Congresistas piden a Gobierno dar recursos a la U. Autónoma de Colombia

Congresistas piden a Gobierno dar recursos a la U. Autónoma de Colombia

Mayo 9/20 Un grupo de representantes a la Cámara pidieron al presidente Duque usar las facultades extraordinarias para inyectar recursos y tratar de salvar esta Universidad.

Así quedó consignado en una comunicación que enviaron los congresistas Angela Sánchez Leal, Oswaldo Arcos Benavides, María José Pizarro Rodríguez y León Fredy Muñoz Lopera, en la que luego de afirmar que “la Fundación Universidad Autónoma de Colombia es hoy la universidad privada más crítica del país”, dicen:

“Solicitamos respetuosamente se considere la posibilidad de una inyección de recursos a la institución, en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por el estado de excepción, para subsanar en parte el pasivo que se tiene con los trabajadores. Esta medida sería un salvavidas para aliviar la situación económica que atraviesa la Universidad, y facilitaría la continuidad académica para el periodo académico 2020-II, subsanando en parte la deuda que aún persiste con los empleados de la Institución”.

Salvar la IES o los compromisos laborales

Por ser privada, la Universidad Autónoma de Colombia no puede recibir recursos del Estado, así como ha pasado con las universidades Incca y la Autónoma del Caribe y la Fundación Universitaria San Martín, entre otras.

La Ley 1740, de 2014, de inspección y vigilancia, lo que busca es intervenir antes que las situaciones se agraven (generalmente lo hace tarde), e intentar, esencialmente, recuperar el camino académico, pues en los temas laborales y penales el Ministerio de Educación Nacional no tiene interferencia.

El estado de excepción aplica, esencialmente en la situación que actualmente vive el país, a consecuencias directas derivadas de la pandemia.

Los diagnósticos de la propia Universidad Autónoma de Colombia son claros en dos cosas: Por un lado, que abrir el próximo semestre no garantiza la supervivencia financiera, porque los ingresos por matrícula apenas pagarían la tercera parte de las obligaciones laborales que se generen durante ese semestre, y de otra parte, que si los sindicatos no ceden a los beneficios de convención, la situación tampoco se mejora.

Así las cosas, la comunicación de los congresistas pretende responder esencialmente a los compromisos laborales más que la viabilidad institucional.

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