Feb 17/26 A través de la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D, del expresidente Iván Duque y sus allegados, la exministra de Educación, María Victoria Angulo y su viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez, hacen una radiografía del sistema educativo, con sus oportunidades y riesgos.
Desde la Fundación, autopresentada como “un centro de pensamiento y acción de origen privado, independiente y no–partidista”, personas que se desempeñaron como altos funcionarios del gobierno del presidente Duque, entre 2018 y 2022, presentaron una serie de cartillas o documentos de diagnóstico sobre todos los temas de interés público, como ambiente, economía, salud, ciencia… María Paula Correa, Víctor Muñoz, Emilio Archila y Diego Fernando Hernández Losada (actual rector de la U. Autónoma de Occidente) son algunos de los nombres de quienes se alinean ideológicamente en el extremo opuesto al actual gobierno de Gustavo Petro.
Dichos documentos se llaman “Colombia 2023. Lineamientos Estratégicos para el futuro de Colombia”, y en el capítulo de educación, Angulo y Gómez, presentan -en un estilo similar a lo que pretendió Ascun con su documento a los candidatos presidenciales- un diagnóstico de la estructura del sistema de educación en todos sus niveles, sus principales cifras, retos, riesgos y sugerencia de acciones a seguir.
Claramente el documento refleja la línea técnica – ideológica de Angulo como ministra de Educación, también entre 2018 y 2022, y sin entrar en acusaciones directas, claramente se aprecia que cuestiona decisiones del actual Ministerio, así como inacción en otros temas.
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| María Victoria Angulo y José Maximiliano Gómez |
! Cuidado con la gratuidad en educación superior !
Si bien la gratuidad educativa surgió con el anterior gobierno, a raíz de la pandemia, y cobró más fuerza con el actual, para Angulo y Gómez, “es prioritario retomar con mayor vigor las estrategias dirigidas a la demanda, como programas de becas y de crédito-beca, que en el pasado han sido clave para ampliar el acceso a la educación superior de jóvenes provenientes de sectores vulnerables”.
De esta forma, cuestionan la apuesta del gobierno Petro de quitar oxígeno al Icetex, desconocer la educación superior privada y enfocar todos los esfuerzos en la pública. “Pensar en nuevos esquemas de financiamiento para el sector no puede limitarse únicamente al fortalecimiento de la oferta institucional… La combinación equilibrada de financiamiento a la oferta y a la demanda resulta esencial para garantizar un sistema inclusivo, sostenible y centrado en el derecho efectivo a la educación superior”.
Vale recordar que el gobierno Duque cambió la polémico Ser Pilo Paga, de la administración Santos y lo convirtió en Generación E, que generaba subsidios a universidades públicas y privadas, y que fue desmontado por el actual gobierno.
Si bien el documento reconoce la importancia de la gratuidad, mediante la Ley 2155 de 2021, para reducir barreras de acceso y avanzar en términos de equidad, advierte que “este avance en el actual gobierno puede traer nuevos riesgos fiscales y de diseño institucional si no se toman las medidas adecuadas, por ejemplo, reconocer esta iniciativa como un proyecto de inversión. La reciente decisión del Gobierno Nacional de asignar $2,14 billones anuales como transferencia directa a las universidades públicas representa un cambio sustantivo en el modelo: de un esquema basado en incentivos y matrícula efectiva (donde los recursos «siguen al estudiante») se estaría transitando hacia un gasto de funcionamiento estructural que podría perder su carácter condicionado al desempeño. Si los recursos dejan de estar ligados a resultados concretos, como la expansión de cobertura o la mejora de retención, existe el riesgo de consolidar estructuras ineficientes en algunas IES”.
Además, señalan, “para responder de manera rigurosa y efectiva a las demandas estructurales del sistema de educación superior, cualquier reforma al régimen de financiamiento debe partir de un diagnóstico técnico sólido y de una visión de largo plazo. En el actual gobierno se discutió un proyecto que proponía aumentar los recursos para las instituciones públicas, pero que omitía elementos fundamentales para hacer viable una reforma integral. Entre ellos, destaca la necesidad de reformar los artículos financieros de la Ley 30 de 1992, garantizando mecanismos que aseguren la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto implica avanzar hacia contratos plan o acuerdos bianuales que condicionen la financiación al cumplimiento de objetivos medibles en cobertura, calidad académica, investigación y eficiencia administrativa”.
Aspectos educativos que deben retomarse o reconsiderarse en un nuevo gobierno
El texto lista las cifras y normas que componen el sistema educativo, en todos sus niveles, y en el ámbito de la formación posmedia (educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior) lanza advertencias y propuestas.
Entre las alertas están:
– Hay rezago en las estadísticas oficiales impide una evaluación precisa de políticas y estrategias. Las últimas cifras disponibles son de 2023
– La ausencia de un sistema de evaluación robusto y de indicadores de impacto ha restringido la posibilidad de convertir la inversión en mejoras tangibles. Ni la cobertura neta ni los niveles de aprendizaje han mostrado avances proporcionales al aumento presupuestal, lo cual evidencia una débil articulación entre gasto y resultados.
– Marchitamiento del ICETEX: la reducción operativa ha limitado el acceso a la educación superior financiada para estudiantes de bajos recursos
– El país debe recuperar las apuestas que, en 2019, hizo la Misión Internacional de Sabios.
