Feb 25/25 En su ejercicio de control de constitucionalidad, la Corte Constitucional duda de la efectividad de crear un decreto de conmoción interior para construir sedes educativas en el Catatumbo.
Esto en virtud del Decreto 0155 de 2025 que busca, en palabras del ministro José Daniel Rojas Medellín, “poner rápidamente estructuras modulares para que inicie la oferta de educación superior en el Catatumbo. Gratuita y de calidad”, señaló. Según la norma “el sistema educativo colombiano, al ser afectado por el conflicto armado interno y la acción de estructuras armadas organizadas al margen de la ley que hieren seriamente el bienestar de las comunidades educativas, necesita la adopción de medidas desde un enfoque integral capaz de enfrentar estos desafíos, abordando acciones de distinta índole para garantizar el derecho a la educación”.
Por conmoción interior, se construirán estructuras modulares para educación superior en el Catatumbo
No obstante esta explicación del ministro, para la magistrada Cristina Pardo no es clara la justificación.
Pardo pregunta al ministro Rojas sobre la necesidad del decreto en el marco de la situación de violencia en la región.
Con ello, la Corte Constitucional recoge, de alguna manera, las dudas que el sector universitario ha tenido sobre la legalidad y operación de la anunciada Universidad del Catatumbo.
“¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?, ¿cómo la construcción de una sede de educación superior puede hacer frente a una ola de violencia?, ¿acaso este no es un problema estructural?”, pregunta la Corte Constitucional.
Asimismo, se pregunta el alto tribunal cómo la habilitación establecida en el decreto no requiere de un término de vigencia más prolongado (de los 90 días inicialmente contemplados) para ejecutarse?.
También, ¿cómo operaría la viabilización y financiación de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura física y digital de carácter público en el nivel de educación superior, en dichos municipios?
La Corte pidió los estudios y diagnósticos específicos que sirvieron de soporte para adoptar la medida, así como el impacto socioeconómico de la medida, la estimación de los cupos educativos en la región del Catatumbo, si se proyectó el monto de los recursos requeridos y quién estaría a cargo de la administración de los recursos, entre otras preguntas.
La comunicación de la Corte también pide convocar el concepto del CESU y del CONACES, así como a las universidades Francisco de Paula Santander, Libre (Cúcuta), Universidad de Santander, Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y las facultades de derecho del Rosario, Los Andes, La Sabana, la Javeriana y la Sergio Arboleda.
Vale recordar que, según la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional debe revisar la legalidad de los decretos y según su concepto estos pueden tener, o no, vida jurídica.
