Sept 12/23 Sin conocer el texto final de ley estatutaria que el Gobierno radicará, Los Andes, Javeriana, Sabana y EAFIT intentan hablar a nombre de la ed. sup. privada para que el Estado las tenga en cuenta.
En su parecer (y los textos previos y actitudes del gobierno parecen darles la razón), las actuales Presidencia de la República y Ministerio de Educación sólo están apostando por una educación superior pública, desconociendo la génesis, aporte histórico y el millón de colombianos que se están formando en las IES privadas.
Además, aportan un determinante elemento que poco se ha considerado en estas semanas de análisis sectorial, y tiene que ver con que “el proyecto de ley estatutaria reconoce como única vía de formación a la educación superior”, y sin decirlo explícitamente, reiteran la necesidad de mantener modelos de financiamiento que sostengan la operación de la matrícula en las IES privadas, al estilo Icetex.
¿Por qué solo estas cuatro universidades?
Esta es una pregunta que ha circulado en el sector y que no tiene respuesta. Rectores de ASCUN estarían trabajando otro comunicado, con más IES, incluyendo a las que ya firmaron, para aumentar la posición gremial, pero claramente si bien Andes, Javeriana, EAFIT y Sabana tienen razón en sus argumentos, el que estas cuatro universidades se hayan pronunciado y no el conjunto de IES privadas, envía mensajes contradictorios.
Claramente son cuatro universidades privadas de peso entre la opinión pública, y las declaraciones de sus rectores fueron oportunas para el día en que la ministra Aurora Vergara anunció la radicación del proyecto de ley estatutaria, pues la noticia ha sido ampliamente “comprada” por los medios masivos de comunicación, auncuando se mantiene la pregunta de ¿por qué esas cuatro IES si el sistema registra 216 instituciones privadas?.
Las cuatro firmantes solo llegan al 7 % de la matrícula en todas las IES privadas y aunque en su comunicado defienden una educación incluyente, su discurso parece ser excluyente y, en el fondo, refleja una carencia grave del sector: No ser capaz de integrarse gremialmente (por ejemplo, ni ASCUN ni ACIET reúnen a todas las IES privadas), y las divisiones son tales que hay rectores que no se sientan en la mesa con otros simplemente no son de su entorno directo.
Y no pasa solo en lo privado, también en lo público. Este documento se asemeja al que en marzo pasado, con la expectativa de ver cuáles IES e ganarían el favoritismo del Gobierno para la distribución (aún no conocida) de los 500 mil nuevos cupos en las públicas, los rectores de Nacional de Colombia, UIS, Valle y Antioquia, también suscribieron un comunicado (como si el SUE no existiera), en el que se consideran “de mejor familia” y con derecho a tener más estudiantes y como si fueran las únicas que ofertan educación con calidad.
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En el caso de la carta de las cuatro privadas, esta resulta polémica, y poco ayuda a la totalidad del sector privado con miras a la necesaria sensibilización que debe darse en el gobierno para beneficiar más que a las IES a los estudiantes de estas instituciones, dada la crítica alimentada en redes sociales de que estas universidades fueron algunas de las que más recursos recibieron cuando funcionó el polémico programa de Ser Pilo Paga, que terminó afectando el giro de recursos a la educación superior pública.
Además, porque aunque sus rectores hablen de desarrollar programas a favor de estudiantes de clases bajas, es innegable que son universidades de élite y sus valores de matrícula se ubican entre los más altos del país. Por lo mismo, tienen mucho trabajo que hacer para convencer al sector de que están comprometidas con niveles de formación no profesionales universitarios (técnicos y tecnológicos), cuando su discurso de calidad, y las cifras, las confirman como universidades de programas profesionales y formación de alto nivel en maestría y doctorado.
Mucho más extraño resulta ser que el nuevo rector representante de las universidades privadas en el CESU, Orlando Roncancio, de la Universidad de La Sabana, haya actuado más a nombre de su propia institución que del sector que representa. El otro rector representante de las universidades privadas en el CESU, Eduardo Alfonso Crissien Borrero, de la Universidad de La Costa, en cambio ha pecado por su excesivo silencio al respecto.
También llama la atención que ASCUN, que reúne a todos estos rectores, no haya logrado unificar un pronunciamiento al respecto, desde el comienzo.
El siguiente es el texto del comunicado firmado por los rectores Raquel Bernal Salazar, de Uniandes (arriba izquierda); Claudia Restrepo Montoya, de EAFIT; Luis Fernando Múnera Congote, S. J., de La Javeriana (arriba derecha), y Rolando Roncancio Rachid, de la Universidad de La Sabana:
Rectores convocan a la protección del sistema mixto educativo para garantizar el acceso de los jóvenes a mejores oportunidades
• Invitamos a proteger un sistema mixto de educación en el que actores públicos, privados y mixtos podamos seguir aportándole a la transformación del país como lo hemos venido haciendo.
• Hacemos un llamado por conceptualizar la educación posmedia como un sistema ágil y flexible que atienda a las diferentes necesidades, preferencias, expectativas y proyectos de vida de todas las personas. La educación superior no es la única vía para construir un propósito de vida.
• Es indispensable definir un sistema de financiación integral para la educación posmedia que contemple todas las fuentes de recursos posibles, y así lograr el acceso que plantea el Gobierno Nacional con alta calidad.
• Mayor acceso a educación, pero sin calidad es una promesa de equidad que incumpliremos. La infraestructura física es una condición necesaria para la calidad educativa, pero no es suficiente y definitivamente no es lo único. Es necesario fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones.
