¿A dónde puede llegar una alianza entre SUE y Red TTU?

Sept 30/19 Representantes de ambas asociaciones oficializaron su intención de integrar esfuerzos para que, entre las 62 IES que reúnen, se mejore la financiación del sector. ¿Qué significa esto?

Según la declaración conjunta emitida tras la reunión de Jairo Miguel Torres Oviedo (rector de Unicórdoba y presidente del SUE), y Oscar Orlando Porras Atencia (rector de Unipaz y presidente de la RedTTU), realizada el jueves pasado en Medellín, en la sede del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ambas asociaciones, en uso de su autonomía y empoderadas por las 30 IES de la Red y 32 universidades del SUE, se comprometen a:

“Adelantar acciones conjuntas conducentes a garantizar que la financiación de la educación superior pública de calidad responda a un modelo con postulados de carácter técnico y social en consulta con la realidad nacional, y en la perspectiva de la sostenibilidad financiera de largo plazo que reduzca o elimine la incertidumbre financiera que hoy afecta a las IES públicas, con claro detrimento de la calidad, la cobertura y la pertinencia de la oferta académica pública que atiende preferentemente a los jóvenes estratos 1,2 y 3 en las áreas urbanas, en el campo y en las regiones apartadas”.

La Declaración también habla de la conformación de un comité técnico conjunto en varias áreas, pero no permite vislumbrar exactamente a dónde va a llegar esta alianza, importante como sistema, pero poco clara en torno al cómo actuará.

A manera de contexto vale señalar que las 32 universidades que conforman el SUE reciben, vía transferencias de la nación y los departamentos, recursos muy superiores (a veces en una relación de hasta 20 y 30 veces más) a las demás IES oficiales (que no son universidades).

Tanto al interior del SUE como de la Red TTU, cada IES recibe recursos de forma muy diferente -en una asignación que termina siendo inequitativa y poco técnica- pues se basa en un criterio inercial histórico. A manera de contexto, solamente las grandes universidades públicas (Nacional, Antioquia, Valle y UIS) se llevan casi que la mitad de todos los recursos de las 32 universidades públicas, y al interior de esa organización hay mucho malestar entre algunos rectores y vicerrectores administrativos de las otras, por considerar que el modelo de distribución de recursos es injusto.

¿Si entre las propias universidades del SUE hay diferencia en la gestión de recursos, cómo se va a manejar esto con respecto a una unión con la Red TUU?.

Claramente, sea cual sea la estrategia, de por medio se demanda, para el sector de la educación superior, dos acciones imperativas: Una reflexión, fundamentada técnicamente, sobre cuál es el rol de la educación superior pública en el país, cómo deberían articularse sus actores, en qué niveles, cómo compartir recursos y qué se espera de cada uno de ellos; y, segundo, un imperativo cambio en el modelo de asignación de recursos de la Ley 30 de 1992 para que la distribución no siga premiando a unos y castigando a otros, independientemente de su esfuerzo.

Por ahora, el panorama sólo parece vislumbrar, en el corto plazo, una alianza estratégica – política del SUE y la Red TTU, más con la intención de hacer presión mediática y ante las entidades del Estado (como MinHacienda, Mineducación y Planeación Nacional), además del Congreso de la República, para gestionar más recursos.

El punto es que no sabemos, como sistema de educación superior, de cuántos recursos estamos hablando exactamente, y ni siquiera cómo deberían ser distribuidos.

Curiosamente, mientras que por un lado se presiona para el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos del pasado 14 de diciembre, entre gobierno y estudiantes – profesores, que dieron a la universidad pública muchísimos más recursos de la que esta misma esperaba (más de 4 billones, contra 0,5 billones que los rectores inicialmente proyectaban), por otro lado, los rectores de las IES oficiales, a través de la Red TTU, se han especializado en hacer lobby con sus respectivos congresistas para gestionar proyectos de ley que mejore sus condiciones, como los de autonomía plena para éstas, un proyecto de Ser Pilo Paga para las TyT, la búsqueda de recursos adicionales vía estampillas y, la última, la aparición de un proposición, no muy precisa en la forma como se aplicaría, del senador Richard Aguilar (de Santander), para que en el proyecto de ley de presupuesto 2020 se adicione un artículo que diga que “el Gobierno Nacional al efectuar la asignación de los recursos para la educación superior, lo hará con criterios de equidad entre las Universidades Públicas y las Instituciones de Educación Superior de carácter público”.

Y a todas estas, ¿qué significan “criterios de equidad” en la distribución de recursos en el sistema?