Agrupaciones de estudiantes y profesores se niegan a un diálogo sectorial con el Gobierno

Dic 1/19 Estudiantes en ACREES y UNEES y profesores en ARPUP y ASPU no reconocen diálogo con Mineducación como salida al paro nacional. Insisten que sus peticiones hacen parte del Comité Nacional de Paro.

En entrevista con El Tiempo, Alejandro Palacio, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, y presidente de ACREES -Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES)-, insiste que ese movimiento hace parte del Comité Nacional de Paro (del que también dice participar la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior UNEES) y, por lo mismo, sólo negociarán con el Gobierno si éste se reúne con el Comité.

“Queremos un diálogo del Gobierno con el Comité Nacional del Paro para que podamos resolver las inconformidades y los problemas. No aceptamos diálogo sectorial. Queremos un diálogo nacional en donde participen estudiantes, profesores, ambientalistas, afros, indígenas, trabajadores, los diferentes sectores que se han sumado a este paro, eso es lo que nosotros queremos. Lo que quiere la ciudadanía, y así lo ha expresado en sus marchas. Seguiremos en las calles mientras no haya un diálogo, mientras no haya voluntad por parte del Gobierno de escuchar las peticiones de los ciudadanos. O diálogo o seguiremos en las calles protestando”, dice Palacios.

Vale recordar que ni profesores ni estudiantes asistieron a la reunión de la Conversación Nacional promovida por la Presidencia esta semana. Sólo asistió, por los estudiantes, Julieth Rincón, de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES, organización cercana al Ministerio de Educación, y en confrontación con ACREES y UNEES.

La agenda social y política de los profesores

Por su parte los profesores universitarios de las IES públicas (que no reúnen ni representan a la totalidad de docentes de ese sector) agrupados en ASPU y ARPUP, también dicen hacer parte del Comité Nacional de Paro y ratificar sus exigencias, resumidas en la siguiente declaración de la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales ante los Consejos Superiores y Académicos de las Universidades Públicas), emitieron una declaración tras su reunión del pasado jueves en Popayán.

El siguiente es el texto del comunicado expedido por ARPUP (foto), que tiene en uno de sus representantes al profesor de la UIS, Luis Orlando Aguirre, vocero de los docentes en el CESU:

Luego de dos días de análisis y discernimientos sobre la compleja situación que atraviesa el país, dentro de la cual el problema estructural de la Educación Superior ocupa un espacio importante, los(as) integrantes de ARPUP declaramos ante las comunidades universitarias y de la educación superior en particular y ante la opinión pública y ciudadana en general que:

1. El Paro Nacional, iniciado el jueves 21 de noviembre (21N), se convierte en la máxima expresión de inconformismo del pueblo colombiano frente a una historia de exclusión y desigualdad gestada por las elites gobernantes del país, las cuales responden a grupos de poder económico y político locales que a su vez atienden los mandatos de organismos de la banca multilateral como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y, en los últimos años, a los mandatos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.

2. ARPUP no hará parte de “Conversaciones” aisladas o diálogos separados que fraccionen el Comité Nacional de Paro, en virtud de comprender el alcance político de este espacio que recoge el sentir de todos los colombianos sometidos al influjo nefasto de las políticas neoliberales, posicionadas desde hace más de tres décadas por los diseñadores del statu quo a nivel mundial.

3. El despertar del pueblo latinoamericano es consecuencia natural del abandono y postración al que, fruto de un modelo de institucionalidad extractiva en lo político y en lo económico, le han condenado las clases dirigentes y políticas quienes, desde el ejecutivo y el legislativo, han hecho todo lo posible por aplicar de manera servil las medidas dictadas desde los centros de poder mundial, sin detenerse a revisar los efectos nocivos de la implementación de directrices que no obedecen a las condiciones de libre autodeterminación de los pueblos.

4. Las leyes, decretos, reglamentaciones, planes y programas de los diferentes gobiernos, menoscaban la dignidad humana en materia de salud, educación, trabajo decente, régimen pensional, derechos de los indígenas, reivindicaciones de las negritudes, posicionamiento de las mujeres, derechos y garantías de los niños, de los jóvenes, de los campesinos, de los adultos mayores, de las minorías y de tantos colombianos dejados a su suerte por un Estado indolente que no ha sabido responder a las necesidades y demandas ciudadanas.

5. La pérdida progresiva y acelerada de gobernabilidad del Presidente Duque, se produce como consecuencia directa de su incapacidad de escucha para sintonizarse con las justas reclamaciones del pueblo colombiano y de su actitud obcecada en cuanto a la negativa para dialogar de manera directa con los líderes del Paro nacional iniciado el jueves 21 de noviembre. La soberbia y los egos infundados pueden generar consecuencias indeseables cuando no se está en capacidad de leer la realidad del contexto colombiano.

