Decreto para el sector no define apoyos concretos para IES privadas

Mayo 16/20 Gobierno emitió el Decreto 662, que crea el Fondo Solidario para la Educación, y que en la definición de asignación de recursos NO incluye a las IES privadas.

Incluso, tampoco habla explícitamente de las IES Públicas, aunque sí de la matrícula en éstas. Tampoco refiere apoyos directos a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.

El texto, que hace una radiografía de los impactos del sector educativo con motivo del Coronavirus, define que los recursos del Fondo Solidario para la Educación (art. 3) serán usados para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en los siguientes programas educativos:

1. Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19, creado mediante el artículo 1 del Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, (medidas de urgencia en materia de auxilios para los beneficiarios del Icetex).

2. Línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

3. Línea de crédito educativo para el pago de matrículas de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

4. Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en IES públicas.

HASTA AHÍ LLEGA LA NORMA.

Es decir, el Gobierno apoya al sector con recursos para la demanda a través de créditos, pero no la oferta, y menos aún en las IES privadas.

Eso sí, en los extensos considerandos del decreto (cuyo texto completo se puede ver aquí) el Gobierno hace una detallada descripción de la delicada situación del sector, incluido el privado.

Señala, entre otros, que el Ministerio de Educación Nacional ha recibido 56 comunicaciones de las diferentes asociaciones y redes que integran a las IES y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y la ciudadanía, en las que se ha solicitado apoyo para atender a la comunidad estudiantil.

La dimensión de lo que está pasando

Con cifras desactualizadas, el Gobierno dimensiona la situación.

Según el decreto:

– Con datos SNIES, a corte diciembre de 2018, se encuentran asociadas a las IES cerca de 232.000 plazas docentes y administrativas, que, por la estimada caída de los ingresos de las IES, podrían disminuirse.

– A 2018 había 301 IES (216 privadas y 85 oficiales), con 2.440.367 estudiantes: 2.267.140 en pregrado (1.084.371 en el sector privado -47,8%- y 1.182.769 -52,2%- en el público) y 173.227  en posgrados.

– Que a diciembre de 2019 había 3.863 instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, con sedes en 440 municipios del país, con 531.074 estudiantes (94,1% en el sector privado), y con un 70% de los estratos 1, 2 y 3.

– Que con datos SPADIES 2016, el nivel universitario de la tasa de deserción anual es del 9% y la tasa de deserción de cohorte del 45,1%. Y la tasa en la formación técnica y tecnológica se ubicó en 17,1% y 53,2%, respectivamente.

– Que el 66 % de ingresos de las IES privadas están soportados en matrículas.

– Que a diciembre de 2019 el ICETEX apoyaba con cargo a recursos de su patrimonio, la matrícula de 387.891 estudiantes más 138.038 jóvenes con recursos destinados a los rubros de matrícula y/o sostenimiento de estudiantes en altas condiciones de vulnerabilidad.

– Que el 39 % de los estudiantes de las IES privadas financian sus pagos de matrícula con créditos
educativos otorgados del ICETEX.

– Que en abril de 2020, el 10,4% de la créditos otorgados con recursos propios del ICETEX se encontraban en mora, situación que representa un aumento del 39,3% con relación al mismo mes del 2019.

– Que, a corte 2016 según SPADIES-, la deserción en las Instituciones de Educación Superior privadas se
encuentra en la actualidad en 9,3% anual y 43,6% por cohorte.

Estado debe priorizar educación pública

El decreto argumenta la expedición de la norma en el reconocimiento constitucional de la educación como un derecho y un servicio público. Recuerda que la Corte Constitucional, Sentencia T-743 del 23 de octubre de 2013, expresó que “… el artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los  ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales.

También, que la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-624 del 25 de agosto de 1999, expuso que “[… ] cuando la crisis económica del país afecte a dichos sectores (sectores sociales que optaron por educación privada), el Estado debe ampliar la educación pública dotando de recursos suficientes y progresivamente superiores, y, colateralmente otorgar recursos que viabilicen créditos para la educación privada y agilicen su otorgamiento. En otras palabras, emplear todas las herramientas posibles para que haya soluciones definitivas”.

Por ahora, las IES privadas deberán confiar en que, aunque no haya quedado explícito en el decreto, los anuncios de la ministra Angulo y el viceministro Pérez, de apoyar , aunque esto se base fundamentalmente en créditos flexibles, pero no responda a la totalidad de peticiones del sector.

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