Agosto 17/22 Siete años lleva parada la investigación del caso. El fiscal investigador fue removido y no quiere entregar el voluminoso proceso, que debe reactivarse para que no prescriba.
Así lo denunció una investigación de Caracol Radio en la que señala que a través de una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Procuraduría busca destrabar el juicio en contra de los directivos de la Fundación Universitaria San Martín por el escándalo de estafa a cientos de estudiantes, caso que estalló en el año 2014, cuando se descubrió que desviaron más de un billón de pesos para no pagar obligaciones.
Resulta que, el fiscal 79 de Bogotá, Enrique Amador Londoño Ortiz, quien llevaba el proceso en contra de exdirectivos de la Fundación Universitaria San Martín, estaría entorpeciendo la administración de justicia.
Llevaba siete años con ese expediente y a la fecha no ha iniciado el juicio, aparentemente por maniobras dilatorias de ese funcionario.
La preparatoria de juicio en contra de exdirectivos de esa universidad está programada para este 19 de agosto ante el juzgado 22 de Conocimiento, pero esa diligencia será aplazada, porque la Seccional Bogotá de la Fiscalía le contestó al Tribunal de Bogotá que el fiscal Enrique Amador Londoño solo hasta el pasado 9 de agosto se comprometió a entregar la oficina y el expediente, pese a que fue removido desde marzo pasado.
La Procuraduría indica que hay preocupación porque se trata de un caso que tiene más de 90.000 documentos y más de mil pruebas y se acerca el tiempo de prescripción.
La tutela pide que se ordene al Fiscal General, Francisco Barbosa, tomar cartas en el asunto, y delegue a un fiscal con designación especial para darle celeridad a este asunto.
La nueva fiscal responsable de la investigación es Gloria Esperanza Caicedo Carrillo (fiscal 79).
Contexto del caso
En 2.014 cuando terminó el primer gobierno de Juan Manuel Santos y empezó el segundo, con la ministra Gina Parody, la crítica situación académica y especialmente financiera de la Fundación Universitaria San Martín no dio largas y llevó al Ministerio de Educación a intervenir. Los incumplimientos laborales de la IES, el no pago de seguridad social, la pérdida de dineros, la operación con registros calificados vencidos y el manejo familiar y cruces de cuentas entre la Fundación y otras empresas comerciales, mostraron un entramado de corrupción del fundador Mariano Enrique Alvear (QEPD) y parte de su familia.
Fue, precisamente, la situación de la San Martín la que motivó a Mineducación a impulsar en el Congreso de la República la Ley 1740 de 2014, de inspección y vigilancia, para que el Estado tuviera dientes a la hora de poder intervenir en casos como estos.
Desde entonces, el Ministerio designó un nuevo cuerpo directivo para la Institución, que ha trabajado por recuperar registros y recuperar estudiantes y normalidad académica, así como una enorme deuda.
Según lo revelado por la Procuraduría, en su petición, es que entre los afectados se hallaron la secretaría de Hacienda del Distrito, el Icetex, exempleados, estudiantes y el propio Ministerio de Educación.
El actual rector de la San Martín es José Fernando Restrepo.
