Nov 25/22 El SUE y los movimientos estudiantiles y profesorales de la universidad pública insisten que el Estado tiene una “deuda histórica”, de cerca de 18 billones de pesos “para ponerse al día”.
Tras las protestas y fortalecimiento del movimiento estudiantil (llamado MANE) en 2010, cuando la entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo, propuso una reforma a la Ley 30 de 1992, que se cayó por la presión social ante versiones de supuesto ánimo de lucro, el discurso en torno de la educación superior como un derecho, la gratuidad y el compromiso del Estado con el financiamiento de la universidad pública tomaron mucha fuerza, y una comisión de los vicerrectores administrativos y financieros del Sistema Universitario Estatal -SUE– proyectaron cuánto es lo que deberían recibir estas para ofrecer educación con calidad y, en algunos casos, tener estándares relativamente similares a los de la Universidad Nacional de Colombia.
Dicha cifra ha sido parte del soporte argumentativo permanente en las demandas de la universidad pública al Estado.
Para mediados de la década pasada la cifra estaba entre 13 y 14 billones de pesos y producto de la proyección con el tiempo y el IPC, los vicerrectores la han ido elevando a los más de 18 billones que hoy se estiman.
El actual Ministerio de Educación, a través del director de Fomento del Viceministerio de Educación Nacional, Andrés Felipe Mora, hace pocos días dijo públicamente que el Gobierno reconocía dicha deuda histórica.
Mora, formado y docente de la Universidad Nacional de Colombia, cuestiona el tradicional modelo de financiamiento de la universidad colombiana (neoliberal llama él), habla de un desfinanciamiento histórico y comparte y defiende la causa de la universidad pública y del derecho a la educación y la responsabilidad del Estado (a manera de ejemplo, vea uno de sus testimonios de hace dos años).
Lo llamativo de la proyección financiera de la llamada “deuda histórica”, es que ningún ministro de Educación, desde entonces (María Fernanda Campo, Gina Parody, Yaneth Giha, María Victoria Angulo y Alejandro Gaviria) ha enfrentado directamente el tema y no ha puesto sobre la mesa un análisis técnico con múltiples actores y preguntas determinantes al respecto, para validar o replantear la cifra y los rubros que llevaron a la misma, tales como:
– ¿Cuál es el modelo de universidad pública que demanda el país?,
– ¿Por qué sólo un cálculo para las universidades públicas y no para las restantes IES públicas?,
– ¿Todas las universidades públicas deben tener una proyección similar a la Universidad Nacional de Colombia?,
– ¿Qué pasa con las regiones en donde, por ejemplo hay dos universidades públicas cercanas (como sucede en Caldas y en el Cesar),
– ¿Cómo debe crecer las universidades con el desarrollo de la virtualidad?,
– ¿Cómo usar economías de escala y de intercambio de recursos entre las universidades?,
– ¿Cómo será el nuevo escenario con las apuestas por educación superior gratuita, universal y de calidad?,
– ¿Cuál será la contraprestación de la universidad pública con el país si recibe todos estos recursos?, y
– ¿Cuál es la memoria de cálculo usada, en detalle, para llegar a las cifras, y por qué el propio Ministerio de Educación Nacional, ni Planeación, ni Hacienda, ni el propio Congreso, han pedido una auditoria y validación técnica de la cifa, dado el monto de la misma (un valor similar a lo que se puede recoger en toda una reforma tributaria)?
Los componentes de la “deuda histórica”
Según información del propio SUE, a datos del 2018 (pendientes de indexar y ajustar a la fecha), la deuda era de 17.2 billones de pesos, distribuidos (en grandes cifras así):
1) Bilingüismo para los docentes de las universidades públicas: 21 mil millones
2) Bienestar universitarioa: 233 mil millones
3) Recursos de apoyo académico (equipos de cómputo, laboratorios y bases de datos): 366 mil millones
4) Gastos administrativos (Sistemas de gestión, seguridad, mantenimiento, servicios e impuestos): 568 mil millones
5) Tecnología TIC: 681 mil millones
6) Formación doctoral de los docentes de las universidades públicas: 3 billones
7) Infraestructura académica, administrativa, de movilidad y sismoresistencia: 11.3 billones
Adicionalmente, habría que considerar que el SUE pide recursos, que a cifras 2022 serían unos 60 mil millones, para pagar a sus docentes 200 mil puntos pendientes del Decreto 1279/02.
Cabe señalar que para 2018 no se tenía registrada como universidades del SUE, la Indígena y Unitrópico, con lo que la “deuda” subiría.
Asimismo, la actualización debería considerar los recursos adicionales que, tras el paro universitario de 2018 (foto), entregó el gobierno Duque.
