Normatividad impediría elección de Héctor Parra y cuestiona reelección de Dolly Montoya

Junio 15/21 Profesores en IES oficiales pueden trabajar hasta los 80 años. Pero los rectores no pueden pasar de los 70. Elección de Dolly Montoya también podría verse afectada.

Así lo aclara un concepto del Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Armando López Cortés, del 11 de junio, en respuesta a la consulta hecha por el representante a la Cámara por el departamento de Santander, Fabián Díaz Plata, que preguntó ¿Cuál es la edad de retiro forzoso de los docentes universitarios? ¿Es procedente su reintegro cuando gozan de una pensión de vejez y tienen más de setenta años? ¿Cuál es el régimen de carrera aplicable a los docentes universitarios?

Las preguntas tienen nombre propio: Se trata se identificar si el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS puede elegir o no, pese a que ganó la consulta estamentaria a sus rivales, a Héctor Miguel Parra López, dado que éste ya cumplió los 70 años.

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Según el DAFP, con la expedición de la Ley 1821 de 2016, la edad de retiro forzoso actualmente es a los 70 años y en atención a la disposición del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, los docentes universitarios en servicio activo cumplirán la edad de retiro forzoso a los 80 años.

Si bien se reconoce la autonomía universitaria para que cada institución libremente organice y elija a sus directivas, personal docente y administrativo y se dé y modifique sus estatutos, y los Consejos Superiores puedan hacerlo, se aclara que esto está ajustado a las normas vigentes.

A partir del 30 de diciembre de 2016 entró en vigencia la Ley 1821 de 2016, que modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas de 65 a 70 años, y que una vez cumplidos los 70 años, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

Para la Función Pública un servidor público es toda persona natural que mediante relación de trabajo y bajo continuada dependencia y subordinación ejerce funciones públicas en forma permanente o temporal a una entidad estatal, atribuidas al cargo o la relación laboral y que constan en la Constitución Política, la ley o el reglamento o le son señaladas por autoridad competente. Así mismo, también son servidores públicos los trabajadores oficiales, los de elección popular y período fijo.

Es decir, a juicio de este Departamento Administrativo, se puede deducir que la anterior normativa aplica a los servidores públicos vinculados en las universidades estatales, como es el caso del rector.

Función Pública considera que quienes hayan cumplido la edad de 65 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 (30 de diciembre de 2016) y aún continúen en ejercicio de sus funciones por necesidad del servicio o su retiro no se haya efectuado por algún motivo, no podrán permanecer voluntariamente en sus cargos hasta los 70 años de edad, y la administración deberá proceder a su retiro, de igual forma frente a quienes con posterioridad a la ley en mención, llegaren a la edad de 70 años y se encuentren vinculados al servicio..

Docentes sí podrán laborar hasta los 80 años
Función Pública recuerda que la Ley 344 de 1966 determina:

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“Artículo 19º.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.”

De acuerdo con lo previsto en la norma, los docentes universitarios podrán prestar sus servicios hasta diez (10) años más de cumplirse el retiro forzoso de que tratan las normas que regulan la materia; es decir que, en el marco jurídico actual, los docentes universitarios podrán prestar sus servicios hasta la edad de ochenta (80) años.

En ese sentido, el Legislador contempló una excepción a la regla general de retiro forzoso del servicio al cumplir setenta años (70) contenido en la Ley 1821 de 2016, a favor de los docentes universitarios, en el sentido que estos últimos podrán prestar sus servicios hasta diez años más; es decir, hasta la edad de ochenta (80) años, siempre que se trate de funciones relacionadas con la docencia.

A propósito de la docencia, y conforme la interpretación que Función Pública hace de lo definido por el Consejo de Estado, se colige que los docentes universitarios son aquellos que ingresan al servicio público por concurso de méritos y cuya vinculación está reglamentada por el régimen especial previsto para empleados públicos docentes de los entes universitarios de todos los niveles; consolidándose así una marcada diferencia con los docentes de hora cátedra u ocasionales, que no son considerados empleados públicos ni trabajadores oficiales, y para quienes es improcedente la aplicación de normativa dirigida a empleados públicos, como lo es el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.

¿Y los rectores?

Según el artículo 66 de la Ley 30 de 1992, “el rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el consejo superior universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos”.

Los rectores de universidades estatales u oficiales son servidores públicos, ya que cumplen con lo consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política, así, su régimen salarial y prestacional está determinado por las disposiciones que versen sobre sobre ello.

Héctor Parra no podrá ser rector nuevamente

Esto pasa si el Consejo Superior de la UFPS acoge la interpretación de Función Pública, que recuerda que el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, establece:

Reintegro al servicio de pensionados. La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de: 1. Presidente de la República. 2. Ministro del despacho o Director de Departamento Administrativo. 3. Superintendente. 4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo. 5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas 6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera. 7. Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores. 8. Consejero o asesor. 9. Elección popular. 10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno Nacional, siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso.

PARÁGRAFO. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de: 1. Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica. 2. Subdirector de Departamento Administrativo. 3. Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías. 4. Subdirector o Subgerente de establecimiento público. 5. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del orden nacional o territorial. 6. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los entes universitarios autónomos.

En el caso del único aspirante a la rectoría de la Univeridad Francisco de Paula Santander, Héctor Miguel Parra López, quien ya cumplió los 70 años, y según la interpretación de la Función Pública, NO podría ser elegido nuevamente rector por su edad y porque la actividad de rector no hace parte de los cargos exceptuados por la norma para permitir seguir  hasta los 80 años.

“Un ex docente universitario retirado con derecho a pensión de vejez y mayor de 70 años no puede reintegrarse para asumir dicho empleo”, dice taxativamente el concepto de la Función Pública.

Parra sí podría, en cambio, ejercer docencia hasta los 80 años, y por eso la UFPS decidió que el cargo de rector es de carácter docente y no administrativo, pero ese ajuste estatutario que hizo esa Universidad puede estar violando la ley.

“Las normas que se desconocerían si se procede a reintegrar a un ex empleado que goza de la pensión de vejez y/o tiene 70 años de edad o más, son: artículo 128 de la Constitución Política, artículo 19 de la Ley 4 de 1992, artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, y todas aquellas concordantes”, concluye Función Pública.

¿Y Dolly Montoya?

El concepto de Función Pública también aplica para la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, quien es profesora de esa institución, pero ocupa el cargo de rectora desde 2.018.

El pasado mes de mayo inició su segundo periodo rectoral (no como docente), luego de haber sido re-elegida por el Consejo Superior.

Cuando fue elegida por primera vez, en 2.018, tenía 69 años y la norma la cubría, pero cuando se eligió por segunda vez tenía 72 años (nació el 26 de mayo de 1948), con lo que también habría podido caer en el incumplimiento de las normas señaladas por Función Pública. A diferencia de Parra, Montoya no se ha pensionado.

Montoya se postuló y realizó campaña para su nueva elección como rectora habiendo superado los 70 años de edad.

A Montoya tampoco le valdría la excepción de la Ley 344 de 1996, que beneficia al personal docente, pues el cargo de rector es administrativo y no propiamente docente.

Esta denuncia fue hecha por algunos críticas de Montoya antes de la elección, y ésta señaló a El Observatorio que se iba a pronunciar al respecto con su equipo jurídico, mas no lo ha hecho públicamente, y el tema ha permanecido en silencio.

Las críticas preguntaban si, con la reelección de Montoya el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia estaba o no cometiendo la conducta punible de prevaricato por acción, (artículo 413 del Código Penal).

 

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