– No se ha avanzado en la adopción institucional del Marco Nacional de Cualificaciones y, por ende, hay escasa claridad en los procesos de homologación y el limitado reconocimiento efectivo de aprendizajes previos por parte de muchas IES.
– Los autores ven con preocupación la reconfiguración del panorama educativo, especialmente en cuanto a la oferta y públicos, en virtud de la reducción en la tasa de natalidad. “Sostenibilidad institucional: Con menos estudiantes potenciales, muchas IES –en particular las regionales– enfrentarán presiones para mantener su oferta y capacidad instalada, lo cual obliga a diversificar las fuentes de ingreso, modernizar modelos pedagógicos y expandir nuevas audiencias (adultos, trabajadores, comunidades rurales).
– Presión fiscal por acuerdos laborales: los compromisos sindicales asumidos en los últimos años han generado un incremento sostenido en el gasto en salud, salarios, vacaciones y primas del magisterio. Esta presión fiscal reduce los márgenes disponibles para inversión en calidad educativa, innovación o expansión de cobertura, afectando la sostenibilidad del sistema.
– La política pública ha tendido recientemente a desdibujar el modelo mixto, haciendo intervenciones centradas exclusivamente en el fortalecimiento de la oferta pública, sin una estrategia de integración y articulación efectiva con el sector privado. Esta omisión genera desequilibrios sistémicos, reduce el potencial de expansión equitativa y amenaza la sostenibilidad de un número significativo de instituciones que, siendo privadas, operan con vocación social, en regiones apartadas o en áreas críticas del conocimiento.
– Las trayectorias formativas de la ETDH son altamente fragmentadas y la culminación y certificación efectiva siguen siendo bajas, y no existe articulación efectiva con el Marco Nacional de Cualificaciones. La dispersión normativa y la débil gobernanza institucional dificultan la consolidación de trayectorias formativas completas y articuladas.
– El sistema carece de mecanismos robustos para medir el valor agregado en términos de aprendizaje, desarrollo de competencias y desempeño laboral.
– Un aspecto crítico es el modelo de evaluación por pares académicos. Aunque ha contribuido a preservar cierta independencia técnica, enfrenta cuestionamientos recurrentes por la presencia de prácticas clientelistas, conflictos de interés no gestionados y variabilidad en los criterios de evaluación. Estos problemas comprometen la legitimidad y consistencia del proceso y afectan directamente la calidad del juicio académico que sustenta las decisiones del sistema.
– Hay una débil gobernanza institucional, con autonomía tensionada y déficit de rendición de cuentas: además de los conflictos recientes en algunas universidades públicas —como la crisis de gobernabilidad en la Universidad Nacional—, se evidencia una fragilidad estructural en los modelos de dirección académica, con tensiones entre autonomía universitaria, cooptación política y baja capacidad institucional. A esto se suma un déficit sostenido en mecanismos de rendición de cuentas: a pesar de contar con recursos públicos crecientes, muchas instituciones no articulan de forma clara su inversión con resultados en cobertura, permanencia o calidad, ni presentan evidencia sistemática de impacto educativo. Esta opacidad limita la eficacia del gasto, debilita la confianza ciudadana y dificulta la planificación territorial basada en resultados.
Algunas propuestas para la educación superior
– Flexibilización de la oferta: se hace necesario ampliar programas en modalidad virtual y por ciclos propedéuticos, promover la formación a lo largo de la vida y fortalecer las rutas de educación posmedia para jóvenes y adultos en transición laboral.
– Reorientación de perfiles profesionales, dado el envejecimiento de la fuerza laboral, junto con la transformación tecnológica del empleo, lo que demanda ajustes curriculares que prioricen competencias transversales, actualización profesional continua y nuevos esquemas de certificación por competencias.
– Tensiones territoriales y de equidad: el impacto demográfico no es homogéneo. Regiones como Amazonas, Guainía, Chocó o Vaupés mantienen una estructura poblacional joven y con alta natalidad, mientras que Bogotá, Caldas o Boyacá muestran procesos avanzados de envejecimiento. Esto implica una planificación educativa diferenciada por territorio.
– Repensar y consolidar el modelo mixto de educación superior bajo un enfoque de equidad, calidad y corresponsabilidad
– Cada vez hay más consenso en que no puede asumirse la educación superior como única vía legítima. El país debe avanzar hacia un equilibrio entre trayectorias universitarias, programas de corta y mediana duración, incluyendo microcredenciales y formación para el trabajo.
– Fortalecer el sistema de convalidación de títulos extranjeros, dada la creciente oferta de programas internacionales en Colombia.
– Revisar el impacto de la creación de nuevas universidades o sedes para evitar la infrautilización de la infraestructura del sistema. Para ello hay que optimizar primero la capacidad instalada de las IES existentes. Muchas de ellas cuentan con infraestructura, experiencia y oferta académica subutilizadas. La expansión institucional sin criterios claros de pertinencia, sin medios educativos idóneos ni condiciones básicas de calidad, corre el riesgo de reproducir inequidades y comprometer la sostenibilidad académica en lugar de ampliarla efectivamente.
– Retroceso técnico del ICFES: es esencial restablecer su capacidad como órgano nacional de evaluación educativa, asegurando la trazabilidad y la continuidad técnica.
