Argentina pide más recursos a la universidad por recortes de Gobierno de Milei, que pide al sector que se deje auditar

Argentina pide más recursos a la universidad por recortes de Gobierno de Milei, que pide al sector que se deje auditar

 

Mayo 13/26 Argentina enfrenta multitudinarias manifestaciones de universitarios que demandan más recursos del gobierno de Javier Milei. Señalan que lo que reciben es indigno y no satisface estándares básicos. El gobierno por su parte intenta superar la crisis económica y pide que las universidades se dejen auditar en sus finanzas.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público argentino alcanzó un punto crítico en mayo de 2026, tras una multitudinaria Marcha Federal Universitaria.

El conflicto no es solo de dinero se entrega, sino por quién lo controla los recursos. Mientras el gobierno de Milei exige mayores auditorías para controlar el destino de estos fondos, las universidades defienden su autonomía, que les otorga la potestad constitucional de administrar sus recursos sin intervención directa del Poder Ejecutivo.

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El “ahogo” presupuestario

El núcleo del conflicto es la drástica reducción del poder adquisitivo como producto de las transferencias del Estado a las universidades, frente a la inflación acumulada desde 2023. Con una inflación alta, los recursos fijos recibidos no alcanzan para pagar las facturas de servicios, llevando a facultades a declarar la emergencia energética. Algunas consecuencias directas son:

  • Caída Real del Gasto: Para 2026, el presupuesto asignado representa una baja real del 18,4% respecto a 2025 y una pérdida del 42% en comparación con 2023.

  • Mínimos Históricos: La inversión en educación superior cayó al 0,4% del PBI, el nivel más bajo desde 2005 (venía promediando el 0,7%).

  • Crisis Salarial: Los salarios de docentes y no docentes han perdido un 34% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión Milei. Se estima que muchos cargos docentes se encuentran hoy por debajo de la línea de indigencia. En Argentina, dicha “Línea de Indigencia” se define por el costo de la canasta básica alimentaria (solo alimentos). Mientras que para una “familia tipo” (dos adultos y dos niños), dicha canasta se ubica actualmente en torno a los $450.000 – $480.000 pesos argentinos, un docente con dedicación semi-exclusiva (20 horas semanales) o un Auxiliar de Primera con poca antigüedad, percibe hoy salarios netos que oscilan entre los $310.000 y $390.000.

  • Hospitales Universitarios: La ejecución de fondos para centros de salud (como el Hospital de Clínicas de la UBA) es de apenas el 9%, lo que pone en riesgo la formación de profesionales y la atención médica.

  • Deserción Estudiantil: La eliminación o el congelamiento de becas (como las Progresar, que cayeron un 95% en términos reales respecto a 2023) dificulta que los estudiantes de sectores bajos mantengan la cursada.
  • Fuga de Cerebros: Los bajos salarios y el recorte en ciencia y técnica (CONICET) están provocando que investigadores y docentes de alta calificación abandonen el país o se desplacen al sector privado.

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La posición del gobierno Milei

El gobierno sostiene que el superávit fiscal es “innegociable”. Argumenta que cualquier aumento presupuestario sin una fuente de financiamiento explícita atenta contra la estabilidad macroeconómica. El Ejecutivo califica las protestas como “políticas” y “opositoras”, sugiriendo que las universidades son focos de adoctrinamiento y que se resisten a ser auditadas (a pesar de que las universidades sostienen que ya son auditadas por la Auditoría general de la Nación.

Si bien el Congreso de la Nación aprobó, en 2025, una Ley de Financiamiento Universitario que obligaba a actualizar partidas por inflación, el presidente Javier Milei la vetó argumentando que no especificaba de dónde saldría el dinero, y si bien el Congreso ratificó la ley, recientemente la Justicia suspendió su aplicación, dejando la definición final en manos de la Corte Suprema.
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En el país austral existe una Ley de Educación Superior, de 1995, que reconoce la autonomía universitaria, sin intervención del Poder Ejecutivo; que prohíbe el cobro de aranceles para las carreras de grado en universidades públicas; y que señala que el Estado nacional es el responsable de garantizar el sostenimiento económico.
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Diferencia con Colombia
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Debe reconocerse que la universidad pública de Colombia (e incluso el resto de IES oficiales), deben decir que todos los gobiernos, desde la vigencia de la Ley 30 de 1992, han cumplido sus obligaciones fiscales con las IES, y que, adicionalmente, con el actual gobierno de Gustavo Petro, se han incrementado significativamente los aportes y nuevos recursos.
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En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional tiene un peso enorme porque maneja la mayor parte de la bolsa de recursos. En cambio, en Argentina, el Ministerio de Educación es “pequeño” en términos presupuestarios comparado con otros rubros como Seguridad Social o Deuda Pública, y la crisis actual se debe a que ese 4% que recibe la educación nacional no está alcanzando para cubrir la operación básica de las universidades.

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