6. En el caso particular de la Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior, espacio derivado de las movilizaciones de 2018 y de los Acuerdos suscritos en la Casa de Nariño el 14 de diciembre del mismo año, ARPUP declara que se mantiene en la Mesa nacional de diálogo y en las mesas técnicas para velar por la implementación integral de todos y cada uno de los dieciocho puntos acordados, pero hace un llamado vehemente y categórico al gobierno nacional para que honre dicho Acuerdo, en especial dando cumplimiento cabal a los puntos que han sido objeto de claro y abierto incumplimiento como los relacionados con i) Recursos de saldos apropiados y no comprometidos para las IES públicas y Colciencias; ii) Modificación a los artículos 86 y 87 de Ley 30; iii) Formalización de profesores ocasionales y catedráticos en las plantas docentes y; en el marco de las Garantías que hacen parte constitutiva de los Acuerdos iv) La no afectación a los derechos salariales y laborales de los docentes; v) Funcionamiento efectivo del “Comité permanente de Derechos humanos del sector educativo en el ámbito de la protesta social”, toda vez que no se han atendido las violaciones o amenazas a los Derechos humanos de quienes han participado de las movilizaciones pacíficas a lo largo y ancho del país. Se destaca como elemento central de los incumplimientos este último punto dadas las implicaciones para la integridad y la vida de los participantes en la protesta.

7. Se rechaza la postura indigna de algunos Rectores del SUE que han mencionado, a través de distintos medios, un supuesto cumplimiento integral del Gobierno respecto al Acuerdo suscrito el 14 de diciembre de 2018. Resulta reprochable a todas luces esta actitud de los representantes legales de las Universidades públicas señalados, quienes desconocen las conquistas alcanzadas por los estudiantes, profesores y trabajadores, valorando de paso y con enorme ligereza el cumplimiento o no de los dieciocho puntos acordados entre las partes. Inadmisible que los balances de los Acuerdos los realicen quienes en lo fundamental no hicieron parte de la construcción de los mismos y emitan mensajes o comunicados públicos que desconocen la realidad.

8. Como organización en la cual confluyen visiones críticas y plurales del profesorado colombiano, ARPUP persistirá en financiación pública y a cargo del Estado para garantizar acceso a educación superior de calidad en un marco de inclusión y respeto a la autonomía universitaria como expresión de su núcleo esencial.

9. ARPUP rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia y las acciones de fuerza desmedida y abuso de autoridad por parte del ESMAD, con la estela de muerte que ha cobrado la vida de Dylan Cruz, joven vilmente asesinado por este escuadrón, tienen que parar de inmediato. La violación a la ley 1801 de 2016 en su artículo 56, es un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de protección a los DDHH sobre la necesidad perentoria de acabar los mecanismos y estructuras represivas del Estado, que lesionan la esencia del derecho a la protesta.

10. Rechazo absoluto al asesinato de líderes y lideresas sociales, de defensores de derechos humanos y de quienes han luchado por garantías para individuos y grupos sociales que han sido objeto de exclusión en un escenario de injusticia y maltrato institucionalizado agenciado desde las esferas de poder del Estado y su dirigencia. De igual manera deploramos con vehemencia las amenazas a Rectores, estudiantes y profesores, en particular las que se han hecho al Rector de la Universidad del Cauca, Dr. José Luis Diago Franco.

11. Impulso decidido a la reivindicación de los derechos de las mujeres y rechazo unánime a cualquier forma de violencia que en contra de ellas se perpetre por parte de distintos actores, para lo cual impulsamos acciones que superen el estigma cultural de carácter patriarcal que menoscaba su dignidad humana.

12. Alerta permanente respecto a los resultados del trámite de la Ley de financiamiento que actualmente cursa en el Congreso de la República, en particular centrando la atención sobre lo que pueda suceder con las exenciones tributarias a los gastos de representación de los profesores universitarios que ya habían sido incorporadas en dicha norma. Ante la eventual “caída” de la ley, se tendrá que exigir al gobierno la garantía de cumplimiento a este punto del Acuerdo.

13. Los campus universitarios no pueden ser objeto de cierre, al contrario, deben reafirmarse como espacios abiertos y foros permanentes de discusión para la expresión libre de las ideas, en aras de construir participativamente el destino que todos los colombianos anhelamos.

ARPUP ratifica con determinación su firme voluntad de continuar en la defensa de la DIGNIDAD de los docentes universitarios y se declara en compromiso inquebrantable con el actual proceso de movilización ciudadana en defensa de los derechos y garantías del pueblo colombiano.