Feb/26 Bonilla, profesora de la Universidad Nacional, reivindica, en Revista Cambio, el fallo que dio la rectoría en propiedad de José Ismael Peña debe producir aprendizajes sectoriales, partiendo del hecho de que las instituciones educativas no pertenecen a los gobiernos de turno.
Durante el último año y medio he escrito en este mismo espacio sobre una de las crisis institucionales más graves en la historia reciente de la Universidad Nacional. Lo he hecho como profesora, como egresada y como ciudadana convencida de que las universidades públicas son pilares de la democracia. He advertido, con preocupación, que el desconocimiento de las reglas y la instrumentalización política de las instituciones educativas no solo afectan a una universidad, sino que debilitan la confianza en el Estado de Derecho. Lo ocurrido en los últimos meses en la Universidad Nacional merece una reflexión seria sobre el respeto a sus reglas y su gobernanza.
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Esta crisis se originó en decisiones del gobierno nacional durante la disputa por la rectoría, tras la designación legal del profesor José Ismael Peña por el Consejo Superior Universitario en marzo de 2024. Lo que debió resolverse dentro de los cauces institucionales derivó en una cadena de decisiones que desconocieron actos administrativos en firme, alteraron la composición del propio Consejo y culminaron en la designación posterior ilegal de otro rector, en abierto irrespeto a las reglas y al debido proceso. Como advertí en mis columnas anteriores en este mismo espacio, la politización del proceso, las presiones externas y la instrumentalización de la Universidad no solo vulneraron su autonomía, sino que erosionaron la confianza en sus órganos de gobierno y afectaron la vida académica de miles de estudiantes y profesores. Las posteriores sentencias del Consejo de Estado, que confirmaron la legalidad de la elección original y anularon la designación posterior, dejaron en evidencia que lo que estaba en juego no era un nombre propio, sino la vigencia misma de las reglas que sostienen la autonomía universitaria y, con ella, uno de los pilares del Estado de Derecho.
El fallo conocido esta semana reafirma un principio esencial. En una democracia, las reglas se respetan y la autonomía universitaria no es una concesión del poder político, sino una garantía constitucional. No es un asunto administrativo menor. Es un recordatorio de que las universidades existen para producir conocimiento, formar ciudadanos libres y contribuir al futuro del país.
Las instituciones educativas no pertenecen a los gobiernos de turno. Son patrimonio de la sociedad. Su autonomía no es un privilegio corporativo. Es una garantía democrática. Las decisiones judiciales no son declaraciones simbólicas. Se trata de mandatos de obligatorio cumplimiento. Después de dos fallos del Consejo de Estado y de la tutela que ordena restablecer el ejercicio pleno de la rectoría conforme a la legalidad, corresponde ahora a las autoridades universitarias actuar con responsabilidad institucional. Enhorabuena el Tribunal reafirma con claridad que el procedimiento de nombramiento del rector fue adecuado, y que se respetaron las normas. El Consejo Superior Universitario no puede seguir negando la legalidad y legitimidad del profesor José Ismael Peña. No puede dar largas con interpretaciones que desconozcan el alcance de las decisiones judiciales. Los nombramientos realizados en contravía de la legalidad deben dar paso a un proceso de empalme ordenado, transparente y respetuoso de la institucionalidad. El gobierno debe aprender una lección fundamental. Las reglas de las universidades se respetan y los mecanismos de inspección, vigilancia y control, que son los que le competen, deben aplicarse con rigurosidad y no para buscar beneficios políticos.
Hoy, sobre todo, la Universidad debe concentrarse en lo esencial que es garantizar la continuidad de su misión académica. Detrás de esta crisis hay 56.000 estudiantes y 3.000 profesores de planta que, lejos del ruido público, sostienen cotidianamente el proyecto intelectual más importante del país. La normalidad institucional no es un asunto administrativo. Es una condición para que la Universidad pueda cumplir su misión. Hoy, más que nunca, hay que escuchar a los jóvenes, profesores y miembros de la comunidad universitaria que, lejos del ruido político, queremos continuar con nuestras clases, nuestra investigación y nuestro proyecto académico; y a una sociedad que necesita que las universidades sigan siendo el faro ético e intelectual del país.
