De la autonomía a la disautonomía universitaria: Carlos M. Lopera – julio/21

Carlos Mario Lopera, director de El Observatorio, muestra cómo muchas actitudes de IES y rectores se asemejan a la enfermedad de la disautonomía, y que la amenaza a la autonomía universitaria a veces no está en las intervenciones externas sino en la propia incoherencia interna de las IES y sus directivos.

El principal argumento de quienes, en la universidad colombiana, buscan justificar las acciones propias, diferentes, divergentes y hasta las que están al borde del precipicio normativo, es que estas se fundamentan en la Autonomía Universitaria y en su consagración constitucional. El mensaje reiterado es que la Universidad, fincada en el conocimiento y en la búsqueda de la verdad, es libre de adoptar los caminos que mejor considere para ello, así estos sean innovadores y diferentes.

Todo parece, mágicamente, explicado y justificado a la luz de la Ley 30 que reconoce “el derecho -de las universidades- a darse y modificar sus estatutos, a designar sus autoridades académicas y administrativas, a crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, a definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, a otorgar los títulos correspondientes, a seleccionar a sus profesores, a admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y a establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

Por ello, cuando un rector, consejo superior, académico o directivo consideran que sus acciones se ven cuestionadas por externos, tienden a decir que son víctimas de constreñimiento de su autonomía universitaria. Si hay interpretaciones que no gusten sobre la Universidad por parte de la Rama Ejecutiva (a través de Mineducación, especialmente), la Rama Legislativa (por ejemplo, mediante el impulso de proyectos de ley en el Congreso de la República), la Rama Judicial (con fallos sobre la manera como deben ejercerse los derechos constitucionales), o del mal llamado Cuarto Poder (que hoy día sería la web y las redes sociales, que critican públicamente una conducta o decisión universitaria), los directivos tienen a decir que se les está desconociendo dicha autonomía universitaria, que se están conculcando los derechos de la comunidad académica y que se están violando aspectos como, por ejemplo, la libertad de expresión.

Hablar y defender la autonomía universitaria se ha convertido en un cliché en muchos de los actores del sistema, más para justificar el statu quo y sus beneficios que para avanzar y atreverse a generar cambios positivos para el sistema. Usar este argumento es fácil para los universitarios. La opinión pública le “cree” a los rectores y académicos y cuestionarlos se ve como una osadía. Por ello “venden” tanto, a nivel de medios, las cartas públicas de rectores, profesores o intelectuales sobre temas polémicos para el país (glifosato, aborto, paro nacional, reforma a la justicia…).

Pero intentar reducir las diferencias, fisuras o cuestionamientos sobre la academia, su gestión y su futuro a una posición de supuesta violación de la autonomía universitaria es una visión simplista de lo que pasa realmente en nuestro “sistema”.

Porque existe un escenario que va más allá de la disyuntiva entre autonomía universitaria (propia) y violación (a veces supuesta) de ésta por parte de entes externos, y es el que tiene que ver con el ejercicio indebido (a veces de forma inocente), la errónea interpretación y práctica de la autonomía de parte de la propia Universidad. Esto pasa, y muchas veces, cuando pese a su discurso y defensa de la autonomía, la propia Universidad limita su propia capacidad de desarrollar libremente y de la mejor manera sus acciones, pensamientos y proyecto educativo, se contradice en sus ideas, y se ve atrapada en sus propias expresiones autónomas, incoherentes y absurdas decisiones directivas.

Este tercer escenario podría identificarse como “Disautonomía Universitaria”, que, en sus síntomas, se parece a la enfermedad que sufre el sistema nervioso autónomo del organismo humano cuando, por momentos, pierde el control de su autonomía, sus funciones y sus respuestas voluntarias a las reacciones externas.

La disautonomía se presenta en organismos que tienen problemas para que todos sus componentes actúen y articulen como un sistema (bien puede asimilarse aquí el término sistema al de educación superior, al del SUE, al de la mayoría de asociaciones de IES y al de las propias universidades, entre otros actores del sector), y que, sin explicación alguna, de un momento a otro presentan cambios súbitos de temperatura, reacciones no medidas por estrés, mareos, visión nublada, pérdida de fuerzas, de conocimiento y, a veces, reacciones al estilo de epilepsia y de trastornos neuróticos. Esta disautonomía tiene innumerables síntomas, de difícil rastreo, pues aparecen y desaparecen sin control alguno.

Similar situación se presenta en la universidad colombiana. Muchas de las declaraciones y comunicados de directivos y actores, así como de decisiones de consejos superiores, son una expresión de disautonomía. Como el Chavo “sin querer, queriendo”, las IES terminan atrapadas en sus propios discursos y en reacciones tardías, inmovilizadas en una pugna de poderes, y en unos protocolos que poco sirven para hacer avanzar al sistema.

En términos sencillos, mientras que la autonomía es el derecho inherente de la Universidad a expresar libremente su potencialidad para crecer y desarrollar su proyecto formativo, la disautonomía es la expresión de la misma Universidad para realizar acciones que favorezcan intereses particulares y no colegiados, que lleven a la institución a contradecir sus principios, y decrecer.

Ejemplos de las múltiples expresiones de disautonomía de la universidad colombiana:

  • Consejos superiores que, alegando su autonomía, violan la ley, juegan a la distribución de cuotas, paralizan la vida universitaria a partir de recusaciones y demandas, eligen consejeros que escasamente conocen de gestión educativa, o se arrodillan ante cierto gobernador o rector de turno, sin el debido racionamiento propio de la academia.
  • Un Ministerio de Educación que, bajo el argumento de respetar la autonomía universitaria, permite que frente a sus narices se comentan decenas de atropellos, interviene tardíamente, o se deja influir por dos o tres directivos, políticos o lobistas para expedir decretos y resoluciones.
  • Rectores que frente a sus comunidades critican al Gobierno de turno y la ministra, pero delante de ella son perros falderos, miedosos de que ésta les quite recursos o les envíe una visita de inspección y vigilancia; incapaces de sostener una posición crítica frente a políticas públicas, y solo actuantes cuando éstas cobran vida y ya puede ser muy tarde.
  • Consejos académicos débiles para hacer cumplir sus propios reglamentos, amedrantados por grupos de presión docente y estudiantil; que acceden a los chantajes de la protesta, sin mediar el real debate, ejemplo, sanción, correción y disciplina esperada .
  • IES, asociaciones y directivos que hablan de trabajo en equipo, cooperación, sinergias e integración, pero que casi nunca (por no decir nunca), son capaces de sentarse a reflexionar y asumir una posición colectiva, como sistema.
  • Planes, programas y proyectos de las instituciones condicionados al capricho e interés único de una persona, familia o grupo de poder, y no de la comunidad académica.
  • Organizaciones e IES mendicantes de recursos, pero con el grifo abierto para favorecer contratos a amigos de los rectores, inversiones poco estudiadas, sostenimiento en nómina de vacas sagradas y pesos muertos y costosos errores de planeación financiera, académica y tecnológica.

Es decir, lo más preocupante de la supervivencia del sistema universitario colombiano (en sus diversas expresiones), no es que las amenazas externas lo debiliten, sino que sean las propias IES y sus directivos los que lo destruyan.

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