Abril/25 Younes y Torres, profesores de la Universidad Nacional de Colombia cuestionan, en el periódico de esa IES, el distractor anuncio del gobierno, carente de recursos para su cumplimiento.
Generar trabajos en condiciones dignas y justas es sin lugar a dudas uno de los grandes retos de las sociedades modernas. En el caso particular de las instituciones de educación superior (IES) en Colombia, el Gobierno nacional acaba de hacer una gran apuesta con la firma del Decreto 391 de 2025, que busca la formalización laboral de docentes ocasionales, catedráticos y administrativos en las IES.
Sin embargo hay dos realidades que enfrenta este decreto y que lo pueden convertir en un nuevo punto de conflicto para el Gobierno. La primera es que sin el apoyo financiero gubernamental no será posible implementarlo. La segunda, que así existieran los recursos, el ingreso a la carrera docente se hará por concurso público de méritos, como lo exige la Constitución, lo que puede hacer que muchos docentes temporales que esperan estabilidad laboral no accedan a la carrera docente al tener que competir académicamente con candidatos de cualquier lugar del mundo con mejores hojas de vida.
Las universidades públicas cargan déficits presupuestales derivados de los costos de funcionamiento, los cuales crecen más rápidamente que las asignaciones presupuestales realizadas por los gobiernos de turno: Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) vs. Índice de Precios al Consumidor (IPC). A modo de ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que tiene una de las finanzas más sanas del Sistema Universitario Estatal, carga un histórico déficit en la nómina a lo largo de la última década.
Sin embargo, la situación de la UNAL no es la misma de las otras universidades estatales, algunas de las cuales incluso deben realizar préstamos bancarios para poder pagar la nómina. La más reciente y polémica situación es la que se ha vivido en la Universidad de Antioquia.
El Decreto deja el peso económico de las contrataciones en las mismas universidades, mencionando como fuentes de financiamiento los recursos a la base presupuestal de funcionamiento adicionales al IPC asignados por los gobiernos nacionales en los últimos años. Los que se incorporen por la reforma a la Ley 30 (lo que es apenas una simple expectativa) y finalmente los aportes dados por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Es decir, el Gobierno debe realizar aportes adicionales para poder llevar a buen término lo que se describe en el Decreto.
El peso de la nómina en las universidades es enorme, y una proyección presentada este año (2025) por la Vicerrectoría General de la UNAL muestra que para mejorar las condiciones laborales de alrededor de 600 docentes ocasionales se requieren presupuestos que oscilan entre $51.907 millones anuales; para contratar horas cátedra, hasta $108.140 millones de pesos anuales para contratar tiempos completo. Para el caso de los cargos administrativos se requieren alrededor de $118.424 millones de pesos anuales.
Estas cifras están totalmente por fuera de las capacidades actuales en la UNAL, y podemos decir lo mismo para las demás IES en Colombia.
La Constitución colombiana exige que el ingreso a la carrera docente se haga por méritos. A lo largo de las últimas décadas Colombia ha hecho una fuerte inversión en el programa de formación doctoral tanto en el país como en el extranjero; muchos de estos doctores están en el exterior y verían con muy buenos ojos retornar en condiciones tan interesantes como la de una posición docente. Esto haría que los docentes temporales que ven el Decreto como la esperanza de tener finalmente estabilidad laboral se enfrenten a la realidad de no poder acceder a las posiciones prometidas por el Gobierno.
Sin un claro apoyo financiero del Gobierno nacional esta interesante iniciativa de estabilidad laboral docente puede causar una frustración innecesaria entre la comunidad académica en Colombia y generar tensiones entre los profesores y las propias universidades por un Decreto que al final termina siendo un dulce envenenado.
