Feb 26/25 Tras la larga discusión jurídica que finalmente lo validó como rector, el general (r) Javier Alberto Ayala Amaya cumplió un año en el cargo, pero no logra articular con la comunidad y empieza a sumar distintas reclamaciones de ésta.
Lenta gestión en las reformas estructurales que pide la universidad, incertidumbre sobre los procesos de recategorización docente, posible ilegalidad en la contratación de docentes por prestación de servicios y un no claro exagerado pago en el proceso de vinculación de nuevos docentes quitan color a su gestión, tras las quejas y denuncias de los representantes de docentes y estudiantes de los diversos consejos, comités y comisiones de la Universidad Militar Nueva Granada UMNG.
Retraso para sacar adelante reformas claves
A juicio del Comité de Representantes de esa Universidad, “el balance de reformas normativas en el 2024 es deficiente”, y en ello demandan la acción no solo de la rectoría sino también del Consejo Superior.
Consideran que la Universidad no se ha modernizado normativamente, y que tiene en veremos trabajar las reformas del Estatuto General, el Proyecto Educativo Institucional, el Estatuto Profesoral (que viene pendiente desde las últimas cinco rectorías), el Reglamento del Personal y de la Carrera Administrativa, y el Reglamento del Consejo Superior Universitario.
Decisiones con impacto laboral
Si bien, en diciembre pasado la Universidad realizó la recategorización de 659 empleos administrativos, al mismo tiempo se excluyeron 100 cargos que se encontraban en proceso de concurso de méritos, los cuales no fueron incluidos en la nivelación.
Asimismo, se cuestiona el por qué la Universidad suspendió las actividades del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP) -desde hace dos años- sin que haya una decisión ahora, con lo que “muchos profesores de carrera antiguos se vieron afectados, ya que no pudieron hacer efectivas sus expectativas de ascenso en el escalafón, reconocimiento de sus nuevos títulos de formación y reconocimiento salarial de su productividad”… pese a que “los estados financieros demuestran un alto y sostenido balance de superávit en la última década”.
Al hecho se suma la molestia porque “a los profesores de hora cátedra se les terminó su relación laboral el 30 de noviembre de 2024. Sin embargo, sólo después de la tercera semana de enero de 2025 se les pagaron sus prestaciones sociales, casi dos meses después”.
¿Detrimento patrimonial?
Los representantes cuestionan el dinero que pagó la Universidad Militar a la Universidad Nacional de Colombia, de $2.270.310.000, para realizar el concurso de méritos para proveer 100 cargos, pues el mismo terminó con la aprobación de solo 17 personas y otras 7 que quedaron en lista de elegibles.
Según la denuncia de los representantes, “las convocatorias de profesores de carrera en el 2024 se surtieron únicamente en el primer semestre. De 60 cupos de tiempo completo, se tiene información que se aprobaron y posesionaron 26 plazas de tiempo completo y dos (2) medio tiempo. 28 plazas aprobadas: menos de la mitad, lo que no justifica el notable esfuerzo realizado con los resultados obtenidos. En el segundo semestre no se adelantó proceso alguno de convocatoria, por lo que se perdió la oportunidad de completar 32 nuevas plazas de planta en el 2024. A diferencia de la convocatoria de funcionarios administrativos de planta, la convocatoria de profesores de carrera no contó con recursos presupuestales adicionales, ni contratación externa”.
contrato de prestación de servicios DIVCAD-CPS-05-2024 celebrado entre la UMNG y la Universidad Nacional de Colombia, que fue suministrada amablemente por la Vicerrectoría Administrativa, en su cláusula cuarta contempla un valor por $4.086.558.000. Sin embargo, dicho valor se materializaría si se inscribieran más de 7.000 personas a los concursos de méritos. En la ejecución del contrato se inscribieron aproximadamente 700 personas para concursar a 100 cargos. El contrato contemplaba un rango de valores que le permitía ser ajustado en la cuantía, por lo que el contrato finalmente tuvo un valor de
Ilegalidad en el pago de docencia de extensión
Los representantes hablan de “un eventual incumplimiento en las obligaciones legales de no contratar profesores para que ejerzan actividades docentes bajo la modalidad de prestación de servicios u honorarios, cuando se llegase a configurar una relación laboral”, dado que está confirmado que esa Universidad tiene a profesores vinculados mediante prestación de servicios u honorarios, en espacios académicos como los de Extensión y Proyección Social, Formación en cursos de idiomas, Cursos intersemestrales en pregrados, Docencia en programas de posgrados, entre otros.
Como reiteradamente ha informado este medio, con base en la normativa vigente, ninguna clase de docencia en educación superior puede ser remunerada por orden de prestación de servicios, y debe estar configurada bajo un contrato laboral.