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Los rectores las universidades que firmamos este comunicado hemos participado de manera activa en la consulta pública abierta por el Ministerio de Educación Nacional para discutir la propuesta de Ley Estatutaria que busca regular el derecho a la educación. Dentro de este proceso, realizamos diferentes aportes orientados a articular los esfuerzos del sector público y privado para avanzar en la garantía de este derecho. Adicionalmente, resaltamos la imperiosa necesidad de ofrecer a las personas la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de trayectorias en diferentes vías de formación que les permitan desarrollarse de manera integral y contribuir positivamente a la sociedad.
Valoramos la determinación del Gobierno Nacional de avanzar en la garantía del derecho a la educación. Sin embargo, queremos expresar que las versiones de proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno Nacional, de manera previa a su radicación en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre, no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante.
Por este motivo, y con el ánimo de seguir contribuyendo a la construcción colectiva de un modelo flexible y mixto de educación que atienda a estos desafíos, proponemos que se modifiquen y fortalezcan los siguientes elementos:
1. Fortalecimiento de la calidad en el ejercicio del derecho y servicio público de la educación.
Si bien el proyecto de ley reconoce la calidad como uno de los elementos esenciales del derecho a la educación, resulta necesario señalar los mecanismos específicos para garantizarla y fortalecerla a medida que se avanza en el aumento de la cobertura. Para este propósito, es necesario, desde la ley estatutaria, sentar las bases de reconocimiento a los sistemas internos institucionales de aseguramiento de la calidad, articulados con sistemas nacionales en los distintos subsistemas que hacen parte de la educación posmedia, con referentes internacionales.
2. Reconocimiento del derecho a la educación posmedia.
A pesar de los llamados hechos al Ministerio de Educación Nacional para que regule el derecho a la educación posmedia, el proyecto de ley estatutaria reconoce como única vía de formación a la educación superior. Este entendimiento limita la libertad de elección, así como las posibilidades de desarrollo de los y las jóvenes, y de los ciudadanos y ciudadanas que deben asumir una educación a lo largo de la vida. El Estado debe asegurar la adecuada articulación entre las diferentes vías de cualificación: educativas, formación para el trabajo, formación profesional integral, formación flexible de ciclos cortos, y reconocimiento de aprendizajes y saberes previos. Lo anterior, con el propósito de permitirles a las personas escoger y seguir las trayectorias de formación de conformidad con sus valores, talentos y proyectos de vida; así como la debida articulación de estás trayectorias con las necesidades de nuestro país, con el fin de crear oportunidades reales de movilidad social y riqueza intelectual y económica tanto en las familias como en el tejido económico de la nación.
El Estado ha avanzado en normas, aprobadas con anterioridad a este proyecto de ley, en el reconocimiento de diferentes vías de cualificación, como mecanismos legítimos en los que las personas pueden estructurar sus trayectorias formativas y/o profesionales habilitando a diferentes instituciones, incluido el SENA, para ofertar una diversidad de programas que se ajustan a las realidades locales y de diversidad social, económica y étnica, entre otros. Por esta razón, la inclusión del concepto de educación posmedia en una norma estatutaria fortalecería esta diversidad para la garantía del derecho.
De ahí que resulte necesario modificar en lo pertinente el proyecto de ley estatutaria presentado por el Ministerio de Educación Nacional, para que se consolide un sistema mixto de educación posmedia que articule las diferentes vías de formación y potencie las posibilidades de desarrollo y bienestar de las personas.
3. Reconocimiento de la importancia de un sistema mixto en la garantía progresiva del derecho.
Al tiempo que resulta necesario estructurar un sistema de educación posmedia, se debe resaltar la importancia de su carácter mixto. Aunque los proyectos de norma reconocen que la prestación del servicio público educativo corresponde a actores públicos, privados o mixtos, es indispensable ofrecer garantías adecuadas para el fortalecimiento de cada uno de estos actores. Todos los actores son necesarios para avanzar en la garantía progresiva del derecho a la educación como ha ocurrido hasta el momento, así como para evitar la regresividad del derecho, por tanto, es importante adoptar mecanismos que fortalezcan a los actores públicos, privados y mixtos. Además, el sistema se debe fundamentar en el reconocimiento del pluralismo educativo y en la libertad de cada persona de seguir la trayectoria formativa en la institución de su preferencia. Así mismo, debe darse el reconocimiento del entorno favorable al desarrollo de todos los subsistemas de educación, al permitirse la prestación mixta, en la que han existido estímulos desde y hacia cada uno de los actores públicos y privados, favoreciendo su propia evolución.
4. Lineamientos para un sistema integral de financiación.
La estructuración de un sistema integral de financiamiento que permita la participación de la Nación, las entidades territoriales y demás entidades estatales, así como de las instituciones privadas y los particulares, posibilitará consolidar una oferta plural de educación posmedia. El fortalecimiento de la financiación debe estar orientado a que cada persona pueda desarrollar su trayectoria formativa en cualquiera de las vías de formación del sistema, sea en instituciones públicas, privadas o mixtas. Por otra parte, no será posible mejorar la equidad en ausencia de un esquema combinado de recursos públicos y privados que se destinen de manera eficiente con base en una focalización inteligente.
Un sistema integral de financiamiento permite la óptima distribución de los recursos financieros y operativos para apalancar las metas que materializan la garantía del derecho a la educación. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que no desaprovechen esta oportunidad y reiteramos la necesidad de construir conjuntamente un sistema educativo pluralista, incluyente, equitativo, moderno, pertinente y sostenible, que permita garantizar el acceso progresivo de todas las personas a una educación con calidad.
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