A pocos días de elecciones, aumenta participación de rectores en política

Oct 1/19 Una foto del rector de la acreditada U. de La Costa, Tito Crissien, con los candidatos que respalda para las elecciones, reaviva el debate de si deben o no y hasta dónde participar los rectores en política.

Nos referimos a los rectores de las IES privadas, puesto que los de las públicas tienen el carácter de servidores  públicos y, por ende, tienen una explícita prohibición de hacerlo. Lea: Docentes de IES públicas son servidores públicos, sancionables por participar en política.

En las privadas no existe la taxativa prohibición, pese a que, en 2015, la entonces ministra de Educación, Gina Parody, emitió un concepto en el sentido de que los rectores y directivos de todas las instituciones educativas (incluidas las privadas) no deben participar en política.

Parody afirmó en aquel entonces que “las universidades no son sitios para hacer proselitismo”.  “La gran diferencia entre una universidad pública de calidad y una de no calidad es que en la última se infiltra la politiquería”, dijo la ministra.  Ampliar esta información.

El caso de la privada Universidad de La Costa, se une al de la Universidad de Medellín (lea ¿El futuro de la U. de Medellín depende de qué políticos ganen las elecciones?), y al de muchas otras privadas cuyos casos se conocen, pero poco trascienden a los medios de comunicación.

El caso de Tito Crissien se conoce porque él mismo publicó la foto, en una situación que no es irregular ni ilegal a la luz del ordenamiento jurídico colombiano.

¿Es prudente?

Viene entonces la pregunta sobre si es adecuado que un rector haga estas expresiones de apoyo político, pues no sólo representa un abierto respaldo -como en este caso- sino que también se puede entender como un rechazo a las demás opciones democráticas, incluido el derecho a no votar o sufragar en blanco.

Como ciudadanos, todos los rectores son libres de ejercer su expresión plural, pero en el caso de los rectores surge la duda en razón a su rol como máxima autoridad académica (y muchas veces administrativa) de una institución de educación superior, dedicada al conocimiento, y que trabaja con miles de jóvenes, la mayoría de ellos en edad para ejercer, por primera vez, su derecho al voto.

Otros, en defensa de la acción rectoral, argumentarán la autonomía universitaria (Constitución Política y Ley 30 de 1992), como una forma de alinearse conceptual e ideológicamente con una posición que, a juicio de la misma IES, mejor favorece el acceso al conocimiento, la verdad y lo que considera mejor para una sociedad.

¿Entonces surge la inquietud de qué pasa con estudiantes, profesores y administrativos que discrepan de la posición rectoral?, ¿significa que están en contra de la Universidad porque su rector o directivas piensan diferente?.

Lo que es claro es que, sea cual se la expresión de los rectores, toda IES debe permitir la apertura ideológica y recibir en sus aulas las más diversas posiciones políticas, así ésta -en ejercicio de su autonomía y proyecto educativo- se alinee explícitamente con alguna posición.

Aunque la universidad sea de carácter privado “no es espacio para hacer proselitismo, para estar invitando candidatos de un solo partido, a menos que sean foros como lo hacen otras universidades”, dijo Parody, quien advirtió -en un anunció que pasó desapercibido entonces que, “las universidades no se pueden amparar en la autonomía universitaria para hacer politiquería, ya que sea pública o sea privada, la universidad no es un partido político”.

Otra cosa, más preocupante aún, es si el libre debate de ideas políticas, tiene un trasfondo en familiares y clientela contratada o rechazada, admitida o negada, sólo por su posición política, o los contratos de la IES entran a depender de esto.

Por ahora, mientras pasan las elecciones del próximo 27 de octubre, cabe esperar que salgan a la luz públicas más apoyos de esta naturaleza.