanda un acondicionamiento especial tanto de estudiantes como de docentes, la adecuación especial de una plataforma, el desarrollo de contenidos con una especial didáctica para adultos y procesos de acompañamiento individualizados, entre otros aspectos. Y eso, sin entrar a analizar, en detalle, si todos los programas y actividades son virtualizables, porque incluso los programas virtuales habilitan espacios sincrónicos y de práctica presencial para validar aprendizajes.
Por algo, varias IES que han intentado entrar en la modalidad han fracasado en el intento, y otras tantas están viendo la modalidad más que como una vocación institucional como una alternativa de mercadeo, pero cayendo en el mismo error de creer que es cuestión de habilitar únicamente una plataforma web.
Las IES ya consolidadas en el país en temas de virtualidad llevan más de una década consolidando sus proyectos, pueden dar fe de estas situaciones.
La emergencia educativa derivada del Covic-19 se constituye en una prueba para que el sistema revise esta situación, valore los desarrollos virtuales consolidados, y descubra la importancia de que los programas tradicionales presenciales comiencen a entrar en la virtualidad.
Ahora la situación de urgencia manifiesta y posible calamidad pública es suficiente justificación para las decisiones que están tomando algunas IES de avanzar en virtualidad sin experiencia al respecto. Pero, aquí está el riesgo, no se puede caer en el error de legitimar prácticas no validadas académicamente en IES, programas, docentes y estudiantes acostumbrados a la metodología presencial.
Además, porque algunos de los propios estudiantes y padres de familia están comenzando a especular si los pagos que hicieron este año les serán revaluados por el cambio de modalidad, pues tradicionalmente la modalidad presencial tiene unos valores mayores, entre otros muchos peros.
Por ahora, nadie dice nada, pero de extenderse la situación, habría que tomar cartas en el asunto.
